Economía, democracia y poder

En el año 2005 la iniciativa europea de transparencia lanzaba su Libro Verde, con tres objetivos: la transparencia del lobbying, la lucha contra el fraude y que se implantasen estándares éticos y control de los legisladores. Poco tiempo después, en el Congreso de los Diputados se discutían diferentes iniciativas para avanzar hacia un registro de lobbies, lo que permitiría tener un sistema de incompatibilidades efectivo después del escandaloso paso del señor Taguas de la oficina económica de La Moncloa a Seopan, el grupo de representación y presión de las grandes empresas constructoras del país. Pero dichas iniciativas siempre contaron con el rechazo compartido de PSOE, PP, CiU y PNV. Esos partidos nunca han explicado que la falta de control y transparencia hoy no solo ha supuesto un claro debilitamiento de nuestras estructuras democráticas sino que ha afectado poderosamente a nuestra economía.

Se habla mucho de las debilidades de la economía española: del excesivo déficit público, de los gastos superfluos, de la pretendida rigidez del mercado laboral… Pero si analizamos cada una de esas proclamas, los datos no acompañan lo que se explica.

¿Cuáles son las principales debilidades de nuestra economía? El problema no es la deuda pública (65,2% del PIB, mientras en el resto de la zona euro se llega al 85%), sino el fuerte endeudamiento privado. El problema no es haber invertido de más en el Estado de bienestar (una inversión social que se sitúa en el 74% de la media europea, mientras nuestra renta media está en el 94%), sino el haber sido campeones mundiales, en terminología de Zapatero, en inversiones y en infraestructuras caras e infrautilizadas. El problema de nuestra economía no es la pretendida rigidez del mercado laboral (nuestro mercado laboral arroja cifras que expresan claramente su flexibilidad: somos los segundos de Europa en temporalidad y primeros en precariedad), sino nuestra fuerte dependencia energética. Y dichos problemas tienen mucho que ver con los orígenes de determinadas decisiones y la influencia de tres sectores, el financiero, el de las grandes constructoras y el eléctrico.

La gran debilidad de la economía española para financiarse en el exterior es la excesiva deuda privada, de particulares y empresas, que asciende a un 217% del PIB (47% por encima de la media europea, siendo más de la mitad de esta deuda del sector inmobiliario y de la construcción). El impago de deudas del sector inmobiliario es de 142.000 millones de euros. Y se ha llegado a estos porcentajes porque en los años en que se debía legislar para evitar el sobreendeudamiento hubo quien se negó a regularlo. En los años de crecimiento tampoco se permitió regular las remuneraciones en el sector financiero ni para fijar un límite a los sueldos de los directivos ni para evitar las altas remuneraciones asociadas a prácticas de riesgo. Riesgos que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad, con esa perversa lógica que se aplica de la socialización de las pérdidas precedida siempre por la privatización de las ganancias. Si nunca se avanzó de forma sustancial no es solo por la negativa a regular de la mayoría parlamentaria sino también por la extraordinaria influencia del sector financiero.

La segunda debilidad de nuestra economía no ha sido invertir en exceso en áreas que desarrollaban y ampliaban derechos. En cambio, se ha invertido en enormes infraestructuras infrautilizadas: aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y AVE sin pasajeros. Lo peor es que la previsión es continuar haciéndolo. Vamos a ser el segundo país del planeta en kilómetros de AVE, mientras que en Alemania, con un coste que no llega al tercio del kilómetro construido de AVE, llevan años invirtiendo en trenes que circulan hasta 250 kilómetros por hora, una infraestructura que además de más barata permite compatibilizar transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Hemos construido autovías para que las utilicen menos de 3.000 vehículos al día, con una tasa de rentabilidad negativa todos los días del año (a lo sumo son útiles 10 o 15 días al año). Si esto es así no es por casualidad o por una mayor estupidez de nuestros políticos, sino por el peso de las grandes constructoras en las decisiones que toman nuestros Gobiernos y nuestro legislador. Y como muestra, uno de los últimos botones: en plena crisis se ha conseguido dinero y crédito para ayudar a las concesionarias de aquellas autopistas (las radiales en el entorno de Madrid) por donde no pasan suficientes coches para amortizar las inversiones realizadas, volviendo a la socialización de las pérdidas.

La tercera debilidad es nuestra dependencia energética. Nuestro país es el que más depende energéticamente del exterior en la zona euro, si entre las dependencias contamos el uranio, siendo especialmente vulnerables ante un escenario de subida del precio de los carburantes. Pero las políticas energéticas se basan más en las necesidades de las empresas energéticas que en las necesidades económicas del país. Un ejemplo paradigmático es el debate eléctrico. Se habla del déficit tarifario, en cambio, no se explica que año tras año, por una mala regulación, las eléctricas ganan miles de millones de euros en lo que se conoce como los beneficios caídos del cielo, ya que venden la electricidad generada en instalaciones ya amortizadas (nucleares e hidráulicas) al mismo precio de la tecnología más cara. Pero los diferentes Gobiernos solo hablan de lo que cuestan las renovables, quizás porque hay quien invirtió en ciclos combinados que no funcionan las horas previstas y ahora temen que un mayor impulso de las energías renovables les imposibilite amortizar dichas inversiones. De esta manera pagamos todos, no pudiendo reducir nuestra dependencia energética porque lo prioritario es que las eléctricas amorticen sus inversiones.

He puesto estos tres ejemplos en un contexto, el europeo, en el que quieren que creamos que es necesario tener Gobiernos más tecnocráticos. Lo vemos en el caso de Grecia e Italia: en ambos casos los Gobiernos están formados por exmiembros de compañías como Goldman Sachs, uno de los bancos en que recae parte de la responsabilidad de la crisis. Uno no puede dejar de preguntarse si los antiguos asesores de los pirómanos de la crisis pueden ser sus actuales bomberos. Dudo que los antiguos asesores tomen ahora decisiones contrarias a los intereses de sus antiguos patrones. Pretenden que dichos Gobiernos impongan medidas impopulares, que no busquen el respaldo de las urnas, introduciendo una lógica perversa y alarmante: las decisiones políticas, cuanto menos populares, incluso cuanto menos democráticas, mejores resultarán para la economía. Es otra versión de lo acontecido en la campaña electoral con un PP que ha basado su estrategia en no explicar lo que haría.

Pero los tres ejemplos expuestos, si algo demuestran, es lo contrario: con más transparencia y con mayor independencia, las decisiones defienden más el interés general que el particular. La garantía de que un Gobierno defienda el interés general es que tenga que cumplir y servir a la ciudadanía. Y para que sea posible, lo que necesitamos es más información y mayor independencia, más democracia y no menos, como algunos sibilinamente parecen asumir.

Philip Petit, uno de los filósofos de referencia de Zapatero, decía que el “el Estado tiene el poder, precisamente, para evitar que unos fuertes tomen como súbditos a unos débiles”. Pero la actuación del anterior Gobierno en su política económica se balanceó en una política económica de equilibrios que no ha cambiado la insostenibilidad e ineficiencias de nuestro modelo productivo, siguiendo la estela de otro Petit, Philippe, el funambulista francés que se paseó sobre una cuerda entre las torres gemelas. Lamentablemente, esta manera de gobernar que tiene como última expresión el indulto a un banquero condenado, lo que hizo es desarmar a la izquierda, para que ahora se abra paso una derecha que no lleva ni por asomo en su agenda la mejora del funcionamiento democrático. Hoy, la transparencia, el control e independencia de la política respecto al sector financiero, las grandes constructoras o el sector energético, se ha convertido en una cuestión no solo de supervivencia de la democracia sino en una garantía para la mejora económica del conjunto de la sociedad. Y por mucho que continúe sin estar en la agenda del actual Gobierno, deberíamos conseguir que empiece a estar en la hoja de ruta de la oposición que queda.

Joan Herrera es secretario general de ICV y diputado al Congreso de 2004 a 2010.