Montoro convoca a las autonomías del PP para acelerar el nuevo plan de choque

Algunas cosas no han variado del todo en La Moncloa con el cambio de Gobierno. El Ejecutivo del PP sigue, como estaba el del PSOE, obsesionado con la prima de riesgo y pendiente casi cada día de la evolución de los mercados. Es la prioridad. Lograr credibilidad, separarse todo lo posible de Italia, que sigue con enormes problemas y la prima de riesgo por encima de 500. La de España mejoró ayer ligeramente, pero sigue cerca de los 400. En ese contexto, parece evidente que el ajuste de 15.000 millones de euros —9.000 en recortes y 6.000 en subidas de impuestos— anunciado hace 15 días no está sirviendo para frenar a los mercados, que tal vez temen que profundice la recesión. Así que el Gobierno va a precipitar la segunda fase de esa estrategia de choque: ahora llega el recorte en las autonomías.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y el hombre elegido por Mariano Rajoy para apretar las tuercas a los presidentes autonómicos, casi todos del PP, necesita ofrecer cuanto antes una nueva señal de ajuste. La mayor parte de la desviación del déficit en 2011 se debe, según reconoció el propio Montoro, a que las comunidades —algunas de ellas en manos del PP desde hace muchos años, como la valenciana y la murciana, otras cambiaron de manos en mayo, como la castellano-manchega— no han cumplido. La desviación de la Administración central sobre el objetivo es mínima.

Por eso el ministro de Hacienda ha decidido precipitar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que el Gobierno negocia con las autonomías su financiación y decisiones estratégicas de recorte de déficit. Será la semana que viene, según anunció ayer Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que recuperó por un día su papel de voz de Rajoy, quien sigue desaparecido ante los micrófonos desde que leyó precipitadamente la lista de su Gobierno el 21 de diciembre.

Antes, Montoro actuará como lo hacía en la oposición: ha convocado para mañana, miércoles, a todos los consejeros de Hacienda del PP —una aplastante mayoría— para buscar una posición unitaria. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho. La última vez que siguieron esta estrategia, todas las autonomías del PP, apoyadas por Rajoy, le pidieron al Gobierno del PSOE una moratoria de 10 años para devolver el dinero que deben a la Administración central —24.000 millones de euros— porque recibieron adelantos sobre una recaudación prevista de impuestos que nunca llegó. Elena Salgado dijo entonces que no era posible esa moratoria. Las autonomías del PP la siguen reclamando, pero no está claro si Montoro, entonces su promotor, lo aceptará ahora.

Al contrario, el ministro de Hacienda, ahora en el papel de policía malo del Gobierno, quiere proponer más recortes a sus autonomías. Muchas ya se están adelantando, como la valenciana, que ha anunciado duros ajustes y subidas del tramo autonómico del IRPF. Esta y otras comunidades que han crecido mucho en población reclaman mejor financiación al Gobierno central y ayuda para sus problemas de liquidez —plantean los llamados hispanobonos, deuda autonómica con respaldo del Estado—. Mientras, Madrid anuncia lo contrario: va a estudiar bajar su tramo del IRPF.

Montoro, cuya mano derecha, Antonio Beteta, fue consejero de Hacienda de Madrid, está obligado a buscar una posición común. El anuncio de ayer de Madrid no sentó bien en el PP ni en el Gobierno, ya que rompe el discurso de que las subidas de impuestos son inevitables. Aun así, Cospedal evitó una crítica directa. Pero además de la unidad de discurso, Hacienda quiere lanzar un mensaje a los mercados de que el Gobierno controla a las autonomías. Ahí llega la propuesta de que el Ejecutivo podría ejercer una especie de autorización previa de los Presupuestos autonómicos.

En cuanto a los recortes, Montoro está concentrado en la desaparición de organismos y entes públicos, sobre todo autonómicos. Cree que ahí hay mucho ahorro posible, aunque también sabe que provocará despidos. En una entrevista en la COPE aseguró que en pocos meses se podrían cerrar 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas. Montoro también es un defensor de las privatizaciones.

“Vamos a establecer techos de crecimiento de gasto y de deuda para todas las comunidades y un sistema de penalización para los que no cumplan”, señaló el ministro como avance de lo que planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro, que en la oposición había criticado una y otra vez las subidas de impuestos y prometió que el PP los bajaría, trató de justificarse al asegurar que estas subidas son temporales y que al final de la legislatura se pagarán menos impuestos que al principio, esto es, que el PP los bajará cuando pueda. De momento, ya han subido el IRPF para 2012 y 2013.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó las subidas: “Queremos trasladar a los ciudadanos que los esfuerzos no serán en vano, tienen un fin: crear empleo, volver a generar riqueza”.