La Generalitat denunciará ante la Unión Europea al Gobierno por falta de pago

Mas llevará ante el juez al Gobierno por no pagar 759 millones previstos en el Estatuto "Les sacaremos los colores donde haga falta", ha avisado el portavoz del ejecutivo catalán

Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán.
Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán.EUROPA PRESS

La Generalitat de Cataluña ha decidido recurrir a los tribunales y denunciar al Gobierno por no pagar los 759 millones de euros derivados de la Disposición Adicional Tercera, de 2008, prevista en el Estatuto. La partida está consignada para compensar el déficit en infraestructuras del Estado en Cataluña pero en la reunión bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado 19 de julio se acordó que se destinaría para cuadrar el déficit. "Es un hecho extraordinario y de los más graves ocurridos en época democrática en la relación entre las dos instituciones", ha señalado muy enojado Francesc Homs, portavoz del ejecutivo catalán, que ha anunciado que de forma paralela denunciará esa "deslealtad" ante las autoridades de la Unión Europea para que conozcan el proceder del Gobierno español. "Esto tiene aire de vendetta contra Cataluña", ha afirmado.

La decisión se ha tomado durante la reunión semanal del ejecutivo catalán, que siente como una afrenta que el Gobierno haya decidido no pagar esos 759 millones al margen ya de los 1.450 correspondientes al fondo de competitividad. Pero este último impago, la Generalitat lo considera mucho más grave porque la vicepresidenta y ministra de Economía Elena Salgado siempre dijo que abonaría esa suma a diferencia del fondo. En total, la Generalitat ha dejado de ingresar en sus arcas unos 2.200 millones de euros que, según sus cálculos, si los tuviera evitaría muchos recortes. "No había pasado una cosa así en 30 años. Emprenderemos esas acciones legales para que el Estado pague a la Generalitat y al pueblo de Cataluña lo que le debe", ha avisado Homs, que ha lamentado que se cuelgue a las comunidades autónomas el "sambenito" de que "no somos serios y malgastamos". "Esto es un problema de incumplimiento de una ley y una deslealtad".

"Les sacaremos los colores donde haga falta", ha avisado el portavoz

Homs ha considerado "intolerable" que Elena Salgado afirmara ayer que el Estado no estaba obligado a pagar esa suma cuando ella misma se comprometió a hacerlo en julio y además en sede parlamentaria. "Esto lo pondremos en conocimiento de Europa. ¿Qué quiere decir que uno cumple los Presupuestos en función de su conveniencia?", se ha preguntado Homs, que ha deplorado la falta de seriedad de un Gobierno que reforma la Constitución para dar tranquilidad a los mercados pero que luego incumple a su antojo sus propias leyes. "No es verdad que no tengan dinero para pagar. Si quieren, lo pueden resolver en cuestión de horas. Es un ataque y nos defenderemos. Quieren traspasar el déficit a quien no lo tiene. Les sacaremos los colores donde haga falta. Saben perfectamente lo que representa para nosotros que nos dejen de pagar los 759 millones".

La situación financiera de la Generalitat es ahora mismo tan delicada que Homs no ha aclarado si los funcionarios podrán cobrar la paga extraordinaria de Navidad en las fechas previstas. Pese a todo, el ejecutivo catalán está dispuesto a acercarse al objetivo de déficit, que se había fijado en un 2,66%, aunque teme que lo acabará superando entre un 0,3% y un 0,4%.  El techo está muy por encima, en cualquier caso, del señalado por el Gobierno de Zapatero, que lo calculó en un 1,3%. Pese al escepticismo ante la suerte que pueda correr la denuncia ante los tribunales, Homs se ha acogido a la firmeza de los argumentos jurídicos que le avalan. "¿Por qué hacen algo así? ¿Acaso no cumplimos? Esas preguntas también nos las hacemos nosotros", ha reconocido el portavoz que ha recordado que todos los partidos catalanes apoyan al Gobierno en la reivindicación de la cantidad.

La mayoría de partidos, salvo el PP, apoya la denuncia

MAIOL ROGER

El Gobierno catalán cuenta con el apoyo mayoritario de los partidos catalanes para denunciar al Ejecutivo central por el impago de 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatuto. Solo el Partido Popular, que ha modificado su estrategia, ha rechazado la denuncia; también lo han hecho, por motivos bien distintos, los partidos del grupo mixto, Solidaritat y Ciutadans.

El Partit dels Socialistes (PSC) ha mostrado un apoyo sin fisuras al Gobierno de Convergència i Unió para denunciar al Ejecutivo socialista por el impago. “Aunque estemos en un Gobierno en funciones, el incumplimiento es manifiesto e inaceptable”, ha defendido el líder parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, que ha concluido: “Es una iniciativa razonable vista la situación extrema a la que se ha llegado”. También mostró total aceptación Anna Simó, portavoz de Esquerra Republicana, que ve en el impago “falta de voluntad política del PSOE”, según palabras de su portavoz . Iniciativa es firme en reclamar el importe pendiente de la Disposición Adicional tercera, aunque avisa al Gobierno que no puede ponerla como excusa: “Nos parece inaceptable que el Ejecutivo insinúe que este conflicto institucional derive en los trabajadores públicos”, ha opinado la portavoz ecosocialista, tras la alerta efectuada por  Homs alusiva a las “tensiones de tesorería” de la Generalitat.

El PP, que hasta hace pocos días celebraba la exigencia del Ejecutivo, ha modificado su opinión. No en vano, será el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy quien deberá lidiar con el litigio, salvo que el Gobierno socialista efectúe finalmente el pago. El portavoz del PP catalán, Enric Millo, ha lamentado la denuncia: “No es la mejor manera de presentarse a un nuevo Gobierno”, ha sostenido el portavoz, quién cree que CiU ha fallado en la reclamación política. Millo ha pedido a CiU que recapacite y ha ofrecido a su partido como mediador ante Rajoy para lograr un nuevo acuerdo.

En el grupo mixto, Albert Rivera ha asegurado que todo es una “coartada” del Gobierno para justificar los recortes y ha recordado dos aspectos de la disposición adicional tercera: el primero, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto da al Estado la última palabra en el pago de esa cláusula; y el segundo, que la disposición sirve exclusivamente para financiar infraestructuras. Para Solidaritat, la denuncia no servirá de nada porque, en palabras del diputado Uriel Bertran, “un tribunal español dará la razón al Gobierno español”.

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