Cospedal debe las ayudas de dos meses a los dependientes

El Ejecutivo regional afirma que la partida estaba infrapresupuestada

Cospedal anuncia el plan de ajuste para Castilla-La Mancha
Cospedal anuncia el plan de ajuste para Castilla-La ManchaEUROPA PRESS

Mayo fue el último mes que José Luis Gómez Ocaña recibió la ayuda a la que tiene derecho por la Ley de Dependencia. Este profesor de Toledo comparte con su esposa el cuidado de sus dos hijos, de 8 y 15 años, que tienen una grave enfermedad degenerativa llamada síndrome de Tay Sachs. “Los niños necesitan ayuda para todo. Son grandes dependientes. En una casa como la nuestra, donde entra una sola nómina, necesitamos la ayuda, de unos mil euros al mes, para atenderlos”, afirma.

Su caso no es uno aislado. Como él, los 39.877 beneficiarios de una prestación por la ley en Castilla-La Mancha (los datos son del Ministerio de Política Social del 1 de agosto) hace dos meses que no ven un euro de lo que se les concedió. La deuda supera los 32 millones. “La situación es dramática”, afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. “A esos casi 40.000 hay que sumar otros 30.000 que tienen reconocido el derecho a una prestación, aunque aún no han recibido nada”, afirma.

Para Ramírez, la falta de pago es “una medida canallesca”. “En tres meses, la presidenta de Castilla-La Mancha [y secretaria general del PP], María Dolores de Cospedal, se ha cargado el trabajo en una comunidad que era una de las abanderadas en la aplicación de la Ley de Dependencia”, afirma. “Y, encima, atribuyéndose la fama de ser una buena gestora que presume de que va a recortar sin tocar los gastos sociales”, añade indignado.

Los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad indican que Castilla-La Mancha es —o habrá que decir mejor que era— una de las comunidades más aplicadas a la hora de evaluar y conceder las correspondientes ayudas a las personas en situación de dependencia. Casi el 2% de la población recibe una de estas prestaciones —unos 400 euros de media para los cuidadores informales u 800 si se trata del pago de un servicio como las residencias, indica Ramírez—. La media en España está en que el 1,54% de la población es beneficiaria de alguna de estas ayudas. “Los casos de las personas que están ingresadas son particularmente dolorosos. Temen que les vayan a echar por no pagar. Y si sabe algo de este tipo de personas, se puede imaginar el trastorno que les produce esta situación”, indica Ramírez.

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales admite que ha habido un retraso en los pagos, pero lo achacan al Gobierno saliente, del PSOE. “Las prestaciones económicas para dependientes de Castilla-La Mancha estaban infrapresupuestadas por el Gobierno anterior, lo cual complica mucho la gestión de pagos a este colectivo, ya que es necesario hacer continuas ampliaciones de crédito. Castilla-La Mancha apostó muy fuerte por la aplicación de la Ley y en muchas ocasiones no llegaba ni a los propios objetivos, muy por encima de la media nacional”, afirma un portavoz. “No hay suspensión de prestación, sino retrasos variables en función de todas estas circunstancias que, como ya avanzó el consejero portavoz hace días, vienen de muy atrás”, indicó. Como muestra de esta buena disposición indica que en los próximos días se hará el pago de la partida correspondiente al mes de junio.

Ramírez cree que el problema, sin embargo, tiene como origen la falta de interés del Ejecutivo regional. “Por lo que sabemos, el Consejero de Hacienda ha dado orden a todas las consejerías de reducir un 15% los gastos. Y en esta rebaja la dependencia ha dejado de ser una prioridad, para tener carácter ordinario. Eso quiere decir que tratan a los dependientes como si fueran unos proveedores más”, indica. El portavoz de la Junta lo niega. “La dependencia siempre ha sido una prioridad”, insiste.

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Pero Ramírez insiste en que si hubiera sido así, habrían encontrado una solución. Otras comunidades, como la Valenciana, también han tenido problemas con los pagos, pero han sido “solo demoras”, afirma el coordinador de la Plataforma por la Ley de Dependencia de la comunidad, Jaume García Vilar.

Mientras el asunto se resuelve, José Luis Gómez sigue sin saber cómo hacer frente a la atención de sus dos hijos. Ha escrito una carta como si fueran los niños los que se dirigen a Cospedal “a ver si así la convencen”, dice. “No podemos hablar, no controlamos los esfínteres, tenemos ataques convulsivos y muchos síntomas más”, describen los supuestos críos su estado. “Si no hay un milagro, nos iremos pronto”, afirman en referencia a que su esperanza de vida ronda los 17 años. “Solo esperamos que usted ayude [a nuestro padres] ahora, porque cuando nos hayamos marchado ya no les hará falta”, concluyen.

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