EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Montoro avanza en un mitin en Málaga que dará oxígeno a las autonomías

Si recortan, tendrán 10 años para pagar los 24.000 millones que deben al Estado

Soraya Sáenz de Santamaría, durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros.
Soraya Sáenz de Santamaría, durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros. CLAUDIO ÁLVAREZ

Estaba llamado a ser el policía malo del Gobierno, pero está empezando a parecerse más a la cara amable, sobre todo frente a las autonomías. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha encargado en los últimos días de matizar o directamente corregir al ministro de Economía, Luis de Guindos, que, preocupado por los mercados —siguen atacando a España sobre todo por el déficit autonómico y rebajan las calificaciones de las deudas regionales a bono basura—, lanzó un mensaje muy duro en Financial Times sobre el control de los excesos de las comunidades. Guindos llegó a decir que habría un control previo de sus presupuestos por parte del Estado. Montoro lo desmintió. Además, les dijo a los consejeros del PP que no va a dejar caer a ninguna autonomía —algunas sufren graves problemas de liquidez—. Y ayer fue aún más lejos.

En un mitin en Andalucía, su comunidad, en la que el PP busca arrebatar el poder al PSOE en marzo, anunció que les va a dar oxígeno: si las autonomías se comprometen a recortar el déficit —es casi seguro que lo harán—, el Gobierno pasará de cinco a diez años el plazo que tendrán para pagar los 24.000 millones que deben a la Administración central por anticipos sobre ingresos previstos que nunca llegaron por el desplome de la recaudación con la crisis.

Las comunidades del PP, lideradas por Galicia, llevan meses pidiendo esa moratoria. Rajoy la defendió en la oposición; tras la victoria electoral lo dejó en un “ya veremos”, y ayer Montoro lo transformó en compromiso formal para “favorecer la liquidez de las comunidades y las Corporaciones para que puedan financiar servicios públicos básicos”.

La vicepresidenta silenció la noticia; el ministro la reservó para Andalucía

Unas horas antes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había dado cuenta de la reunión del Consejo de Ministros y de los planes del Gobierno para resolver los problemas de las autonomías, y no dijo ni una palabra sobre este asunto. La noticia se reservó para un mitin en Málaga, una tierra clave para el PP.

Javier Arenas, hombre fuerte del partido y candidato a las autonómicas andaluzas, es una persona cercana a Rajoy y tiene una gran influencia en el Ejecutivo a través de Montoro y de Fátima Báñez, ministra de Trabajo. Varios dirigentes achacan a ese gran poder de Arenas el hecho de que la posible subida del IVA, que la mayoría da como muy probable, y los recortes más duros, que llegarán con los Presupuestos, se hayan dejado para finales de marzo, después de las elecciones andaluzas. Otros creen que Rajoy está decidido a tomar todo tipo de medidas y que da las andaluzas por ganadas, con lo que no está esperando a que pasen.

El presidente cerrará hoy en Málaga la convención del PP que inauguró ayer Montoro. Será su primer discurso público desde que tomó posesión. Y no los hará en el Parlamento, sino en un mitin en Andalucía, mostrando la importancia política que él le da a las elecciones en la única comunidad que aún domina el PSOE en solitario.

Las comunidades estarán obligadas por ley a fijar un techo de gasto

En cualquier caso, el mensaje de Montoro, unido al compromiso, remarcado por Santamaría en público, de no permitir que un problema de liquidez lleve a ninguna autonomía a la suspensión de pagos, va en la línea de ofrecerles respaldo y oxígeno.

“Tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas de liquidez o tesorería puntuales que puedan tener. Las autonomías también son Estado. El Gobierno va a trabajar por la confianza y la solvencia de nuestro país”, señaló la vicepresidenta.

Pero si esta fue la de cal, también hubo varias de arena. Santamaría anunció que el Consejo de Ministros había estudiado un borrador de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. Es la norma que va a desarrollar la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP en agosto de 2011. Se aprobará en breve, tal vez la próxima semana, después de que se discuta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes. La gran novedad es que las comunidades estarán obligadas por esta ley a equilibrar ingresos y gastos, y además a aprobar en sus Parlamentos un techo de gasto antes de elaborar sus presupuestos, como hace el Estado desde 2002.

Serán ellas las que fijen esa cifra de gasto máximo, y no el Estado, pero fuentes de Hacienda señalan que ahora estarán obligadas por una ley a evitar el déficit. Y eso, creen, hará que cumplan. Para las que no lo hagan, habrá un mecanismo corrector y, en último caso, sanciones, que serán económicas, aunque la vicepresidenta no quiso aclararlas. En la línea de la cal, la vicepresidenta insistió en que las comunidades tienen “amplio margen de decisión” también para elegir cómo reducir organismos y ahorrar.

La próxima semana también podría ir al Consejo de Ministros la reforma laboral, de la que Santamaría no quiso dar tampoco ningún detalle.

La vicepresidenta se defendió de los vídeos que está elaborando el PSOE —el PP ha contratacado con otro—, en los que se ve las decenas de ocasiones en que los dirigentes populares —incluida ella misma, pero sobre todo Rajoy y Montoro— dijeron que las subidas de impuestos solo sirven para destruir empleo y prometieron que los bajarían. “El PP no era ni es partidario de subir impuestos. Nos encontramos con un déficit del 8%. Tomamos decisiones que a nadie le gustan, habríamos tomado otras si el déficit no fuera del 8%”, sentenció.

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