Austeridad con sentido

Los recortes de gasto público, nacionales o autonómicos, están generando protestas sociales de una intensidad desconocida en los últimos 30 años. Los ajustes exigidos para cuadrar las cuentas de Estados y autonomías suscitan inquietud social, porque se consideran como una reducción arbitraria (no pactada) de los derechos básicos y como causa de un probable deterioro (peor educación y sanidad pública) de las economías nacionales y regionales durante los próximos años. Ese es el sentido de la abrumadora huelga de empleados públicos británicos contra los recortes del premier David Cameron; ese es el sentido también de las huelgas de la enseñanza convocadas en toda España, de las acontecidas y por acontecer en Grecia y de la que se amenaza con convocar en Cataluña a raíz de las propuestas de reducción salarial y de empleo público de la Generalitat.

El Gobierno que encabeza la política de ajustes en España es, sin duda, el de la Generalitat, cuya situación de endeudamiento y déficit excesivo obligaba a actuaciones urgentes y drásticas. Los recortes en Sanidad ya han provocado conflictos, pero el ajuste que propone la Generalitat para la Administración (rebaja de los complementos salariales, revisión de las plantillas de interinos, supresión de complementos y Fondo de Acción Social) preludia protestas más graves y continuadas. La inercia de la contracción presupuestaria, obligada desde el momento en que la situación actual de la Administración pública catalana no puede financiarse, desemboca en pérdidas de renta y de derechos. Algo se ha hecho mal cuando no solo los afectados por los ajustes, sino también los ciudadanos rechazan la austeridad propuesta.

El ajuste catalán es solo una maqueta del que tendrá que aplicar el nuevo Gobierno a partir del 23 de diciembre para cumplir con las exigencias de estabilidad pactadas con Europa. Sea cual sea el programa económico que hasta ahora no ha desvelado Mariano Rajoy, una gran parte de su gestión consistirá en diseñar medidas contractivas que acarrearán recortes dolorosos en el gasto público, congelación o recorte de las retribuciones públicas, subidas de impuestos y un descenso drástico de las rentas privadas. Esa es la dirección de la reforma laboral que prepara el triunfador de las elecciones. Desde la perspectiva del PP, una caída salarial rápida es básica para la recuperación de la economía.

Pero la austeridad pública se aplica de varias maneras y no todas dañan de igual manera la médula social del Estado de bienestar. En general, las contracciones fiscales decididas en España desde 2009 se han aplicado siguiendo el criterio único de inmediatez y control del gasto estructural, de forma que han afectado principalmente a inversión, pensiones y salarios públicos. En los ajustes venideros, más difíciles que los habidos, deberían tenerse en cuenta también ciertas prioridades: como la educación y limitar los daños en el sistema público de salud. Hay que evitar el mensaje destructivo de que la solvencia de la deuda se traduce en personas que mueren sin atención en los hospitales públicos.

Para gestionar un periodo de depresión económica, con el agravante de una moneda que se tambalea, el Gobierno necesita de algunas virtudes. No basta con comprometerse con el ajuste del déficit a través de una invocación genérica; ha de explicar cómo se cumplirá ese compromiso. No es suficiente reclamar austeridad a las comunidades autónomas; es obligado detallar cómo se impondrá la disciplina fiscal. Tampoco es recomendable presentarse ante la opinión pública con recortes en la sanidad o en la educación sin haber agotado antes todas las dietas de adelgazamiento de la Administración. Lo anterior sirve para Mas y para Rajoy. Los ciudadanos entienden bien la necesidad de recortar gastos públicos; pero entienden todavía mejor que la tijera debe respetar prioridades.