Anticorrupción pide el embargo a los implicados en el fraude de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Mercedes Alaya, la juez que investiga los fraudes en Expedientes de Regulación de Empleo pagados con dinero de la Junta, que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos.

Anticorrupción considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta que causó un "perjuicio grave y manifiesto" a los fondos públicos.

El fiscal, que admite que la investigación es "aún embrionaria", pide que la juez de instrucción 6 imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes.

Desde 2001 hasta el pasado año, la Junta de Andalucía entregó 560 para expedientes de regulación de empleo y 87 más para ayudas a empresas en crisis. De estas se beneficiaron más de 25.000 trabajadores, que consiguieron así fondos para llegar hasta la jubilación o para compensar el cierre de la empresa.

De todos los beneficiados, el Gobierno andaluz ha identificado 72 intrusos, personas que nunca trabajaron para las empresas que se beneficiaron de los fondos, y 111 irregularidades, expedientes sobre sociedades o personas que sí trabajaban para las entidades en crisis, pero que no deberían haberse beneficiado del dinero público.

Entre los intrusos hay nueve militantes socialistas, entre los que destacan el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; exdelegados de Trabajo y Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla).