La Junta carga contra el auto de Alaya en el que señala a Griñán
El Gobierno regional entiende que la magistrada comete errores “de bulto”
La Junta de Andalucía se ha salido hoy del guión que tenía escrito en el caso de las irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo y que investiga la magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Hasta ahora, el Gobierno regional intentaba no criticar la instrucción que realiza Alaya del caso, en el que están imputados un exconsejero de Empleo y un exdirector general de Trabajo. Sin embargo, el último auto dictado por la juez, conocido en plena campaña electoral y en el que pregunta por la implicación del actual presidente de la Junta en el reparto irregular de ayudas, ha llevado a la consejera de la Presidencia a cargar contra Alaya.
Mar Moreno ha acusado a la juez de cometer “un error de bulto” al darle trámite, como había pedido el PP, a una petición de información sobre la actuación de Griñán en su etapa de consejero de Economía. En su auto, Alaya reclama información sobre las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por “el titular de la Consejería de Economía”, cargo que ostentó Griñán, tal y como subraya la magistrada en el escrito.
Moreno ha anunciado que la Junta recurrirá este último auto de la juez al considerar que la magistrada se ha equivocado a la hora de concluir que Griñán debía autorizar estas ayudas, algo que niega el Gobierno regional. “Ni se produjo [la autorización], ni se tenía que producirse”, ha señalado la consejera, quien niega que la normativa obligue al consejero de Economía de turno a dar el visto bueno a la ayudas que concedía la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
La Junta ha expresado su “malestar” y “disconformidad” con la petición de Alaya. Fundamentalmente, por que Moreno entiende que la juez ha dado tramitación a la petición del PP sin realizar bien su trabajo, es decir, sin comprobar si legislación exigía una autorización del consejero de Economía de turno: “Un juzgado debe hacer comprobaciones y conocer la normativa”. Y ha añadido: “Las resoluciones tienen que ser más cuidadosas (…) No hay fundamento jurídico alguno que sustente la decisión del juzgado”.
Moreno tampoco ha ocultado el malestar de la Junta por la repercusión política y social que ha tenido este auto de Alaya, que se notificó a la partes ayer, a cinco días de las elecciones generales. Según la portavoz de la Junta, “los jueces tienen que ser conscientes del daño político” que pueden provocar sus decisiones. Y, en opinión de la consejera de la Presidencia, aunque sean de forma involuntaria errores como los cometidos por Alaya “conducen a que el PP consiga su objetivo político”. “Le pedimos al juzgados cautela, mesura”, ha insistido Moreno.
Respecto a que el auto se haya hecho público en la recta final de la campaña, Moreno no ha querido “hacer juicios de valor”. Sin embargo, ha aclarado que “no es la fecha lo que produce el recurso [de la Junta contra el auto], sino la inexistencia de fundamento jurídico”.
El escrito fue firmado por la magistrada hace una semana, justo el día después de que Alfonso Guerra, candidato socialista al Congreso en las elecciones, criticara a la magistrada por su relación con el actual alcalde popular de Sevilla y exdecano de la Audiencia Provincial, Juan Ignacio Zoido. Guerra consideró como “un dato objetivo” la coincidencia entre las actuaciones judiciales con la campaña electoral.
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