Prohibido todo

Uno de los recuerdos más vendidos en Singapur es una camiseta que tiene dibujadas todas las conductas que son multadas en esta ciudad estado. “No fumar, no comer chicle, no alimentar a los pájaros, no tirar basura, no escupir, no orinar, no coger flores”, son algunos de los mensajes que aparecen bajo un símbolo de prohibido con una penalización de 1.000 dólares (732,6 euros). Los lugareños muestran con una mezcla de sorna y cierto orgullo una de las características de este singular país asiático: las numerosas restricciones en la vía pública. Lo que era tradicionalmente una peculiaridad ya no lo es tanto. Camisetas muy parecidas podrían venderse en muchos pueblos y ciudades españolas que en los últimos años han entrado a regular y penalizar conductas de lo más variopintas en la calle, desde jugar a las cartas apostando hasta sacudir la alfombra en el balcón o hacer ruido a la hora de la siesta. ¿Son necesarias tantas normas coercitivas?

Lo que antes estaba regulado por los usos y costumbres, lo que eran acuerdos tácitos entre vecinos para una buena convivencia, ahora son bandos explícitos de los ayuntamientos. Esta ola reguladora, que puede tener como punto de partida la ordenanza de convivencia de Barcelona (un documento de 60 páginas aprobado en 2005), responde a diversas causas, según apuntan varios antropólogos y sociólogos: el mayor anonimato en las grandes ciudades; la falta de implicación con lo público; la inmigración, que trae a España a personas cuyos hábitos son muy distintos a los de los nativos. Pero las prohibiciones van en ocasiones más allá de los consensos sobre lo que son conductas socialmente reprochables. La de la Comunidad de Madrid, que multará con entre 300 y 1.500 euros a quienes alimenten a animales salvajes (como pueden ser las palomas) ha sido la última hace unos días. Pero se suma a otras muchas normas cívicas que diversas ciudades han ido aprobando en los últimos años.

Lo que antes estaba regido por usos y costumbres ahora se explicita en bandos

Esta hiperregulación es contraproducente, en opinión del antropólogo Manuel Delgado. En este periódico ha escrito en varias ocasiones sobre la inutilidad de proclamar tan pormenorizadas normas de convivencia: “Se podría intuir que el llamado aumento del incivismo no es el resultado de un excesivo índice de libertad, sino todo lo contrario, de un aumento en los constreñimientos, de una desconfianza frontal ante cualquier apropiación del espacio público no fiscalizable o que no rindiera beneficios, y de la hostilidad contra las puestas en escena de los descontentos que toda sociedad no puede dejar de producir”.

Aunque está asumido que es necesaria una regulación y un cierto control sobre los actos de la vida colectiva, lo ideal, al parecer del sociólogo Jorge López, es que esta regulación se produzca a partir de “la propia responsabilización de los ciudadanos sin necesidad de imponer normas ni sanciones”. “Por otro lado, es absurdo intentar regular con normas lo que deberían ser conductas asumidas espontáneamente, ya que las que no se perciben como propias generan muchos efectos perversos. No se cumplen si no existe una autoridad externa que las sancione. Así, si no se da un proceso de educación paralelo que facilite la asunción de las normas, en el momento en que el mecanismo de castigo no está presente, se incumple”, relata.

La ordenanza de convivencia de Barcelona abrió la veda en 2005

La complejidad social creciente, sin embargo, hace necesario regular la interacción de los ciudadanos en opinión de la catedrática en sociología Marina Subirats, que era concejal del Ayuntamiento de Barcelona cuando se preparaba la ordenanza cívica, aunque salió del consistorio por no estar de acuerdo con el resultado final. “Cada vez hay más libertad individual. El contexto inmediato controla menos que antes. En los pueblos, si salías a la calle y hacías algo diferente del resto te criticaban, existía ese miedo al qué dirán. Esto era una forma de opresión fortísima, era peor una vecina que miraba por el balcón a cualquier multa. Ahora estamos en una sociedad mucho más libre que permite las variaciones individuales de conducta, con mucha menos presión del entorno porque a los vecinos ni los conoces o te da igual lo que digan”, asegura Subirats. Cree que las sanciones son en muchos casos necesarias, pero sin restar importancia a la información y a la pedagogía. “Es un doble juego: hay que explicar por qué una conducta está mal y, si se persiste en ella, multar”. Pone un ejemplo que le resultó muy adecuado en los parques nacionales de Estados Unidos: “Allí ves una pequeña planta y en un cartel se explica lo difícil que le ha sido crecer en un desierto y el valor biológico que tiene. A continuación añade que quien la arranque pagará tantos dólares”.

Muchos ayuntamientos tratan de ser pedagógicos de las formas más variopintas. El de Segovia remitió hace unos años cartas a todos los perros censados explicando la importancia de que fuesen atados y de que sus dueños recojan sus excrementos. El de Teruel repartió camisetas con normas cívicas en las últimas fiestas. El de Cornellá puso a pasear por el municipio a 12 educadores recordando a los ciudadanos normativas respecto al uso de adecuado de las papeleras, de los contenedores, o la limpieza de los parques. En Ibiza se repartieron en verano 12.000 folletos entre turistas y hosteleros en los que se les recordaba que está prohibido ensuciar, manchar o romper cualquier elemento público, beber alcohol fuera de los espacios permitidos, ofrecer o solicitar servicios sexuales en la calle, la venta ambulante de alimentos, bebidas u otros productos en lugares públicos y cualquier acto molesto que no permita el descanso de los vecinos.

Normas coercitivas sin concienciación no sirven de mucho, según los expertos

El problema es que este intento de educar a los adultos puede llegar tarde. La base, según Victoria Cardona, experta en educación familiar que recientemente ha publicado un libro sobre el tema (Un extraño en casa), es lo que los futuros ciudadanos interiorizan cuando son niños. “Los hijos aprenden por lo que ven. Ellos dejarán limpio su barrio, su ciudad, su entorno si ven que sus padres lo hacen y lo harán con libertad, sin que nadie les tenga que obligar. Un testimonio vale más que mil y una normas escritas”, asegura.

Cuando ya es tarde, los ayuntamientos buscan la solución a base de sanciones. También sucede que han llegado a España muchos inmigrantes que no tienen necesariamente las mismas pautas de comportamiento que sus vecinos. Mikel Aranburu, antropólogo de la Universidad de Barcelona, advierte de que no se puede generalizar, ya que mientras unos colectivos son muy visibles, otros pasan completamente desapercibidos. Sin embargo, la mayoría procede de países donde el espacio público está políticamente restringido, pero socialmente más abierto. “En muchos de ellos se puede organizar una celebración familiar en la calle (una boda o un funeral, por ejemplo) sin pedir permiso. En general hay una autorregulación social de la participación en el espacio público que se construye a partir del principio de una mayor tolerancia frente a las apropiaciones de este. En cambio, en los países europeos existe una mayor intolerancia frente a estos usos privados y, podríamos decir, invasivos del espacio público, aunque sean efímeros”, escribía en un artículo sobre civismo. En su opinión, que no haya conflicto es idealista e incluso negativo. “Es a partir del abordaje de conflicto donde se aprenden pautas. Esta hiperregulación hurta a los ciudadanos el resolver por sí mismos estas cuestiones, incluso de conflicto de unos con otros. La gente quiere vivir en un entorno absolutamente seguro con riesgo cero. Eso afecta a aspectos banales de convivencia en el espacio público”, asegura.

“Lo que se aprende de niños vale más que mil reglas”, dice una educadora

Todas las normas desplegadas por los municipios también tienen una vertiente legal. ¿Hasta qué punto pueden regular lo que pueden o no pueden hacer sus ciudadanos? Antonio Embid, doctor en Derecho Administrativo y especialista en normas locales, asegura que está dentro del ámbito competencial de los Ayuntamientos regular las normas de convivencia. Pero tanto él como Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, matizan que hay aspectos de la vida en los que quizás los consistorios vayan demasiado lejos, y que normas que regulan si las mujeres pueden o no llevar velo o burka por la calle deberían corresponder al Estado para que estuviese homologado en toda España. “Una ordenanza basta para los temas más cotidianos, pero creo que debe ser una ley la que regule asuntos que se han abordado desde el ámbito municipal como impedir a los vagabundos que estén en la calle, el burka o, incluso, la prostitución”, explica García Roca.

En Suiza, paradigma del civismo, las mascotas tienen menos restricciones

Más cercano que Singapur, un buen referente sobre normas y conductas puede ser Suiza, uno de los paradigmas del civismo en todo el mundo. Allí la concienciación sobre determinadas conductas respetuosas con los demás es enorme, pero también hay un catálogo de normas regulatorias. Son especialmente severos, por ejemplo, con los radares de tráfico. Pero funciona el doble juego del que hablaba Marina Subirats. En Berna, por ejemplo, si un policía ve a alguien arrojando basura al suelo o dejando los excrementos de su perro le amonesta para que lo recoja y solo procede a multarlo si no lo hace.

Todo lo relacionado con animales se está restringiendo y regulando cada vez más en España. En el país helvético su espacio no está tan acotado. Es más que frecuente encontrar perros en restaurantes, centros comerciales o transportes públicos, donde tienen incluso un billete especial. Sin embargo, están muy mal vistos los perros maleducados que alteran la convivencia con los humanos. La mayoría de los suizos dan por supuesto que quien tiene una mascota la ha educado y es capaz de hacerla vivir en sociedad. Por eso no les hacen falta normas que les prohíban estar sueltas o entrar en cualquier espacio público.