El Gobierno reta al PP a aclarar qué hará con pensionistas y funcionarios

El Gobierno, tras consultar a los servicios jurídicos del Estado, se reafirma en no prorrogar los Presupuestos para 2012 y dejar que sea el Ejecutivo que salga de las urnas tras el 20-N quien decida sobre si mantener o retirar medidas tan impopulares como la rebaja en los sueldos de los funcionarios o la congelación de las pensiones. Según ha añadido el portavoz gubernamental, José Blanco, son los candidatos que se presentan a La Moncloa quienes deben explicar cuáles son sus intenciones sobre los recortes, ya que contarán con el tiempo necesario para modificarlos a través de decretos.

El Gobierno “en ningún caso puede condicionar la política económica” de quien vaya a relevarlo al frente de la Administración pública tras las elecciones, se ha justificado Blanco antes de destacar que por esta razón dejarán que los presupuestas cumplan con su ciclo vital y, tal y como prevé la ley, se prorroguen automáticamente el 1 de enero si antes el nuevo Ejecutivo no toma otra decisión.

La intención del Gobierno socialista, según ha añadido Blanco, es que sean los propios candidatos que se presentan a la presidencia quienes aclaren durante la campaña electoral qué piensan hacer con los presupuestos en caso de llegar a La Moncloa. Esta invitación encierra, en realidad, una petición al PP a que concrete si piensa mantener la congelación de las pensiones o el recorte en los salarios de los empleados públicos un año más. “No pueden esperar que otros decidan por ellos”, ha respondido el también ministro de Fomento a quienes desde el principal partido de la oposición reclaman al actual Ejecutivo que deje cerrado un tema tan controvertido y delicado como este.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Estaban González Pons, ha criticado la "irresponsabilidad" y la "frivolidad del Gobierno" al no presentar un proyecto de presupuestos. "Para que Rubalcaba no pierda más votos, los españoles estamos sin presupuestos, sin reformas y sin cambios", ha lamentado Pons.

Blanco: “En ningún caso vamos a condicionar la política económica del próximo Ejecutivo”

Blanco también ha revelado que la Abogacía del Estado, tras ser consultada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha emitido un informe favorable a la decisión de no prorrogar las cuentas. La previsión del Gobierno, que el próximo día 26 dará a conocer el calendario para la formación del próximo Ejecutivo, es dejar el tiempo necesario a su sustituto para que pueda decidir sobre las cuentas que fijan las decisiones de gasto en 2012. El propio Zapatero incluyó el dar un margen suficiente entre los argumentos que le habían llevado a elegir el 20-N para el adelanto electoral.

Para ello, el futuro Ejecutivo podrá adoptar por decreto las modificaciones que crea convenientes hasta el penúltimo día hábil del año, ya que las decisiones adoptadas por este medio entran en vigor al día siguiente de la publicación del nuevo texto normativo en el BOE.

La segunda opción que tendrá el futuro Gobierno es prorrogar las cuentas tal y como están y elaborar con más calma unos nuevos presupuestos a partir de enero. Ni la Carta Magna ni la Ley General Presupuestaria fijan un tope temporal para ese trámite durante el año en curso, aunque lo más lógico es que se haga en los primeros meses para que haya tiempo de aplicar las nuevas directrices.

En este caso, sin embargo, el Ejecutivo no puede cambiar nada y debe someterse a sus límites en cuanto a desembolso para políticas sociales o tasas. Pueden ampliarse, eso sí, las partidas cuyo crecimiento no depende de decisiones políticas, sino de su evolución natural. Por ejemplo, si aumenta el número de pensionistas -o los que se jubilan lo hacen con mejor prestación-, el capítulo destinado a pensiones se adaptará a las nuevas necesidades, aunque eso signifique gastar más que en 2011. Algo similar ocurre con los funcionarios, los desempleados o con el pago de la deuda, según la ley, que considera ampliables todos esos créditos.

Además, en cualquiera de los dos casos quien llegue al poder debe tener muy en cuenta que las cuentas de este año fijan un déficit del 6% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas, mientras que la senda de reducción comprometida en Bruselas obliga a reducir esa cifra al 4,4% en 2012. Inevitablemente, el nuevo Ejecutivo tendrá que aprobar rápidamente nuevos recortes (máxime si se tiene en cuenta que el 6% de este año probablemente se rebasará). Existen dos opciones, una rápida y la otra más lenta. La primera consiste en aprobar un decreto de no disponibilidad para inhabilitar algunas de las partidas incluidas de las cuentas de 2011 de forma que no lleguen a gastarse. La segunda supone esperar hasta la redacción definitiva de las cuentas de 2012 para incluir ya los nuevos recortes.

La prórroga presupuestaria más reciente en la historia política española se produjo en 1995, cuando el Gobierno de Felipe González agonizaba. El escenario era diferente porque entonces el Ejecutivo sí presentó a la Cámara un anteproyecto de Presupuestos que no logró sacar adelante. Eso precipitó las elecciones anticipadas y González presentó, al filo del año nuevo, un decreto de prórroga con algunas modificaciones. En este caso es al revés. Al convocarse elecciones anticipadas en apenas dos meses, el Ejecutivo renuncia a elaborar unas cuentas que gestionará en su integridad otro equipo, al que se le exigirá retratarse desde el primer minuto.