Oscuro dictamen

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España correspondiente a 2011 ratifica el diagnóstico de la economía española. Con fecha de 7 de julio, el informe da la impresión de haber sido redactado hace meses. Si esta renovada institución desea que sus dictámenes sean útiles, deberá hacer un mayor esfuerzo por penetrar en la realidad económica y financiera de los países y producir sus análisis con la suficiente celeridad, además de hacer hincapié en las dificultades específicas para concretar las decisiones fáciles de identificar.

El informe destaca favorablemente que el Gobierno haya asumido en los últimos 12 meses decisiones destinadas a fortalecer la confianza de los mercados financieros. No comenta, sin embargo, la constatación de que, al igual que ha ocurrido en otras economías, esa confianza no solo no ha llegado, sino que, a tenor de las primas de riesgo que está soportando en estos días, los mercados parecen exigir algo más que el simple adelgazamiento de los presupuestos públicos.

El crecimiento económico español, necesario para el definitivo saneamiento financiero, es anémico. Destaca su único sustento en las exportaciones, insuficiente para compensar el desplome de la demanda interior y para eludir el contagio de la inestabilidad dominante en los mercados de deuda soberana de la eurozona. En la identificación de los retos que afronta la economía española el Fondo tampoco es muy original. La débil productividad y un mercado de trabajo disfuncional son los más destacados. Y aunque comparte la agenda política de reformas definida por el Gobierno, los expertos de la institución reclaman mayor determinación en la consecución de la sostenibilidad fiscal, en la reestructuración del sistema financiero y en las reformas del mercado de trabajo. Para todo ello, sugieren la consecución de un amplio respaldo político y social. Ahí es nada.

Es en este punto en el que hubiera merecido la pena hacer hincapié. La situación de extrema gravedad que desde hace más de un año sufre la economía no ha encontrado amparo suficiente en el entendimiento de una clase política, más pendiente de las encuestas electorales que en arrimar el hombro para evitar el ascenso del paro y las pérdidas de bienestar de los ciudadanos. La reforma del sistema financiero o la disposición de un marco clarificador del saneamiento del conjunto de las Administraciones públicas son ámbitos que hubieran justificado un acuerdo básico. Pero el juicio del Fondo no alcanza a la calidad de las instituciones, a la capacidad de las organizaciones políticas para fortalecer la confianza, aspectos que, cada vez en mayor medida, la evidencia revela como esenciales en la asunción de retos tan complejos como los suscitados por esta crisis. Al Fondo tampoco le fue posible sugerir acciones en esta tortuosa transición hasta la constitución del Gobierno que surja de las próximas elecciones generales.