Un consejero valenciano propone el copago para agilizar la justicia

“Lo razonable y sensato es abrir el debate y lo vamos a plantear”, asegura Cabré La aprobación de la propuesta exige modificar al menos dos leyes El Consell no tiene competencias para establecer esta nueva tasa

El consejero de Justicia, Jorge Cabré, ayer en la Ciudad de la Justicia de Castellón.
El consejero de Justicia, Jorge Cabré, ayer en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Ángel Sánchez

Primero fue la sanidad y la educación. Ahora el debate del copago ha irrumpido sobre la administración de justicia de la mano del nuevo consejero. “Lo razonable y lo sensato es abrir el debate y los vamos a plantear”, dijo ayer convencido Jorge Cabré durante una visita a la Ciudad de la Justicia de Castellón. La fórmula en este caso vendría en forma de tasa extra a pagar por aquellos ciudadanos que hicieran uso de la justicia y que, según el consejero, son los menos. “La justicia es un servicio público diferente a la educación y la sanidad, donde se va a diario, en justicia hay personas que jamás hacen uso, es más bien excepcional”, dijo. Es por ello que se muestra seguro de que este copago en lugar de generar rechazo sería bien acogido por la ciudadanía. “Estoy seguro de que cuando alguien va a presentar un pleito quiere agilidad y no les importaría abonar una tasa para ello”, aseguró el consejero de Justicia.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que es "muy pronto" para hablar sobre la posible aplicación de este impuesto. El jefe del Consell ha indicado que es "un poco prematuro hablar de cualquier posibilidad de tener que aplicar alguna tasa" y ha señalado, en conferencia de prensa, que antes, en su opinión, hay que resolver "otras cuestiones", por ejemplo, la "mejora" del sistema de financiación estatal.

Otra cosa es la justicia gratuita. Pese a las continuas demandas de la abogacía por los retrasos de la Generalitat en el pago de los salarios, Cabré sostiene que estas cuotas no afectarían a las personas con pocos recursos que se acogen a este sistema. El debate es para el resto. “¿Por qué no lo podemos plantear? La idea parece novedad pero no lo es, debemos explorar si se puede llegar a esta situación”, expuso el nuevo responsable de justicia que asegura además que se trata de una realidad de la que se viene hablando “pero todavía no de una forma acuciante”.

El nuevo consejero de Justicia, Jorge Cabré, tiene toda la intención de llevar el debate al ámbito nacional. De hecho, la Generalitat no tiene competencias para instaurar este tipo de tasa o cuota. “Requiere como mínimo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la de Enjuiciamiento Criminal”, explican desde la abogacía.

“No hablamos de una propuesta formal sino de que ha llegado el momento de abrir el debate entre comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los colegios de abogados… Las aportaciones de todos deberán determinar si procede el pago de una tasa”, insistió. El consejero sí se atrevió a dar su “opinión personal”. “Creo que es una vía que desde luego se tiene que explorar, llevamos mucho tiempo hablando de carencias, y se tiene que abrir un debate nacional”.

Por el momento, esta reflexión ya se ha planteado en otras comunidades. El presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, afirmó en febrero que no era admisible que la Administración de justicia operara sin tasas y habló abiertamente de instaurar el copago para mejorar el servicio.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Por otro lado, el CGPJ ha avalado el anteproyecto de Ley para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos que, de aprobarse, implicaría la supresión de trámites considerados innecesarios pero también el pago de cuotas más altas para presentar recursos.

“En la actualidad los ciudadanos ya tienen que pagar tasas para recurrir fallos, pero son simbólicas”, explica el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, para quien la propuesta de Cabré se aleja de este proyecto de ley. No obstante, es favorable al debate. “Si eso va a redundar en una mejor calidad de la justicia podría estudiarse, siempre y cuando el importe a pagar sea asequible, no supusiera una merma de los derechos ciudadanos y realmente revierta en una mejora”, afirmó. En todo caso es favorable a que se abra una reflexión porque, apunta, en 2010 se tramitaron en el ámbito judicial unos diez millones de asuntos “cuando en Francia con veinte millones más de habitantes se tramitaron solo seis millones”, dijo. En el ámbito autonómico, la última memoria del Tribunal Superior de Justicia valenciano recoge, en el caso de Castellón, esperas de más de un año para señalar juicios.

Por todo ello el consejero de Justicia se refirió también a la posibilidad de realizar un cambio en las competencias, en la línea de lo manifestado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. “Queremos todo lo que podemos gestionar bien, pero si es imposible y ellos pueden hacerlo mejor, que lo hagan, no se trata de acaparar competencias. Habrá que plantearse qué administración lo puede gestionar mejor”, aseguró.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS