El PSOE estudia demandar a Arenas por implicar a Griñan en el 'caso ERE'
Los socialistas muestran su “sorpresa” por la “rutina de autos” durante las elecciones
El PSOE de Andalucía ha anunciado hoy que estudia presentar una demanda de protección del honor contra el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, por asegurar que existe una “implicación directísima” de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves en el caso del fraude de los ERE. La secretaria de Organización socialista, Susana Díaz, ha convocado de manera urgente una rueda de prensa para salir en defensa del actual presidente de la Junta y de su antecesor, tras el auto de la juez Mercedes Alaya conocido ayer. En este auto, Alaya se hace eco de la petición de la representación del PP en el sumario y pide datos sobre la gestión de Griñán cuando este ocupaba la Consejería de Economía y Hacienda.
Esta petición fue presentada por el PP el 21 de junio pasado, ha resaltado Díaz, quien ha mostrado su “sorpresas” por la “rutina de autos” de la juez en víspera de elecciones. Aludía de esto modo a que la magistrada citó a declarar como imputado al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, días antes de la celebración de los comicios municipales.
La número dos del PSOE, en línea con lo dicho por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha afirmado que la instructora de los ERE debía haber “subsanado” la petición del PP cuando reclama datos de la concesión de subvenciones de más de 1,2 millones de euros autorizadas por el consejero de Economía y Hacienda. Los responsables de Hacienda tienen que autorizar el “endeudamiento”, es decir, el incremento de ingresos, pero no el de la concesión de ayudas por importe superior a 1,2 millones de euros. Esa decisión corresponde al Consejo de Gobierno. Si la cifra es inferior a esa, la competencia reside en la Agencia IDEA.
“Sorpresa” es la palabra que ha vuelto a repetir Susana Díaz por el hecho de la que la juez haya pedido información al secretario general del PP, Antonio Sanz, y al actual alcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno con el PP, Juan Ignacio Zoido, sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Esta regulación laboral se hizo durante la etapa del Gobierno de José María Aznar. Y de nuevo ha empleado la palabra “sorpresa” por el hecho de que la juez incluya a la empresa Matsa en sus pesquisas, porque esta sociedad no recibió ninguna ayuda de la partida 31L a través de la cual se tramitaron las subvenciones a trabajadores y empresas en crisis. Matsa recibió una subvención de 10 millones de euros por parte del Gobierno andaluz presidido entonces por Manuel Chaves. En esta empresa trabajaba su hija Paula. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigaron, a instancias del PP este caso, lo archivaron.
También se ha pronunciado sobre el auto de la juez Alaya, a preguntas de los periodistas, el candidato del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra. Guerra ha calificado de “retorcida” una pregunta acerca de si veía relación entre el auto de la juez con las declaraciones que él hizo el pasado día 9 en un acto electoral. El auto de Alaya está escrito un día después de que Guerra considerara como un “dato objetivo” la coincidencia de las actuaciones judiciales con la campaña electoral. También dijo en ese acto que la magistrada y Juan Ignacio Zoido tuvieron una relación “fuerte” en relación con un expediente cuando el hoy alcalde era juez decano de Sevilla, es decir, superior de Mercedes Alaya.
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