Aguirre intenta frenar la ‘marea verde’ con una denuncia sin base

La educación pública madrileña ha vivido cinco huelgas en un mes y tiene pendientes otras tres. Decenas de miles de personas se han echado a la calle en manifestaciones contra los recortes educativos de la Comunidad de Madrid, que no abre una negociación para solucionar el conflicto. Los directores alertan de que la pérdida de profesores interinos —entre 1.000 y 3.000, según distintas fuentes— pone en peligro la organización de los centros. Algunos aún no disponen de horarios definitivos en la quinta semana de clase.

Todo esto ocurre en la región pero ayer el asunto de mayor atención fue otro: el PP de Madrid convocó a los periodistas en la Agencia Tributaria. Presentó una denuncia por un posible fraude contra tres asociaciones que venden en sus sedes las camisetas verdes que se han convertido en símbolo de las protestas. Los populares piden “la apertura de un expediente sancionador” contra estas asociaciones por no pagar IVA ni Impuesto de Sociedades.

El presidente del Comité Jurídico del PP en Madrid, Salvador Victoria (que también es consejero de Asuntos Sociales del Gobierno regional), convocó a los medios en la puerta de la agencia. Posó para los fotógrafos con el documento. Pero solo entregó la primera página del informe — incluye unas 60, según indicó— con un resumen de los argumentos. El PP declinó facilitar la denuncia completa ante las reiteradas peticiones de este periódico.

Tres asociaciones —la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos y la asociación de vecinos de Palomeras Bajas— “comercializan” desde el verano “al por mayor y en monopolio” la distribución y venta de las camisetas verdes, según el resumen.

El texto deja en el aire varias cuestiones que tampoco aclaró posteriormente el PP a preguntas de este periódico. No especifica en qué artículos se ampara para reclamar un expediente sancionador. No indica qué personas aparecen en la denuncia y en calidad de qué son denunciados. La semana pasada, cuando el PP comunicó que interpondría denuncia ante la agencia y en “los tribunales”, aludió a que están implicadas “candidatas de IU en la lista de la coalición para el Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones municipales”.

El PP hizo este anuncio después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, aludiera al “negociazo” de las camisetas en el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que la consejera de Educación, Lucía Figar, señaló que “lo que no saben los profesores que compran las camisetas es que hay algunos forrándose”. Los aludidos, los sindicatos y la asociación mayoritaria de directores, han tildado esta actuación de “cortina de humo” o “matonismo político”.

El texto deja en el aire varias cuestiones. No especifica en qué artículos se ampara para reclamar un expediente sancionador, ni indica qué personas aparecen en la denuncia y en calidad de qué son denunciados

El resumen del PP tampoco aclara a qué se refiere con “al por mayor y en monopolio”. La denuncia “no es exacta al utilizar estos términos”, según valoró ayer José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Ténicos de Hacienda (Gestha) en una respuesta por escrito. Según Mollinedo “no se trata de una venta de mayoristas a tiendas y tampoco cabe hablar de monopolio porque el Gobierno no ha concedido a las asociaciones la venta en ese régimen”.

Tampoco aclara el PP si existen similitudes con la venta de papeletas para un viaje de fin de curso o de llaveros a los que tiene acceso cualquier consumidor en una convención política. Preguntado sobre si se podría reclamar el IVA a una peña de fútbol que vende camisetas, Salvador Victoria justificó ayer que esta se limita a “socios” y que, en el caso de la marea verde, se da “un volumen de facturación muy importante” que el PP cifra en “un mínimo” de 51.000 euros.

El PP reclama “en su caso” la “sanción accesoria” de pérdida de la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones públicas para los denunciados. Mollinedo y Javier Martín, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense, consideran que no procede esta sanción “referida exclusivamente a casos muy importantes relacionados generalmente con los delitos fiscales”. Ambos señalan que vender sin factura es una irregularidad que supondría una sanción administrativa en este caso, pero no un delito.