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Jiménez crea una célula de crisis para los rehenes españoles en Somalia y el Sahel

El Gobierno gestiona el cuádruple apresamiento de manera diferente al de los voluntarios catalanes

Más de dos semanas después del apresamiento, en Kenia, de dos voluntarias españolas el Gobierno ha creado una célula de crisis que empezará a reunirse este lunes y que también se ocupará del secuestro, hace una semana, de dos cooperantes en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia, según indican fuentes diplomáticas. Nunca España ha tenido a tantos ciudadanos –cuatro– secuestrados simultáneamente.

La célula estará presidida por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y contará con la participación de representantes de los ministerios de Interior y de Defensa, es decir del Centro Nacional de Inteligencia, el principal servicio secreto español.

El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero maneja estos dos recientes secuestros de cooperantes de manera distinta a cómo hizo frente, entre noviembre de 2009 y agosto de 2010, al cautiverio de tres voluntarios catalanes capturados por la rama de Al Qaeda en el Magreb (AQMI).

Entonces, a finales de 2009, se pusieron de inmediato en pie dos comités intergubernamentales de seguimiento, uno político y otro técnico, que emitían incluso tras sus reuniones escuetos e intrascendentes comunicados. La entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, presidía el comité político mientras que la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, mantenía el contacto con las familias de las víctimas.

Ahora es la ministra la que preside y es una funcionaria, la directora de la Unidad de Emergencia Consular, María Victoria Morera, la que se encarga de mantener informadas a las familias. Esta doble rebaja del nivel de seguimiento del secuestro y de interlocución con los familiares obedece a una decisión de la ministra Jiménez.

La ha tomado así por dos razones, según indican fuentes diplomáticas. Considera, primero, que será el Partido Popular el que deberá intentar resolver el secuestro cuando llegue al poder y por eso no debe ser un político sino un alto funcionario, que probablemente seguirá en su puesto con el nuevo Gobierno, el que mantenga el diálogo con las familias.

Sospecha además que, cuanto más elevado sea el nivel de la célula y más publicidad se dé a sus trabajos, más convencidos estarán los secuestradores de que sus rehenes valen un alto precio. El Estado español pagó, en el verano de 2010, el más alto rescate jamás abonado por la vida de unos ciudadanos europeos –Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez– a la rama magrebí de Al Qaeda.

Ahora Al Shabab, un grupo terrorista somalí afín a Al Qaeda, tiene en su poder a sus cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Thiebaut. Un grupo de delincuentes árabes capturó por su cuenta, el domingo pasado, a dos cooperantes españoles, Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, así como a la italiana Rosella Urru, en Rabuni, la sede administrativa del Frente Polisario.

Tanto el CNI español como otros fuentes conocedoras de la región del Sahel cree que estos tres rehenes han sido “vendidos” a Mokhtar Belmokhtar, jefe de uno de los dos grupos de Al Qaeda que operan en el norte de Malí. Esta organización terrorista aún no ha reivindicado el secuestro.

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