El Gobierno exige a La Rioja que atienda a los pacientes alaveses

La Rioja deberá volver a prestar asistencia sanitaria especializada a los pacientes de las poblaciones limítrofes de Álava. El Ministerio de Sanidad intervino ayer en el conflicto abierto entre las dos comunidades, que en los dos últimos días ha visto cómo crecía la presión sobre el Ejecutivo riojano. Sanidad envió un requerimiento en el que exige a La Rioja dejar sin efecto las instrucciones dadas a principios de septiembre a sus centros sanitarios para que no concedieran visitas al especialista a pacientes nuevos de poblaciones alavesas como Laguardia, Labastida u Oyón. La medida afecta potencialmente a unos 5.000 vecinos y, en estos tres meses, ya se han visto perjudicados al menos medio millar de personas.

“Es el acto administrativo más elevado que podemos hacer”, indicaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Sanidad. La medida, confían, bastará para resolver el problema: “Tienen que obedecer, se están saltando la ley”. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, anunció ayer por la tarde que no va a aceptar la solicitud, que aún no ha sido recibida por su Gobierno. Si fuera así, y aunque existen pocos precedentes de este tipo de desobediencia, el Ministerio tendría un mes de plazo para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

En todo caso, el lunes está prevista una reunión en Logroño entre los consejeros de Sanidad de Euskadi y La Rioja en la que se espera que se firme un preacuerdo que sirva para volver a negociar. En él, fuentes de la Sanidad vasca aseguran que se incluirá la garantía de los riojanos de que mientras dura la negociación, la Rioja Alavesa pueda ser atendida en el hospital de Logroño, como sucedía hasta antes de septiembre.

El escrito, firmado por la ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín (PSOE), y dirigido al consejero de Salud y Servicios Sociales riojano, José Ignacio Nieto (PP), recuerda que los 5.000 ciudadanos de La Rioja Alavesa a los que se les ha cortado la prestación especializada —pueden seguir acudiendo a los servicios de urgencias y se mantienen las visitas de los pacientes antiguos— “tradicionalmente han sido asistidos en las instituciones públicas de Logroño por las dificultades geográficas que para esta población supone el acceso a los centros sanitarios de Vitoria”.

La demanda del Gobierno se apoya, fundamentalmente, en dos ideas. La primera consiste en que ha habido por parte de La Rioja “una ruptura unilateral del pacto tácito consensuado” entre las dos comunidades autónomas afectadas, ya que los enfermos se encontraron con que sus citas con el especialista eran canceladas. Ello supone “una vulneración del principio de lealtad institucional que debe regir los actos y relaciones entre las Administraciones públicas”, que recoge la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

El segundo argumento plantea que, como consecuencia del comportamiento de las autoridades sanitarias riojanas, los pacientes vascos han sido víctimas de “la quiebra del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva”. Los habitantes de la Rioja Alavesa llevan tres meses acudiendo a Vitoria, a una hora de viaje, para una visita al especialista, mientras que en casos como Oyón el Hospital San Pedro de Logroño está a escasos diez minutos. La lejanía, la avanzada edad de muchos de los pacientes y la esperanza de que el conflicto se solucione han hecho que el 25% de las personas a las que se les canceló la cita en Logroño hayan rechazado el traslado a Vitoria.

El ministerio ha optado por tomar cartas en el asunto el mismo día en el que el lehendakari, Patxi López, señalaba que Sanidad podía haber actuado “con más diligencia”. El requerimiento insiste en que las negociaciones —que hasta el momento han fracasado— entre ambas autonomías destinadas a sustituir el pacto tácito por otro escrito sobre la asistencia a los pacientes alaveses “con las eventuales contraprestaciones por parte del País Vasco” exige “un tiempo mínimo de estudio” por parte de esta comunidad. Por lo que conmina a La Rioja a volver a la situación anterior mientras se llega a un pacto definitivo.

Está previsto que el encuentro del lunes entre los gestores de la sanidad vasca y riojana sirva para para volver al punto de partida. La reunión es el resultado de los últimos dos días, en los que las presiones hacia el Gobierno riojano han ido aumentando, tanto desde el Gobierno vasco como desde su propio partido. El jueves fue el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, el que avisó de que está en juego la cohesión nacional y alertó de un posible “efecto dominó” en otras comunidades colindantes (Cantabria, Navarra y Castilla y León) que cuentan con pacientes que acuden a centros sanitarios vascos. Ayer era el lehendakari López el que exigía a Mariano Rajoy que intercediera e incidía en que el PP tiene una “buena oportunidad para dejar claro cuál es su modelo de España: un modelo gestionado por los gobiernos autónomos, pero solidario y cohesionado, o un país troceado por caciques locales”.

Unos 200.000 españoles residen en poblaciones fronterizas cuyos recursos sanitarios más próximos dependen de una administración autonómica distinta a la suya. En estos casos son frecuentes tanto los acuerdos bilaterales entre comunidades para compartir la asistencia de estos vecinos como las quejas por incumplimiento de estos convenios. Más aún a raíz de la crisis económica y los recortes emprendidos por todas las administraciones sanitarias.

El mes pasado, por ejemplo, Cataluña y Aragón acordaron la creación de una comisión que garantice la asistencia sanitaria en las zonas limítrofes y la dote de un marco estable. El anuncio se produjo como consecuencia de las protestas de distintos alcaldes de las comarcas aragonesas de La Ribagorza, la Litera y el Bajo Cinca de atención inadecuada de sus vecinos en Lleida. Alrededor del 10% de los pacientes del hospital Arnau de Vilanova son aragoneses.

Para evitar este tipo de problemas, el consejero vasco, Rafael Bengoa, ha reclamado en varias ocasiones que se aborde esta cuestión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque “no vale hacer pequeños arreglitos [convenios] por todo el país”. La idea sería definir un patrón general de cooperación entre autonomías limítrofes, de forma que se pudiera adaptar a cada uno de los casos concretos, pero siempre dentro de un marco general.

De esta opinión es también José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Salud del Instituto Carlos III y portavoz actual de sanidad del grupo socialista en la Asamblea madrileña. “Una cuestión son los desplazados o las asistencias puntuales de pacientes que acuden a recibir tratamiento a otras autonomías, en cuyo caso sería partidario de una facturación cruzada entre administraciones sanitarias”, comenta. Sin embargo, a su juicio, el caso de las poblaciones limítrofes es diferente: “son poblaciones estables, lo que exige acuerdos también estables entre las autonomías”.

Para Freire, el escenario ideal donde alcanzar pactos sería el Consejo Interterritorial. El problema es que se trata de una institución “mal diseñada y mal organizada”. Lo ideal, añade, sería crear una Agencia del Sistema Nacional de Salud que despojada de carácter político y que se centrara en las cuestiones técnicas, “al estilo del Consejo Nacional de Salud y Bienestar sueco”.