Radiografía del país ante el 21-N

El candidato del Partido Popular aseguró que, si sale finalmente elegido en las elecciones del 20 de noviembre y llega a La Moncloa, no se quejará de la "herencia" que reciba del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Si los españoles quieren que yo gobierne es que para que resuelva problemas y no para que se los cuente”, afirmó la semana pasada Mariano Rajoy. En cualquier caso, al margen de quien será el próximo jefe del Ejecutivo, se tendrá que hacer cargo de una situación muy distinta a la de la primavera de 2008, cuando arrancó la IX legislatura. Lo que sigue es un mapa del legado de los últimos tres años y medio, empezando por lo más relevante de la herencia: la situación económica. 

El efecto de la crisis

Todo lo que podía ir mal en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días incluso, ha ido peor. Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que adelantaba las elecciones generales a este domingo, el efecto devastador de la crisis era ya un obstáculo casi insalvable para el PSOE, la principal baza de los populares. Pero ha sido en el último suspiro cuando la herencia económica de la última legislatura socialista ha cogido el tono lúgubre de las situaciones críticas.

Cinco millones de parados. Hay cifras que se van cargando de simbolismo. El Gobierno tildó de catastrofista cualquier previsión que apuntara a la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempleo. En verano se llegó a 4,978 millones, aunque la estadística lo reveló a finales de octubre, a un mes escaso de las elecciones. No ha hecho falta esperar a finales de año para certificar que no habrá recuperación del empleo en 2011. Tampoco se espera ya para 2012.

Buena parte de las medidas adoptadas en el tercio final de la legislatura han ido destinadas a atar en corto una cifra, la que representa el déficit público, baremo de las exigencias de la Unión Europea, de la presión de los mercados. España logró atenerse al objetivo acordado con Bruselas el año pasado, pero casi nadie cree que se acabe este ejercicio con un saldo negativo equivalente al 6% del PIB, el objetivo de este año. La semana pasada, la Comisión Europea anticipaba otra cifra, 16.000 millones de euros, que fija los límites de otro ajuste más, el que tendría que afrontar el próximo año el nuevo Gobierno.

El inicio y el final de la legislatura están marcados por la recesión. Entre 2008 y 2009 la economía española, como el resto de países avanzados, sufrió el mayor retroceso en medio siglo. Esta semana, la contabilidad nacional ha corroborado que España esquivó la recaída por una centésima este verano. Muchos expertos apuntan a una recesión en el paso de 2011 a 2012. Será limitada y moderada, pero aplaza cualquier atisbo de recuperación.

500 puntos básicos y 7%. Son números asociados a la prima de riesgo y de la rentabilidad de los bonos a diez años. Son también fronteras; las del territorio donde las dudas sobre la viabilidad de la deuda pública de un país se disparan, un espacio donde los inversores apuestan ya a que se necesitará el auxilio de la UE o el FMI. España pisó por primera vez las líneas rojas esta misma semana, lo que lega un coste de financiación inasumible, que lastrará a bancos, familias, empresas y administraciones.

Justicia

El próximo Gobierno se encontrará una justicia saturada. Pero el problema en este fundamental servicio no se limita a los usuarios sino que alcanza a quienes han de impartirla, entre los que también anda el río revuelto.

Sobre los usuarios pesa la lentitud en la resolución de procedimientos. En 2010 se presentaron 9,3 millones de asuntos en los órganos judiciales y, aunque supone una reducción de algo más del 2% respecto al año anterior, la congestión hace que la carga sobre los jueces sobrepase todos los ratios señalados. Y en todas las materias. También en los Tribunales Superiores autonómicos en los que la peor situación se vive en Castilla-La Mancha, Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Galicia y la “mejor” en Aragón, Andalucía y País vasco, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Hace unos meses se lanzó la posibilidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteada con el objetivo de reducción los tiempos de tramitación. El nuevo gobierno habrá de decidir sobre ella, aunque en ningún caso se plantea como una prioridad.

Después de varias polémicas, el Ejecutivo que salga de las urnas tras el 20-N también habrá de abordar el sistema de elección de los vocales del órganos de gobierno de los jueces, el Consejo General del poder Judicial, y la renovación del Tribunal Constitucional, que ha estado en interinidad durante meses, hasta provocar la dimisión, no aceptada, de tres de sus miembros. El escollo ha sido la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. La solución solo se ha aplazado, pero ha de abordarse.

Sanidad

El derecho a la protección de la salud, recogido en la Constitución, y la organización de sus prestaciones y servicios, encomendada a los poderes públicos, está siendo una de las batallas de la campaña electoral. Sobre todo, por los problemas de financiación que la cobertura de este derecho arrastra. Compete al Estado la coordinación de la Sanidad y la política del medicamento, entre otras cosas, mientras que las Comunidades Autónomas son las encargadas de la planificación sanitaria y de gestionar los servicios de salud con las transferencias que reciben del Estado. Sin embargo, estas aportaciones no son finalistas, con lo que el Ejecutivo puede enviar, con este destino, dinero a los gobiernos autonómicos, que pueden desviarlo a otros servicios. Así, cada autonomía destina una cantidad distinta a cada uno de sus ciudadanos protegidos.

La sanidad española está bien considerada ya que, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada en 2010, los ciudadanos valoran favorablemente el funcionamiento del Sistema Sanitario español, ya que más de 7 de cada 10 ciudadanos (73,9 %) consideran que funciona bastante bien o bien (aunque precisaría algunos cambios).

Pese a que las asignaciones a Sanidad son de las más cuantiosas dentro de los presupuestos (el sistema sanitario público costó 70.000 millones de euros en 2009), la crisis ha provocado un descenso de estas partidas, también desde el ministerio, y, sobre todo, un conflicto respecto a la fórmula a aplicar para mejorar la financiación del servicio cuyo déficit actual se ha situado entre los 15.000 y 20.000 millones de euros.

El próximo Gobierno habrá de decidir si se recurre al sonado copago, si varía la política sobre el gasto farmacéutico o recurre a otras fórmulas de ingreso que sostengan este gasto. Además, el ejecutivo que salga del 20-N tendrá que decidir sobre la Ley de dependencia, en la que, desde su aprobación en 2007, el Estado ha invertido 5.390 millones de euros. Los socialistas pretenden mantenerla, mientras que el PP considera que “no existe un modelo de financiación suficiente y sostenible de estos servicios y prestaciones”.

Medio Ambiente

El trasvase del Ebro ha dejado de ser, en esta campaña, arma arrojadiza. Si las políticas que se apliquen tras las elecciones surgen de las bases de los programas electorales, el derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN) se quedaría como está, derogado.

Otra cosa es la energía, sobre la que el próximo Gobierno sí habrá de tomar decisiones. Los precios de los productos energéticos, gasto base para las industrias, no paran de subir y la eficiencia dista mucho de ser óptima. España importa el 80% de los combustibles fósiles que consume, que además son la principal fuente de energía y los partidos apuestas por un Plan energético que, además, ha de tener en cuenta el peligro del cambio climático y el apoyo a las renovables. Entre las alternativas también están las nucleares, que sí han copado parte de la campaña y para las que los distintos partidos auguran un futuro diferente. El nuevo Gobierno habrá de abordar las medidas para lograr el compromiso firmado en por los Estados miembros de la Unión Europea, comprometidos a reducir para 2020 el consumo de energía primaria en un 20%

En relación al medio ambiente, el nuevo gobierno topará con los objetivos pactados para 2012 respecto a las emisiones de CO2 en Kyoto, unos límites que se superan y que obligan a destinar miles de millones de euros a la compra de derechos de emisión que, sin embargo, algunas industrias están vendiendo, debido al descenso de la producción.

En lo que no se ha fijado la vista es en la generación de residuos, con competencias transferidas, puesto que lo está el medio ambiente, a las comunidades autónomas. Sin embargo, los partidos también hacen referencia a la necesidad de unas normas estatales y de promoción del reciclaje para evitar acumulaciones que dañan al medio ambiente e incluso a la salud.

Política interior

Con el anuncio de ETA del cese de la violencia, la política interior partirá de premisas distintas a las de otras legislaturas. La vista se situará más en la amenaza terrorista exterior y en el crimen organizado, tal como aparece en los distintos programas electorales.

Según el ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en 2010 (delitos y faltas por cada 1.000 habitantes) fue del 45,1, la menor de los últimos once años. Estos datos se corroboran en las causas por delito que se tramitaron en las fiscalías que, en ese mismo año, supusieron una reducción de casi el 6% respecto al anterior. Bajaron los delitos contra la vida y la integridad física (un 10,1% menos), los robos con violencia o intimidación (con un 20,9% menos), los hurtos (con un 13% menos), los robos con fuerza (con un 14,9% menos), y los delitos contra la libertad sexual (un 7,4% menos) pero subieron los delitos económicos, las falsedades documentales, las estafas y los blanqueos.

El mantenimiento o ampliación del número de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, el desarrollo de los servicios de inteligencia y la cooperación internacional serán algunos de los puntos en los que habrá de seguir trabajando el próximo gobierno, con el fin de luchar no solo contra el terrorismo sino con la proliferación de bandas organizadas.

Educación

La escuela que herede el próximo Gobierno será una institución en crisis. Lo dejan de manifiesto los datos del Informe Pisa (la tasa de abandono de la ESO duplica la media de la Unión Europea, por ejemplo) y el modelo educativo que, a diferencia de otros países, aún no tiene una vocación clara. La tensión entre lo público y lo privado (España es el país europeo con menor porcentaje de centros públicos) es, por otro lado, precisamente una de las cuestiones que causa más malestar ente los docentes, en pie de guerra desde hace meses.

La inquietud, además, se extiende a las asociaciones de padres de alumnos y, de ahí, a la sociedad. La sensación es que la educación, a partir del planteamiento de las asignaturas, pasando por la organización del trabajo docente hasta los resultados objetivos de los alumnos, no se adapta a las exigencias del siglo XXI.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo intentó. Sin embargo, el pacto de Estado por la educación, que ahora reclaman tanto el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el aspirante del PP, Mariano Rajoy, fracasó por falta de acuerdo precisamente sobre el debate entre modelo educativo público o privado. Durante la negociación, impulsada por el ministro Ángel Gabilondo, una de las propuestas del PP fue el principio de “libertad de elección”. Se trataba de garantizar por ley que, si un colegio privado tiene suficiente demanda, también reciba subvención. Esta fue precisamente una de las razones que hizo fracasar el pacto. Aun así, si ahora Rajoy llegará a gobernar, será uno de los primeros principios que pretenderá incluir en el texto.

Tensiones territoriales

La política hídrica y la fiscalidad posiblemente sean las cuestiones territoriales que, al margen del final de la banda terrorista ETA y de las tensiones independentistas, marcarán la próxima legislatura. El Plan Hidrológico Nacional que el Gobierno de José María Aznar aprobó hace 10 años, en 2001, todavía trae cola y, aunque el trasvase del Ebro haya dejado de ser una cuestión tan candente, sí puede entorpecer entre Rajoy, si gobierna, y su probable socio CiU. El cabeza de lista, Josep Antoni Duran Lleida, quien ha asegurado que “el PP se verá obligado” a oírles “aunque tenga mayoría absoluta, ya ha dejado claro que su formación no apoyará el trasvase.

Mientras la fiscalidad y la autodeterminación marcan los programas de los partidos nacionalistas, Mariano Rajoy se comprometió el sábado pasado en Pamplona a impulsar la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que entreabre la posibilidad de absorción de Navarra por Euskadi. Se trata en principio de un deseo de la presidenta regional, Yolanda Barcina (UPN), que el PP ha recogido ahora. De hecho, el partido de Rajoy y Unión del Pueblo Navarro se han quedado solos en la defensa del bloqueo a la anexión.

Cultura

Están sobre la mesa la ley Sinde y el futuro del canon digital, cuya derogación o confirmación depende el próximo Ejecutivo, el debate sobre el IVA superreducido del libro digital y la ley del cine.

Rajoy, si gobierna, planea llevar el Ministerio de Cultura directamente a Presidencia, lo que ya inquieta al sector audiovisual o al editorial. Los populares no olvidan, de todas formas, un asunto que les interesa de forma epecial: el idioma. El principal organismo encargado de la difusión del español en el mundo será, como hasta ahora, el Instituto Cervantes. 

Con respecto a la Memoria histórica, desde el año 2000 se han exhumado en España más de 360 fosas del franquismo con cerca de 5.400 víctimas. Quedan por abrir unas 1.200. Desde diciembre de 2007, cuando se aprobó la llamada ley de la memoria histórica, las asociaciones de familiares pueden solicitar subvenciones para desenterrar a los fusilados de las cunetas. El Gobierno ha invertido más de 20 millones de euros en casi 650 proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica, incluida la apertura de fosas. Pero los afectados siempre han considerado insuficiente la ley porque reclaman que el Estado asuma directamente las tareas de localización, exhumación e identificación de los desaparecidos del franquismo (unos 113.000) y no solo las subvencione, informa Natalia Junquera.

El Gobierno ha elaborado un mapa de fosas – las comunidades del PP se negaron a aportar datos- y un catálogo de vestigios para eliminar aquellas placas o monumentos que ensalzaban el franquismo. El símbolo del símbolo, el Valle de los Caídos, permanece. El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, encargó a una comisión de expertos (historiadores, juristas, filósofos, antropólogos) que elaborara un plan para reinventarlo y darle un significado democrático. Entregarán su informe después de estas elecciones.

Política exterior

La acción exterior ha sido uno de los ejes de todos los programas electorales, mientras que las cuestiones internacionales más candentes siguen siendo la retirada de las tropas de Afganistán, las relaciones con Marruecos, Cuba o Gibraltar, y, por supuesto, el lugar de España con respecto a la Unión Europea y América Latina o la posición de Naciones Unidas sobre Palestina. Lo que cambia, y cambiará si Mariano Rajoy llega a La Moncloa, son las formas de abordar estas políticas. 

Un Gobierno del PP, por ejemplo, revisaría radicalmente la política exterior española si conquista el poder tras las elecciones del 20 de noviembre. Ya lo explicó Jorge Moragas, coordinador de Relaciones Internacionales del Partido Popular y jefe de Gabinete de Rajoy. El dirigente popular defiende unos planes que se encuentran en las antípodas de los que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno socialista.

El PP podría cambiar, sin ir más lejos, el calendario de la retirada de las tropas de Afganistán, que debería completarse en 2014. Sobre la mesa están también un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara, las relaciones con el Foro Tripartito de Gibraltar (que según Moragas no beneficia a España).

Con información de Natalia Junquera.