El PP evita apoyar en Madrid la cesión de competencias del Guadalquivir

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el decreto-ley por el que se modifica la ley de Aguas para que, entre otros asuntos, Andalucía se haga cargo de las funciones de policía hidráulica en la parte de la cuenca del Guadalquivir que se extiende por la comunidad. La reforma salió adelante con el apoyo de PSOE, CiU y PNV. El PP se abstuvo, aunque no entró al fondo del asunto, sino que esgrimió que no se dan las razones de urgencia y excepcionalidad para recurrir a la fórmula del decreto-ley.

Sin embargo, los populares habían apoyado este martes en el Parlamento andaluz la tramitación de la proposición de una ley orgánica en la que se reclama que la Junta asuma la policía de aguas y bastantes competencias más sobre el Guadalquivir. En esta proposición de ley —que deberá aprobar o rechazar el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20-N— se detalla que el Estado delegaría a la Junta, entre otros asuntos, “la gestión y protección de los recursos hídricos, el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico y sus zonas asociadas, la policía de aguas y cauces, la iniciación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores”.

Los socialistas no dejaron pasar ayer la oportunidad de afear al PP el cambio del sentido del voto. Según el PSOE, la abstención en el Congreso deja en evidencia a Javier Arenas, presidente de los populares en Andalucía, y demuestra que su apoyo era simplemente un gesto electoralista, informa Isabel Pedrote.

“Se han visto las verdaderas cartas de Arenas”, dijo el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, “y cómo el martes voto que sí a la proposición del Guadalquivir en el Parlamento andaluz con la boca pequeña”. Jiménez explicó que los populares andaluces son conscientes de que el decreto-ley es fundamental para que prospere la delegación de competencias que se pedirá mediante ley orgánica en el Congreso. “Forma parte de la solución y es vital para funcionar mientras se aprueba o no la delegación de competencias”, insistió Jiménez. “El PP de España ha dejado en evidencia a Javier Arenas, está claro que Mariano Rajoy, si llega al Gobierno, no va a atender la reivindicación andaluza”,

“El PP de España ha dejado en evidencia a Javier Arenas”, sostiene el PSOE

Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente del PP, Carolina González Vigo, comentó que su grupo ya dejó muy claro lo que quiere con su respaldo a la demanda del Guadalquivir. “Lo que tiene que hacer el PSOE es preocuparse de los proyectos inconclusos del río y dejar de liar”, señaló.

La delegación de competencias ha entrado ya de lleno en la batalla política. Los socialistas intentan buscarle a los populares las cosquillas con este asunto. Ayer consiguieron poner en evidencia las contradicciones entre el PP nacional y el andaluz. La formación de Arenas pugna desde hace años por mostrar su andalucismo y que se olvide su rechazo al primer Estatuto de autonomía a principios de los ochenta. Pero, en casos como el del Guadalquivir, afloran las discrepancias entre la dirección regional y nacional del PP.

Con todo, en el PSOE federal también hay dudas sobre la cesión de competencias, sobre todo, después de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo, por las que se anuló el traspaso que el Gobierno central hizo a la Junta en 2009.

Los populares critican la urgencia de la reforma de la ley de Aguas

Los dos grandes partidos saben que en materia de política de agua ninguno soportaría un tercer grado de coherencia. Quizá por eso, ayer el Congreso vivió un rápido debate de guante blanco para convalidar el decreto-ley. La ministra de Medio Ambiente, la cordobesa Rosa Aguilar, fue la encargada de defender en la tribuna el cambio legal.

Según Aguilar, la reforma de la ley de Aguas es una “modificación del sistema de gestión del agua en nuestro ordenamiento para dotarlo de mayor seguridad jurídica en lo que se refiere a las relaciones interadministrativas”. La ministra insistió en que no se rompe la unidad de cuenca porque Andalucía tenga las competencias de policía en su territorio (y el Gobierno en Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura) y que la reforma respeta la sentencia del Constitucional.

Pero el foco ayer estaba en el PP, que el día anterior había apuntado al voto en contra en la convalidación del decreto-ley. El diputado Arturo García Tizón, uno de los responsables en temas de agua, no entró en el fondo del asunto, sino que criticó la tramitación exprés de la ley: “La figura del real decreto-ley tiene que tener lugar cuando, según el artículo 86 del propio texto constitucional, concurran razones de excepcionalidad o de urgencia. No son términos sinónimos, tienen que ser circunstancias excepcionales y circunstancias urgentes”. García Tizón admitió que la reforma es “una cuestión de la suma importancia” y criticó que el ministerio no había dado “una mínima explicación”. Sobre la urgencia, sostuvo que no la había, ya que la reforma entrará en vigor el 28 de marzo de 2012. Finalmente, la modificación salió adelante con 182 votos a favor, cinco en contra y 150 abstenciones.