Un policía corrobora que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa

Un inspector de la UDEF, la unidad contra el blanqueo de capitales de la Policía, ha corroborado esta mañana que Garzón les ordenó “prevenir el derecho de defensa” de los implicados en la trama Gürtel y que esa debía ser la “cláusula” por la que debían seguirse las instrucciones del magistrado de la Audiencia Nacional. El testigo, propuesto por la acusación y la defensa de Garzón,corroboró extensamente la versión del juez sobre la necesidad de establecer las escuchas para impedir que el blanqueo siguiera consumándose a través de los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

Garzón, que se enfrenta a penas de 17 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevariación y violación de garantías constitucionales, ha pasado hoy a un segundo plano y la vista se ha centrado en la esgrima dialéctica de los abogados con los testigos. El presidente, Joaquín Giménez, tuvo que emplearse a fondo, y no sin humor, para evitar preguntas reiterativas o improcedentes.

El inspector de la UDEF confirmó, a preguntas de las acusaciones, que Garzón les había dicho que tenían que prevenir el derecho de defensa. “Cuando recibimos el mandamiento judicial, al leer el texto, decía literalmente ‘previniendo el derecho de defensa’, que a nuestro juicio necesitaba una explicación. Le pedí que me aclarara esa frase y el magistrado me indicó que dispusiera las escuchas, las conversaciones relevantes, que el derecho de defensa lo asumía él a la hora de valorar lo que pudiera afectarlo o no".

El agente de la UDEF afirmó que su grupo preservó la intimidad de los cabecillas de la trama corrupta y que los fragmentos de las grabaciones que afectaban a su privacidad no se aportaron. El resto de las comunicaciones, “lo que a nuestro juicio tenía que ver con el objeto de lo que se estaba investigando” era lo que se enviaba al juzgado.

Las grabaciones quedaban registradas en el disco duro del sistema Maratón, el utilizado por Instituciones Penitenciarias, del que se extraían copias externas. Se seguía el sistema de las grabaciones telefónicas convencionales, y no se controlaba si quienes acudían a los locutorios eran o no los abogados de los presos. El policía reconoció que es difícil discriminar lo que es privado,“porque en una conversación de dos horas a veces los temas se entrecruzan y hay que incluir giros o expresionespara dar sentido a las frases”.

El policía explicó que durante la fase de intervenciones telefónicas de la Operación Gürtel, la organización llevaba a cabo estrategias para proteger su patrimonio. El testigo citó a los abogados Manuel Delgado yJosé Antonio López Rubal como las personas de las que se servía la red para “proteger al estructura de blanqueo” de la organización, deslocalizando empresas y mediante el cambio de estructuras patrimoniales. También dieron poder a Antoine Sánchez, como testaferro que iba a estar detrás de las personas y las empresas. Durante esa fase, el reporte al juzgado se circunscribía a “información documental, con alguna reunión”.

Tras las detenciones, los policías de la UDEF constataron que la estrategia de blanqueo “seguía en pleno uso” y quienes estaban detrás “eran las mismas personas, los abogados que tenían capacidad de control de establecimiento de las estrategias. Unos daban órdenes y otros las ejecutaban”. Para evitar las maniobras y que el patrimonio de los corruptos se pudiera fuera del alcance de la justicia, trasladaron verbalmente a Garzón la necesidad de adoptar alguna medida que podía ser el control de las comunicaciones de los internos.

El inspector confirmó que no llegaron a “operativizar” ninguna “acción, diligencia o petición concreta con la información obtenida de las grabaciones realizadas.

Previamente declaró el abogado Ignacio Peláez, exfiscal y compañero de Garzón y autor de la querella contra el juez por las escuchas del caso Gürtel, al que el presidente del tribunal, Joaquín Jiménez, también ordenó quitarse la toga antes de testificar.

Peláez reconoció que se entrevistó en la cárcel con Crespo y Correa, pese a que no eran clientes suyos y no pidió el permiso que requiere el reglamento penitenciario. Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, tampoco acreditó haber dispuesto “documentalmente” del volante del Colegio de Abogados que certificara que había sido expresamente llamado a comunicar con esos internos. Peláez justificó su entrevista con los internos de la Gürtel, en que fue a coordinar con ellos la defensa de Ulibarri y “no para blanquear dinero”.

El abogado de Garzón, Francisco Baena, centró buena parte de su interrogatorio en demostrar que Peláez había basado parte de su querella en conversaciones ya expurgadas por Garzón de las grabaciones.

Preguntado si tenía datos objetivos de que se hubiesen utilizado las grabaciones de forma “ilegal”, el letrado respondió: “A mí lo que me preocupa es que no tengo datos. No sé todo lo que se lo que ha oído, no sé todo lo que se ha transcrito. Puede haber elementos incriminatorios que yo he mencionado, quebrantamiento del derecho a la intimidad. Que se me esté escuchando ya me parece grave”.

Respecto a si en la declaración de su cliente ante Garzón se le mencionó algún dato obtenido en las grabaciones, el abogado dijo que el juez ya conocían el informe de la UDEF y “ya tenían las respuestas que mi clienteiba a dar”. En otro momento del interrogatorio, reiteró: “El juez no le preguntó porque conocía las respuestas y era absurdo preguntarle cuando ya sabía lo que le iba a preguntar”.