El fiscal pide que vayan a prisión tres inspectores de la trama de Hacienda

A José Luis Núñez y su hijo les reclama que acudan al juzgado cada 15 días

osé Luis Núñez, ayer, al llegar a la Audiencia de Barcelona, junto a su abogado, Cristóbal Martell.
osé Luis Núñez, ayer, al llegar a la Audiencia de Barcelona, junto a su abogado, Cristóbal Martell. TEJEDERAS

La fiscalía solicitó ayer prisión incondicional para tres inspectores condenados por la trama de corrupción de Hacienda de Cataluña para asegurar que no huirán tras conocer la sentencia de la Audiencia de Barcelona que les impone duras penas por cohecho, falsedad, prevaricación y omisión del deber de perseguir determinados delitos. El fiscal también reclamó del tribunal sentenciador que imponga medidas cautelares a otros cuatro condenados. Entre ellos, el expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez y su hijo, para quienes solicita que comparezcan cada 15 días en el juzgado y entreguen el pasaporte con el fin de verificar su presencia en España.

A los pocos minutos de que el pasado jueves que se hiciera pública la sentencia, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey pidieron una vista a la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona para reclamar esas medidas cautelares, sin esperar a que se resuelvan los recursos ante el tribunal Supremo. Y eso es lo que hicieron ayer los jueces, que empezaron a deliberar al mediodía y que muy posiblemente no harán pública su decisión hasta el próximo lunes.

Huguet, Pernas y Abella fueron condenados a 13, 12 y 11 años de cárcel

“Queden ustedes localizables en los términos en los que ya lo están para esta sala”, les espetó a los acusados el presidente del tribunal, Andrés Salcedo, al finalizar la vista, que duró dos horas. Fuentes judiciales interpretaron las palabras del magistrado como un anticipo de que el tribunal no accederá a la petición de encarcelamiento que solicitaba el fiscal y que podría imponer importantes fianzas a los tres inspectores.

En el transcurso de esa vista, celebrada a puerta cerrada, el fiscal solicitó prisión incondicional para Josep María Huguet, máximo responsable de la inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, así como para los inspectores Álvaro Pernas, jefe de la unidad encargada de la promoción y venta inmobiliaria, y para Manuel Abella, adscrito al mismo departamento.

La Audiencia de Barcelona no hará pública su decisión hasta el lunes
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Huguet, Pernas y Abella han sido condenados a penas de 13, 12 y 11 años de prisión, respectivamente. En el caso de Pernas, fuentes judiciales consideran que podría haber huido, pues el jueves no se presentó a la vista pública de lectura de la sentencia y ayer tampoco acudió. Sin embargo, ha trascendido que ha presentado un documento excusando su ausencia porque se encuentra en República Dominicana recibiendo tratamiento médico por el cáncer que sufre, que se halla en estado avanzado.

Fuentes judiciales restaron credibilidad al documento y recordaron que Pernas es el único inspector que ya había sido condenado a otra pena de 10 años de cárcel, precisamente en una pieza separa del mismo caso.

El proceso ahora sentenciado se inició en 1999 y acabó con las aspiraciones a La Moncloa del candidato del PSOE, Josep Borrell, que dimitió porque siendo Secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Huguet y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado, pero eludió el banquillo.

El fiscal también solicitó ayer prisión eludible con 50.000 euros para el inspector Roger Bergua, condenado a nueve años. Del mismo modo, reclamó que el asesor fiscal Juan José Folchi, condenado a siete años y medio de cárcel, deposite una fianza de 300.000 euros y que Salvador Sánchez Guiu, asesor fiscal de las empresas del grupo Núñez y Navarro, se presente también cada 15 días en el juzgado y entregue el pasaporte.

El expresidente del FC Barcelona, su hijo y el asesor fiscal han sido condenados a penas de seis años de prisión cada uno. Cristóbal Martell, abogado de José Luis Núñez, así como el resto de defensas, rechazaron la petición del fiscal por desproporcionada. También recordaron que sus clientes no huyeron antes del juicio, cuando sabían que el fiscal solicitaba para ellos penas muy superiores a las que finalmente les ha impuesto el tribunal.

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