Santiago pide cuatro millones de crédito para pagar a proveedores

El Ayuntamiento de Santiago tendrá que recurrir a un crédito de cuatro millones de euros para hacer frente a parte de la deuda que el gobierno de la capital gallega ha contraido con sus proveedores. Se trata de “aliviar” la situación de muchas empresas que sirven al ayuntamiento y que, en algunos casos, llevan sin cobrar desde comienzos de año, explicó la concejala de Facenda, Cecilia Sierra. La deuda estimada con los proveedores asciende a unos 14 millones de euros, indicó la edil. A finales de junio la deuda reconocida ascendía a unos 10 o 12 millones de euros, a los que se pudieron sumar otros dos en estos meses, según los cálculos de Sierra, que recuerda que hay además facturas sin aprobar —pero a las que se les dará luz verde porque corresponden a gastos habituales como, por ejemplo, los de limpieza— que aún no se han contabilizado.

El gobierno local ha solicitado el crédito en el mes de agosto “porque no se producen ingresos”. La intención es devolverlo en los próximos meses, ya que entre septiembre y octubre se abonan dos de los impuestos con los que más recauda el Ayuntamiento: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas (IAE). En todo caso, el dinero de esta operación de tesorería a corto plazo se empleará en principio para pagar a las empresas y no para otros servicios del ayuntamiento.

La situación económica del Ayuntamiento aboca a la dirección económica a pedir un crédito de este tipo, explicó Sierra. “Santiago es la única ciudad de Galicia con remanente negativo de tesorería”, afirma. Así, la ciudad no puede acceder a un crédito a largo plazo porque no tiene más margen para endeudarse más ni a uno de los que ofrece la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que puso a disposición de los municipios el Gobierno central para pagar deudas que tienen con las pymes y los autónomos. Además, Santiago acumula una deuda bancaria de 66,2 millones de euros, la cifra más alta de las ciudades gallegas si se tiene en cuenta la media por habitante. La capital debe 698,5 euros por persona censada. Sierra se refirió también a esta cantidad que se adeuda a las entidades financieras como “un condicionante” para los presupuestos de la ciudad. “Hay 15 millones al año destinados a amortizaciones. Casi 30.000 euros al día para pagar deuda”, ejemplifica.

El nuevo gobierno local pedirá próximamente la realización de una auditoría de las cuentas de la ciudad, como anunció el nuevo alcalde, el popular Gerardo Conde Roa. Además, se fiscalizarán las empresas públicas de turismo, Incolsa, y de vivienda, Emuvissa. El PSOE local acusó ayer al alcalde de cesar a la directora gerente de esta última institución, María Carneiro, para “provocar la quiebra” de la empresa.