La herencia valenciana

El azar quiso que el juicio del caso Gürtel coincidiese con la afloración de distintas manifestaciones de la crisis de liquidez de las finanzas públicas valencianas. Sobre todo, dos: la no cobertura de una emisión minorista de bonos públicos (1.058 millones invendidos de los 1.800 lanzados) y la reciente operación de garantía del Estado sobre un crédito impagado de 123 millones de euros.

Quizá no se trate de azar, sino de necesidad. Que la valenciana sea la autonomía más endeudada de España (un 19,9% de su PIB) y que sus finanzas hayan ido agravándose se explica solo en parte por el empeoramiento de la coyuntura económica, que alumbra la secuencia según la cual a menos ingresos e igual o mayor gasto se corresponde más déficit.

No. No es ajeno a esta mala gestión (y de las inversiones disparatadas y de las entidades financieras tóxicas cuyas sedes han emigrado) la presunta corrupción que se enjuicia. Porque si un presidente debe dedicar sus esfuerzos, como el dimisionario Francisco Camps, a preparar su defensa, poca energía le queda para aplicar al recto manejo del dinero público.

El problema de tesorería que afronta su sucesor, Alberto Fabra, aunque más grave ( ha provocado impagos a las farmacias y ha estado al borde con los sueldos de los funcionarios), no es de naturaleza distinta al de otros de sus colegas. La diferencia es de grado. Y de rapidez en encararlo. La lentitud se paga cara en finanzas, porque aumenta la bola de nieve de la deuda. Ocurre lo mismo con el exceso de optimismo. Ya es sintomático que el Gobierno de Fabra haya tenido que aumentar sus recortes en 1.000 millones tan solo 10 días después de aprobar sus presupuestos para 2012. Lo que aquí aparece es un caso de fatal herencia presupuestaria, en la que coinciden causante y causahabiente, en una única responsabilidad, la de los conservadores regionales. El Gobierno de Fabra minimizó ayer el alcance de la operación de garantía verbal, arguyendo que era de trámite. La excusa flojea. Si el Gobierno debió acudir en socorro de Fabra por una operación de 123 millones, era porque la Generalitat no podía responder por una deuda tan escasa, porque apenas puede nada.

Ojalá no fuera así, pues la calidad de su gestión y el valor de su deuda —casi bono basura— no estarían en entredicho, para alegría de todos los españoles, garantes internacionales de hecho de cualquier error interno. Por eso conviene instaurar un sistema mancomunado de control (alerta y corrección) de los presupuestos autonómicos similar al europeo, como avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Cuenta con cobertura para ello: una sentencia del Constitucional del 20 de julio pasado, a raíz de un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y otra norma complementaria, avala que el Estado pueda imponer límites al gasto público de todas las Administraciones públicas.