El CGPJ irrumpe en la campaña al censurar a Alfonso Guerra

“Con esto de los jueces hay que andar con mucho cuidado”. Alfonso Guerra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, comenzó así de cauteloso su respuesta a una pregunta tras pronunciar una conferencia el pasado miércoles en Sevilla. Y tenía razón, con lo de andar con cuidado. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irrumpió ayer en la campaña electoral para censurar unas manifestaciones del exvicepresidente socialista alusivas a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya.

Guerra estableció un vínculo entre los tiempos de la investigación judicial con la campaña electoral y contó algo que está muy extendido en muchos ámbitos de Sevilla al asegurar que hay una “relación incluso fuerte, personal” entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. “Eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa, dicen”.

De manera sorpresiva el CGPJ se reunió ayer de manera urgente, sin que mediara ninguna petición de amparo de Alaya, y censuró a Guerra por unas declaraciones que “no resultan de recibo” al invadir la “esfera personal mediante descalificaciones” y con “insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer” de la juez.

La nota hecha pública por el CGPJ no se refiere en ningún momento por sus nombres ni a Alaya, a la que alude como “una magistrada de Sevilla”, ni a Guerra, “un candidato al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones”.

La irrupción del CGPJ en la campaña sorprendió en medios políticos y judiciales. Muchos vocales del consejo, de los sectores progresistas y conservador, mostraron su disconformidad con esta decisión, según las fuentes consultadas por este periódico. De hecho, la vocal progresista Almudea Lastra emitió un voto particular en contra del pronunciamiento del Consejo. “Existe un pacto de neutralidad histórico que siempre se ha respetado en campaña electoral”, recordaron estas fuentes, que aseguraron que el Consejo “no ha dado amparo a Alaya, sino reprobado a Guerra”.

La frase de Guerra no habría tenido mayor recorrido que el del chascarrillo o la anécdota, aunque ahora el CGPJ la ha elevado a gran asunto. El abogado de Francisco Javier Guerrero, el principal alto cargo de la Junta imputado en el caso de los ERE, aseguró ayer a Europa Press que si lo que dijo Guerra era cierto, la juez Alaya “se habría abstenido” de instruir el caso.

El actual alcalde de Sevilla, Zoido, del PP, presume de ser el que denunció en el juzgado el caso Mercasevilla, origen de la investigación de los ERE. Zoido es magistrado en excedencia y cuando fue juez decano de Sevilla conoció, según Guerra, un expediente que afectaba a la juez Alaya, del que nadie dice públicamente su contenido. Al considerar “vejatorias por su condición de mujer”, el CGPJ va más allá de lo afirmado por el socialista y se adentra en una “interpretación de índole sentimental, cuando caben muchas interpretaciones como la de que hayan formado una sala juntos”, afirmaron fuentes judiciales.

Los miembros de la comisión permanente del CGPJ actuaron de oficio, de motu proprio y en una reunión extraordinaria decidieron dar un amparo a la juez Alaya que esta ni siquiera había pedido. La reunión, convocada sin avisar al resto de vocales, causó malestar en el órgano de gobierno de los jueces.

La decisión partió de la vocal a propuesta del PSOE Margarita Robles y de Manuel Almenar, consejero a propuesta del PP. Las quejas que circulan entre el resto de vocales no solo se basan en el secretismo con el que se organizó, sino en que el amparo se otorgó sin que lo hubiera solicitado la magistrada Alaya. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial”. Fuentes del Consejo señalan que este órgano no está para “proteger el honor de los jueces sino su independencia”.

El apoyo a la juez fue otorgado por los dos vocales que organizaron la reunión –Robles y Almenar— con el apoyo del presidente del Consejo, Carlos Dívar. La única que se opuso fue la vocal progresista Almudena Lastra, que firmó un voto particular. En él, Lastra critica que la permanente valore el contenido o intención de unas declaraciones vertidas por un candidato durante una campaña electoral y recuerda que Alaya no ha solicitado el amparo, como establece la ley para estos casos.

Griñán no se pronunció sobre este episodio y se mantuvo en sus trece de no hacer “jamás” un pronunciamiento sobre la juez del caso de los ERE. No obstante, aprovechó para arremeter contra el PP por estar “instruyendo un juicio paralelo, declarando inocencias y culpabilidades".

Chaves, vicepresidente segundo del Gobierno y candidato del PSOE por Cádiz, coincidió con Guerra en el “dato objetivo” de que la magistrada de los ERE está llevando actuaciones judiciales “en plena campaña electoral”, informa Cándido Romaguera.