Recortes y pacto fiscal

El debate de política general que el pasado viernes concluyó en el Parlamento de Cataluña ha puesto de relieve la habilidad de Convergència i Unió para sustentar su mayoría relativa en muletas tan diversas e incluso incompatibles como el Partido Popular y Esquerra Republicana. En el primero se apoya para aplicar su política de austeridad presupuestaria y recortes sociales, en el segundo para presentar la panacea de estos males: un concierto económico similar al vasco o al navarro.

Mientras en la calle crecen las protestas por los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, desde el Gobierno catalán no cesan de martillear con la idea de que la injusticia desaparecería con un concierto económico que equilibrara el déficit fiscal. Con gran habilidad retórica, CiU mezcla ambos argumentos, como si uno fuera la solución del otro y como si la crisis no afectara a países que son fiscalmente soberanos, como sucede a lo largo de la Unión Europea. Los nacionalistas catalanes juegan deliberadamente a la ucronía, como si esto no pudiera suceder con una mejor financiación.

CiU vuelve a desempolvar su tradicional recurso victimista como argumento que le permite declararse, a la vez, prisionera de la herencia de déficit del tripartito y del actual modelo de financiación. Poco importa que el nuevo acuerdo haya aportado en 2009 a Cataluña 2.421 millones de euros más que el anterior —pactado entre CiU y PP— y que el déficit heredado del tripartito se deba, en buena medida, a la disminución de ingresos vía impuestos: precisamente el mismo problema al que se está enfrentando el Gobierno de Artur Mas para hacer frente a los pagos de septiembre y octubre. El consejero de Economía un día afirma que la independencia de Cataluña es desde el punto de vista económico perfectamente viable, mientras la víspera solicita la emisión de hispabonos por parte de la Administración central para todas las comunidades autónomas.

CiU ha jugado desde la transición democrática a esa doble baraja, al parecer consustancial a su nacionalismo. No obstante, desde que la sentencia del Tribunal Constitucional recortó sensiblemente el Estatuto de Cataluña, el verbo soberanista de la federación nacionalista se ha radicalizado. Ahí están sus referencias a una transición catalana cuyo punto de llegada no se concreta y al ejercicio del derecho a decidir, confusas expresiones ambas sobre un futuro que conduciría a una Cataluña independiente y cebo electoral para consumo inmediato.

CiU ha encontrado un filón político, tal como indican las encuestas de su institución demoscópica: el 75% de los catalanes se declara partidario del pacto fiscal, mientras un 42% votaría por la independencia si se sometiera a consulta. El descontento es un buen caldo de cultivo para fundamentar la hegemonía de CiU, pero la responsabilidad del gobernante obliga a mantener la cohesión social y a evitar las aventuras políticas, por más rentables que parezcan.