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Matas fracasa en su intento de apartar al juez del ‘caso Palma Arena’

La Audiencia rechaza su iniciativa de recusación

El expresidente del Gobierno de Baleares con el PP, Jaume Matas, -exministro de Medio Ambiente con José María Aznar-, seguirá siendo investigado por el juez José Castro por supuesta corrupción en el caso Palma Arena, al fracasar su intento de recusar al instructor por “antipatía personal”, “manifiesta imparcialidad” y “fobias políticas”.

La Audiencia de Palma de Mallorca rechazó el recurso de recusación de Matas por extemporáneo e inmotivado. El juez Castro es avalado de nuevo por la Audiencia en un auto contra el que no cabe recurso. Inicialmente el instructor -que se apartó de su trabajo mientras se decidía el recurso- también rechazó los motivos aludidos por el letrado del expolítico.

Matas está en libertad bajo fianza de tres millones de euros para evitar la cárcel. Al expresidente se le ha retirado el pasaporte, ha de comparecer periódicamente en la comisaría o ante un juez y tiene señalada una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones.

Mientras se encontraba trabajando en Estados Unidos se vio forzado a regresar a España, donde vive en Madrid y en sus pisos de veraneo en Sa Colònia, en Mallorca. Su polémica propiedad, un palacete de Palma, está en proceso inicial de subasta judicial por impago de los intereses de la hipoteca que Matas y su esposa Maite Areal firmaron -con el Banco de Valencia de Bancaja, ahora Bankia- para avalar la constitución de la fianza carcelaria.

El juez Castro trabaja en exclusiva en la instrucción de más de 20 piezas penales en que se ha dividido la causa que afecta a Matas, abierta por una denuncia anónima y por la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito y posibles acciones delictivas de Matas cuando fue presidente de Baleares por segunda vez (2003-2007).

José Castro afirmó en un escrito que los numerosos recursos de la defensa de Matas tenían la intención de "colapsar" su juzgado y "previsiblemente también a la Audiencia Provincial" con la intención de que "los juicios orales nunca puedan celebrarse". La tesis del supuesto obstruccionismo es compartida por otras fuentes de los tribunales de Palma.

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