Vender humo durante la campaña

Fue una de las pocas sorpresas de la reciente campaña electoral. El candidato del PP, Mariano Rajoy, fumador confeso, manifestó que a él le gustaba más “la primera ley” antitabaco [la de 2005, que permitía dejar espacios con humo en la hostelería]. “Sé que la mayoría de la gente está en contra de esta ley que prohíbe fumar en cualquier sitio”, y que incluso prevé que “no haya [sitio] para fumadores”, dijo quien será el próximo presidente de Gobierno. “Pero yo creo que podemos arbitrar una fórmula sobre una base: al no fumador no se le puede perjudicar, yo en eso estoy total y absolutamente de acuerdo”. Esta idea de “arbitrar una fórmula” fue interpretada —dentro de lo difícil que ha sido hasta ahora aventurar las verdaderas intenciones de Rajoy— como una idea de revisar la ley.

Aquellas declaraciones fuera de programa despertaron la inquietud entre quienes más habían luchado porque saliera adelante la norma, e incluso el escepticismo de los que más se opusieron a ella. La sugerencia —que no promesa— fue considerada más una salida improvisada o, como mucho, una declaración de principios que una propuesta clara de reforma.

Es difícil aclarar qué había detrás de aquellas palabras de Rajoy, aparte de un intento para congraciarse con los sectores que protestaron cuando se aprobó la ley. O un desahogo de una persona que se admite fumadora y a quien puede molestarle que haya cortapisas para darle caladas a los puros que tanto le gustan. En el programa electoral del PP no hay ninguna mención a cambiar la ley. Y las declaraciones pillaron con el paso cambiado incluso a la secretaria de Políticas Sociales y exministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, quien se vio obligada a defender a su jefe sin comprometerse en nada. “Estoy totalmente de acuerdo con Mariano Rajoy: preservar la salud para nosotros es fundamental y no jorobar la vida a la gente”, fue lo más lejos que se atrevió a llegar.

Que Pastor no desmintiera a Rajoy era esperado, pero la coletilla de que se trataba de “no jorobar” a la gente dejó abiertas todas las puertas.

El programa electoral del PP no incluía suavizar la regulación

La propuesta pilló por sorpresa a todos, incluso a los miembros de su propio partido, que en el Congreso habían votado —Rajoy incluido— la norma que entró en vigor el 2 de enero de este año. Durante el debate el PP mantuvo que se indemnizara a los locales que habían hecho obra con la anterior ley, y defendieron que hubiera cubículos para fumadores en cualquier local que quisiera. El martes pasado, ya después de las elecciones, la postura oficial en Génova, sede del PP, seguía siendo remitir a aquellas declaraciones de Rajoy.

Las reacciones a las palabras de Rajoy han sido inmediatas. Y, en su mayoría, contrarias. Los más claros han sido los médicos, para quienes la ley actual, con su salvaguarda casi absoluta de la salud de los no fumadores, es una decisión sobre la que no cabe marcha atrás.

Los sanitarios afirman que el cambio costaría vidas y dinero

“Los ingresos de niños asmáticos han bajado un 15% en el hospital La Paz de Madrid y, en el mismo centro, se espera una reducción de los ingresos por infarto de miocardio (entre 1.400 y 3.000), ya que el corazón se recupera antes que los pulmones del impacto del tabaco”, explica Rodrigo Córdoba, vicepresidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, una organización de asociaciones médicas que ha sido la principal defensora de la ley. “La norma ha dado resultados y la población la ha acogido de buen grado. A excepción de alguna anécdota curiosa, no se ha producido ninguno de los cataclismos que propugnaba el sector de la hostelería”, apunta Francisco Rodríguez, presidente del mismo organismo.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha ido más lejos. “No creo que el futuro presidente vaya a hacer nada. Valoro sus declaraciones en el sentido de que dice que le gustaba más la ley anterior porque esta prohíbe más, pero es que no es cuestión de gustos. De lo que se trata es de ahorrar vidas y problemas de salud y gasto sanitario”, afirma en referencia a las más de 50.000 muertes anuales que se producen en España asociadas al tabaquismo, de las que unas 3.000 se dan en fumadores pasivos, 1.000 de ellas entre trabajadores de la hostelería.

Rodríguez Sendín: “Hay que librar a los niños del humo en los viajes en coche"

“A Rajoy le salió así porque no pertenece al sector sanitario. Lo que está claro es que nadie se identifica con el problema [del cáncer producido por el tabaquismo pasivo] hasta que no lo tiene en la familia”, añade Rodríguez Sendín, quien insiste en que “la gente todavía cree que esto son cuestiones de científicos, y no lo ven como algo que les afecta”. Pero “los objetivos en salud no pueden cambiarse ni por dinero ni por nada”, recalca. “La libertad plena responsable es aquella en la que, con tus decisiones, no atentas contra la libertad y la salud de otros”, insiste el médico.

De hecho, el presidente de la OMC cree que la actual norma es insuficiente, y apunta a un aspecto que ya se debatió en el País Vasco en febrero y que ha sido puesto sobre la mesa recientemente por la Asociación de Médicos británicos. “Nadie se atrevió a regularlo, pero hay que hacer algo con la protección de los niños en los coches. Igual que no está permitido pegar a un niño, el menor que se ve expuesto en un viaje de cuatro horas al humo de los pitillos de sus padres está siendo maltratado”, afirma tajante. “Está claro que no es un daño intencionado, pero de la misma manera que el código de tráfico castiga a quien tira una colilla del coche porque hay que cuidar el medio ambiente, ahí se está produciendo un daño”.

Pero más allá de posibles avances, las declaraciones de Rajoy ni siquiera son tenidas muy en cuenta por Fumadores por la Tolerancia, la organización que más activamente se ha manifestado contra las leyes antitabaco, tanto la actual como la anterior. “Un político en campaña electoral no deja de ser un político en campaña”, dice su portavoz, Javier Blanco, quien admite que este ir y venir de intenciones y declaraciones es “un mareo”. “De todas formas, si de verdad lo piensa, ahora lo va a tener fácil, pero hasta ahora solo Gorka Maneiro, de UPyD, ha sido claro”.

Maneiro, en una intervención en febrero en el parlamento vasco, cuando se debatía la ley antitabaco autonómica, calificó las leyes nacionales y la del Gobierno vasco de “excesivamente restrictivas”. “No respetan la libertad individual de quienes pretenden tener un lugar para fumar”.

Aquellos cinco minutos de discurso pueden ser el resumen de los argumentos de quienes creen que la ley que entró en vigor en enero fue demasiado lejos. Maneiro calificó a los Gobiernos nacional y vasco de hipócritas por permitir la venta de un producto que es perjudicial, y afirmó que para eso lo mejor era que se prohibiera la venta. Calificó al Estado de “autoritario, paternalista e intervencionista”, y destacó algo que hasta las asociaciones médicas que más ferozmente lucharon por endurecer la legislación antitabaco admiten: la ley anterior, menos estricta porque incluía que pudiera haber espacios para fumadores en los locales de hostelería, podía haber servido. “Únicamente faltaba que se cumpliera y se hiciera cumplir, cosa que no se hizo”.

Blanco, que agradece estas manifestaciones, cree que es posible dar marcha atrás en algunos aspectos de la nueva ley. “Por ejemplo, ahora que estoy en un aeropuerto” —dice por teléfono— “agradecería que hubiera un sitio para fumadores digno, con una mesa y sillas donde sentarse a leer el periódico sin molestar a nadie”. Otros temas que él ve dudosos en la actual ley son las limitaciones a fumar al aire libre, “donde no hay riesgo para la salud”. “Es verdad que en los parques infantiles los niños verán fumar a sus padres, y quizá no será el mejor ejemplo, pero deben ser estos quienes los eduquen”, afirma. En la misma línea cree que debería permitirse que hubiera espacios para fumadores en los locales de ocio.

El portavoz de Fumadores por la Tolerancia admite un aspecto que ha sido decisivo para que los consumidores de tabaco hayan perdido el apoyo público sobre el alcance de los límites al tabaco. “Otra cosa es que haya guarros que tiran las colillas al suelo, en la arena de los parques o las dejan en las playas, o quienes fuman sin preguntar si a los demás les molesta, pero eso se soluciona con campañas, no con prohibiciones”, insiste.

Fumadores por la Tolerancia, que ha eliminado de su nombre la palabra club para desligarse de los posibles clubes de fumadores, cree que este tipo de establecimientos no han prosperado como se esperaba. “No tengo datos, pero es verdad que al principio hubo un boom, y que luego se ha apagado mucho. Claro que es que la ley no lo pone nada fácil”, afirma Blanco.

Lo que sí que puede deducirse de las palabras de Rajoy —y de la postura que mantuvo su grupo durante el debate de la ley— es que no parece que vaya a haber una nueva vuelta de tuerca en la ley. Todavía no hay datos concluyentes del impacto de la norma (ha pasado menos de un año desde que entró en vigor), pero a medio plazo se puede suponer por dónde va a ir la evolución. En California, el Estado de EE UU que lidera la lucha contra el tabaquismo, la tasa de fumadores está en el 13%. En España ronda el 30%. En EE UU ya ha bajado del 20%.

Y eso que hay margen para actuar. Australia es el último ejemplo. Ese país ha decretado que las cajetillas pierdan la imagen de marca. Todas, sean del fabricante que sean, tendrán el mismo aspecto: un papel verde-marrón, una foto de los estragos del tabaco, la leyenda correspondiente y, debajo y con una tipografía más pequeña y única, el nombre de la marca y de la variedad. Phillip Morris ya lo ha recurrido.

Son algunas de las ideas que se barajan. Y, aunque parezcan muy nuevas, no lo son tanto. Ya en 1999 la Organización Mundial de la Salud, ante la epidemia de tabaquismo que ya se adivinaba propuso que el tabaco se vendiera en farmacias y con recetas, con el argumento de que se trataba de un producto que solo sirve para paliar el síndrome de abstinencia de los adictos, igual que sucede con la metadona y los consumidores de heroína.

Todo esto, sin embargo, queda muy lejos. A falta de una concreción mayor, no parece que en los próximos cuatro años, al menos, vaya a haber cambios en la regulación del tabaco en España. Y mucho menos para dar marcha atrás a la actual ley. Así que las declaraciones de Rajoy probablemente quedarán como una anécdota, puro humo de un calentón en plena campaña electoral.