La política exterior y gastos fuera del Presupuesto coparon el traspaso de 2004

"El criterio que nos dio Aznar desde el primer minuto fue el de que no se aprobara nada ni se hiciera nada, sobre todo en política exterior, sin que lo supieran nuestros interlocutores del PSOE. Y así lo hicimos". La frase es de Javier Arenas, que recuerda así el mandato que le hizo el entonces presidente del Gobierno popular la misma noche de la derrota electoral del 14 de marzo de 2004 -convocatoria celebrada tres días después de los atentados del 11-M y que dieron la inesperada victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero-. José María Aznar habló con Javier Arenas, que era el vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia, y le encargó que se pusiera en contacto con Zapatero para organizar el traspaso de poderes. Quería que se hiciera rápido, era su obsesión. Una fórmula, explica Arenas, "que funcionó entonces de manera ejemplar, como estoy convencido de que ocurrirá ahora".

Las crónicas de entonces reflejaban el mismo interés de los socialistas por un traspaso rápido que estos días han expresado los populares: "El PSOE confía en que el periodo en que el PP siga gobernando en funciones sea lo más corto posible", decía este periódico el 17 de marzo de 2004. 

Al día siguiente, Arenas llamó inmediatamente a Zapatero, con el que mantenía fluidas relaciones de su etapa de ambos como secretarios generales de los dos partidos, que designó a su número dos, Jesús Caldera, para pilotar el proceso por parte del PSOE. Los trabajos comenzaron dos días después y, según cuentan sus dos protagonistas, fue un intercambio "ejemplar" y "normal". "En un sistema democrático consolidado, como el español, con unas instituciones estables y mecanismos de control, no es necesario que se pongan sobre la mesa grandes secretos, porque no existen", explica Caldera.

La maquinaria de la Administración funciona como un reloj y, por eso, en los últimos días de gobierno, todas las secretarías de estado preparan informes donde explican cómo está la situación. Ocurrió en 2004 y ahora también: ya estaban preparadas antes de las elecciones. En estas carpetas -en 2004 todavía eran solo en papel, aunque hoy día parte de la información se comparte en pen drives- se detalla cómo está la situación de cada departamento: desde cuántas direcciones y subdirecciones existen en cada ministerio, al número de funcionarios, la estructura del departamento y, sobre todo, se explican cuáles son los asuntos más urgentes. Son cuestiones técnicas, porque los asuntos más delicados se tratan en otra reunión, al más alto nivel, entre el presidente saliente y su sucesor. Sucedió entonces entre Aznar y Zapatero y ocurrirá ahora entre Zapatero y Rajoy, probablemente esta semana.

El criterio que nos dio Aznar desde el primer minuto fue el de que no se aprobara nada ni se hiciera nada, sin que lo supieran nuestros interlocutores del PSOE" JAVIER ARENAS

El 17 de marzo de 2004 se celebró aquella primera reunión, que duró hora y media, y fijó un protocolo general de actuaciones. El equipo se completó, por parte del PP, con el entonces secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, y, por parte del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que sucedería a Caldera como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, y María Teresa Fernández de la Vega, que se convertiría en la vicepresidenta del Gobierno.

A partir de ese primer contacto, rememora ahora Arenas, "no se aprobó nada sin consultar al PSOE. Todos los asuntos que fueron al Consejo de Ministros se plasmaron en expedientes que eran entregados al interlocutor del PSOE en cada área". Como ejemplo, recuerda que esos días, en Agricultura, había una cuestión relacionada con la remolacha. "Y tuvimos que llamar al PSOE para localizar a su experto en remolacha", relata. También se acordó someter a revisión previa de los socialistas todos los nombramientos obligatorios hasta el relevo del Gobierno.

En un sistema democrático consolidado, como el español, con unas instituciones estables y mecanismos de control, no es necesario que se pongan sobre la mesa grandes secretos, porque no existen" JESÚS CALDERA

Arenas señala que el asunto especialmente preocupante en las conversaciones de aquel traspaso fue la política exterior, sobre todo en las relaciones con la Unión Europea. De hecho, en público, el PSOE reclamaba que el Gobierno debía consultarle la posición que iba a defender España en los foros internacionales. "Y si surgen discrepancias entre su postura y la nuestra, deberán asumir la del PSOE, que representa hoy la voluntad mayoritaria de los españoles", declaraba por aquellos días Jesús Caldera.

Un encuentro específico, celebrado el 18 de marzo, reunió a los representantes del Ministerio de Exteriores con el PSOE para acordar una posición común ante la Cumbre Europea que iba a celebrarse el 25 y 26 de marzo, cuyo asunto central era el refuerzo de la seguridad tras los atentados del 11-M. 

Caldera es más preciso, la preocupación del PSOE aquellos días era que el Gobierno en funciones no aprobara el relevo de las tropas de Irak, previsto para el mes siguiente. Tenían la firme intención de que la primera medida aprobada por Zapatero fuera el regreso de las tropas, como se habían comprometido en el programa electoral. Y así fue: lo anunció el nuevo ministro de Defensa, José Bono, el 18 de abril de ese año.

"El PSOE se reservaba esta cuestión porque era evidente la posición diferente sobre Irak", asegura Caldera. "Pero entendíamos que, si decidían el relevo, debían consultarnos  porque era un asunto delicado. No hicieron nada y eso nos permitió luego retirarlas". La preocupación de los socialistas, precisa, era en esos momentos que el Gobierno de Aznar considerara que prolongar la estancia de las tropas era una cuestión de trámite administrativo. Porque, mientras está en funciones, la Ley de Gobierno impone que el Ejecutivo solo pueda tomar decisiones ordinarias, de trámite. "Para nosotros era un asunto muy serio, porque se trataba de la presencia en un escenario de guerra", apostilla.

Caldera cita también otra cuestión que resultó polémica y que ocupó buena parte de las conversaciones de traspaso: el Ejecutivo no había computado en los Presupuestos Generales del Estado varios gastos por una diferente interpretación de el cómputo de las cuentas. Después, con la llegada de Pedro Solbes al Ministerio de Economía se modificó la contabilidad y, al asumir esas partidas, se elevó el déficit de 2004 al 1,81. El ministro cifró entonces la cantidad no asumida por el Gobierno anterior en 11.600 millones de euros. Se trataba de la deuda de Renfe, que rondaba los 5.000 millones de euros, la de RTVE, de unos 600 millones, y la de un crédito ICO que se había otorgado a Argentina, de casi 300 millones.

Además había otros dos asuntos que preocupaban enormemente a los socialistas: el trasvase del Ebro, porque pretendían paralizar las obras, y la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, prevista para abril. Caldera explica que en el primer punto el Ejecutivo de Aznar no les hizo caso y, después, los socialistas derogaron la ley, el 19 de junio. Y recuerda que, precisamente esta decisión, les sirvió para contar con el apoyo de Chunta Aragonesista, liderada entonces por José Antonio Labordeta, para la investidura del presidente Zapatero. 

Los magistrados del Tribunal Constitucional fueron relevados con el nuevo Gobierno que, puntualiza Caldera, ofreció al PP un acuerdo para consensuarlos.

Tras los trabajos de intercambio de información, llegó el día clave. El 17 de abril, Zapatero fue investido presidente y dos días después juraron su cargo los ministros. En este momento se produce siempre un encuentro entre el ministro saliente y el que lo releva y tratan algunos asuntos. "Pero es más una charla de cortesía", asegura Caldera. Después, el traspaso de poderes finaliza con una fotografía oficial: en el preciso momento de la entrega de la cartera.