Segundo secuestro

Dos cooperantes españoles y otra italiana fueron secuestrados el pasado sábado en Tinduf, donde prestaban asistencia a los refugiados saharauis. Un grupo de hombres armados logró burlar la vigilancia del Frente Polisario y penetrar en los barracones de los cooperantes internacionales, apresando a Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, además de a Rosella Urra, antes de emprender la huida en dirección a Mauritania o Malí. El Polisario acusa del secuestro a la rama magrebí de Al Qaeda, mientras que el Gobierno argelino se mostró prudente al atribuir la autoría. En esta línea se ha mantenido también el Ejecutivo español, que solicitó la colaboración de las autoridades de toda la zona.

El nuevo secuestro se suma al de dos cooperantes españoles en Kenia, y después de que ciudadanos de otras nacionalidades hayan sido también objeto de este tipo de ataques durante los últimos meses, confirmando la creciente inseguridad que se está adueñando de la región. La situación requiere que el Gobierno y las organizaciones humanitarias, como también los organismos europeos y multilaterales, aborden cuanto antes las medidas de seguridad que deben ser adoptadas, sin excluir la posibilidad de una eventual retirada de los cooperantes en caso de que no se encuentren soluciones satisfactorias. Los secuestros colocan a las agencias y organizaciones dedicadas a la cooperación ante una difícil disyuntiva. La retirada castigaría a las poblaciones necesitadas de ayuda, pero su mantenimiento sin garantías de seguridad podría alimentar las amenazas que se ciernen sobre esas mismas poblaciones.

El Frente Polisario ha asumido como una afrenta el secuestro de Tinduf, no solo porque supone un desafío al control que ejerce sobre los campamentos de refugiados, sino también porque, dependiendo de quiénes sean finalmente los autores, podría convertirse en una baza en manos de Marruecos, quien acusa al movimiento saharaui de estar infiltrado o en connivencia con grupos yihadistas. Esta querella no debería influir en el objetivo más inmediato, que es rescatar sanos y salvos a todos los secuestrados. Tampoco en el objetivo a medio plazo, que es detener el deterioro de la seguridad que se viene observando en la región. Terroristas o simples delincuentes, los autores de los últimos secuestros encontrarían un terreno más propicio si los diversos Gobiernos, además del Frente Polisario, ahondaran en sus contenciosos arrastrados por casos como los de Tinduf.

A efectos internos españoles, tanto el Gobierno como la oposición están dando muestras de que las experiencias anteriores aconsejan actuar como lo están haciendo en el caso del secuestro en Kenia y también en el de Tinduf. La fecha electoral del 20 de noviembre no debe influir en el trabajo que se viene realizando ni en el que reste por realizar. Cuatro ciudadanos españoles, además de otros de distintas nacionalidades, se encuentran a merced de secuestradores sin escrúpulos. Nada debe entorpecer los esfuerzos del Gobierno para traerlos de vuelta a casa.