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Tres autonomías deben 900 millones de euros a más de 7.000 farmacias

Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña encabezan la morosidad

Farmacéuticos de Valencia muestran los carteles para denunciar los impagos de la Generalitat

La presidenta de la patronal farmacéutica de Castilla-La Mancha Fefcam, Dolores Espinosa, insiste en una idea: “Esto es insostenible, no puedo despedir porque no tengo ni para pagar las indemnizaciones”. Espinosa describe así la asfixia financiera que atraviesan las 1.300 boticas de la región, que soportan cuatro meses de impagos (200 millones de deuda) del Gobierno de María Dolores de Cospedal, del PP. El fuego cruzado entre el sector y la número dos del PP, lejos de remitir, se recrudece por días. Los colegios de farmacéuticos de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real y la patronal regional han rechazado la propuesta de la Junta, que pasaba por atenuar la morosidad con créditos con la caja de ahorros Globalcaja.

Castilla-La Mancha, donde las boticas son microempresas de dos trabajadores de media, no es un caso aislado. Tres comunidades deben 900 millones a más de 7.000 farmacias, según cálculos de EL PAÍS. La Comunidad Valenciana (480 millones de deuda), Castilla-La Mancha (los citados 200) y Cataluña (128) encabezan la lista de morosos.

El Gobierno de Alberto Fabra (PP) ha puesto contra las cuerdas a las 2.000 farmacias de Alicante, Castellón y Valencia, que no cobran desde julio los 120 millones mensuales que suma la factura de fármacos. La Generalitat, con severos problemas para captar financiación, ha propuesto a los boticarios pagarles a partir de enero. Entonces, la deuda sumará 840 millones. Mientras llega 2012, el sector deberá costear los medicamentos mediante créditos, ya que solo cuenta con un compromiso verbal de la Generalitat. Con una deuda media por despacho de 60.000 euros, los boticarios valencianos cobraron julio gracias a un crédito entre su Colegio y el Banco de Valencia (y la CAM en Alicante). Sin embargo, estas entidades se han negado a adelantar la factura de agosto y los meses siguientes, por lo que el órgano que agrupa a los boticarios se ha visto abocado a buscar acuerdos con otros bancos. El sector, que emplea a 12.000 personas, se ha fijado como plazo hasta el próximo miércoles para conseguir financiación. Si no, amenazan con movilizaciones.

La Generalitat adeuda 60.000 euros de media a cada botica valenciana

Mientras tanto, las farmacias han empezado a colocar carteles de denuncia con el siguiente lema: “¿Sabía que...? Si la Generalitat sigue sin pagarnos, las farmacias no podremos comprar más medicamentos y no podremos dispensárselos a usted”. El Colegio de Farmacéuticos Valenciano recomienda a los boticarios mantener bajo mínimos el stock de medicamentos para controlar el gasto. La ley impide a los farmacéuticos negarse a servir los medicamentos, informa Jaime Prats. “El problema es que los bancos no avalan a la Generalitat”, explican en el sector.

Tras aplicar un tijeretazo de 1.000 millones a la sanidad, el Ejecutivo catalán de Artur Mas (CiU) propuso a las 3.000 farmacias de Cataluña doblar el plazo de pago: de 25 a 55 días. La demora ha causado un perjuicio de 128 millones. El Colegio de Farmacéuticos augura que el 15% de las boticas, y más las rurales, no dispensará fármacos con receta por no avanzar dinero a los proveedores.

José Ramón Bauzá (PP) se comprometió a congelar la deuda de cuatro meses (64 millones) con las 416 farmacias de las Baleares. El Govern incumplió su promesa en octubre. “Confío en que la situación se solucione pronto, ya que es insostenible”, asegura el presidente de la patronal AEFB Guillermo Torres.

En La Rioja, el popular Pedro Sanz tomó en agosto una decisión “inédita”: retrasar un mes el pago de las facturas a las 180 boticas de la región. La demora ha provocado pérdidas de siete meses. “Tememos que pueda prolongarse más tiempo”, indica el presidente del Colegio de Farmacéuticos regional, José Javier Vázquez.

Todos los consultados para elaborar esta información temen que sus comunidades asuman el modelo de Murcia, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel. Allí se acordó, en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo, saldar una deuda de cinco meses a través de un crédito sindicado con cinco bancos. Si no paga ahora, los farmacéuticos podrían perder sus propiedades, ya que avalaron el préstamo con sus bienes.