Legitimidad en la urna

Las del domingo son las primeras elecciones que no tendrán lugar bajo la amenaza próxima del terrorismo, una lacra que ha marcado la política española durante decenios. Pero llegan en un momento decisivo por otros motivos: cuando la crisis económica se está transformando en crisis de la política, y ésta en crisis democrática, como demuestran Grecia e Italia. Los políticos se enfrentan a situaciones para las que los expertos económicos les ofrecen recetas contradictorias, y bajo fuertes condicionamientos exteriores que dejan escaso margen para respuestas nacionales. Y con su prestigio bajo mínimos. Es decir, en una situación propensa al desentendimiento de la cosa pública o a la radicalización antisistema.

En España no ha habido protestas violentas como las de Reino Unido o desesperadas como las que han contribuido a agravar la crisis griega. Es fundamental evitarlas en el futuro y para ello lo primero es legitimar con el voto las instituciones democráticas. Apoderar a quienes, desde el Gobierno o la oposición, deberán tomar decisiones, avalarlas o presentar alternativas democráticas. Algunas de ellas tal vez antes incluso de la investidura del nuevo presidente. Será preciso para ello una concertación leal, como parece estar habiendo en las últimas semanas entre Zapatero y Rajoy. Esto supone una clara rectificación por parte de ambos. El segundo se negó a apoyar las medidas que el Gobierno tuvo que tomar en la emergencia de mayo de 2010, aunque aprobó o no se opuso a muchas otras a medida que la situación fue agravándose. Zapatero tampoco destacó como amante del consenso durante su estancia en La Moncloa.

La campaña apenas ha hecho que Rajoy desvele sus planes. Se comprende que el programa electoral no entre en cuantificaciones precisas, ante el riesgo de perder votos. Su discurso se ha centrado en insistir en que España necesita un cambio de gobierno, cuyos perfiles comienzan a desdibujarse en cuanto se trata de entrar en los detalles. Los españoles no tienen por ello un mapa ni siquiera aproximado de los recortes que, sin duda alguna, el próximo gobierno tendrá que acometer. Se trata de una estrategia electoral que ha funcionado, según reflejan las encuestas, pero que puede convertirse en un lastre tras asumir el poder y empezar a gobernar.

Es inevitable que los socialistas se pregunten cómo es posible que un partido que se niega a decir qué gastos piensa recortar para cumplir su objetivo prioritario de reducir el déficit sin subir los impuestos pueda ir 15 puntos por arriba en los sondeos. La respuesta está desde luego en los cinco millones de trabajadores en paro, y en su esperanza de que el cambio de gobierno lo sea de su suerte. Pero también en el desgaste del argumento del miedo a la derecha, ahora bajo la forma de denuncia de un programa de liquidación del Estado de bienestar.

La movilización de los votantes del PSOE que hoy manifiestan su desapego mediante la intención de elegir otras opciones políticas de izquierda o abstenerse es la última esperanza de Rubalcaba. Un abstencionismo motivado por la pésima gestión que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de la crisis y de sus consecuencias, y que ha calado profundamente en la psique de los ciudadanos. No es seguro que la apelación al miedo al PP resulte del todo eficaz para movilizar esos votos. Es cierto, en cambio, que un resultado suficiente del PSOE, signifique esto lo que signifique tras el mandato de Zapatero, es condición necesaria para que subsista en Rubalcaba y los socialistas una alternativa viable a un PP que, según todos los indicadores, se dispone a ocupar la mayor parcela de poder que jamás ha tenido un partido en la democracia española.