El PP envía al Gobierno la pelota para resolver el déficit autonómico

El ambiente preelectoral impregna todas las reuniones políticas de las últimas semanas. También la de ayer en la calle Génova, sede del PP. La mayoría de los barones populares, aunque no todos, apuesta por un adelanto electoral. Ese fue uno de los comentarios más escuchados. Y muchos tienen la sensación de que el Gobierno está intentando forzar a las autonomías del PP a que tomen decisiones drásticas de recorte de gasto que supongan un coste político fuerte, como está sucediendo en Cataluña, para poder decir en campaña electoral que el PP hará recortes aún más duros que el PSOE si llega al Gobierno. Tal vez por eso ayer Mariano Rajoy decidió trasladar al tejado del Ejecutivo esa pelota, que sea él quien asuma el coste de arreglar el déficit autonómico.

El líder del PP reunió a casi todos sus 11 barones —faltó Pedro Sanz, de La Rioja, y el valenciano Alberto Fabra, que estaba siendo investido— y concluyó con un mensaje político que resumió el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la salida: “Si el Gobierno no quiere cumplir el sistema de financiación, no es razonable que le pida a las autonomías que cumplan un déficit imposible. Si el Gobierno cumple el acuerdo de financiación, entonces todos nos tendremos que poner de acuerdo para cumplir el déficit público”.

Varias comunidades del PP van a quedar lejos del 1,3%, contra el discurso de Rajoy

Antes, el PP había hecho público un comunicado en el que todos sus barones piden al Gobierno que aplace 10 años las devoluciones que las autonomías le deben porque les anticiparon erróneamente más dinero del que finalmente les correspondía. Ya lo hicieron el año pasado por estas fechas. Es una forma de pedir árnica al Ejecutivo y trasladarle la responsabilidad. El Gobierno les dio cinco años para devolver ese dinero. En realidad, el efecto este año sería muy similar al de exigir más dinero. Las cantidades que las autonomías tienen que devolver se descuentan de lo que el Estado les da cada mes para pagar los servicios sociales y demás. Si se alargara el plazo de devolución, el Estado restaría a partir de enero de 2012 la mitad de lo que tenía previsto, lo que supondría una entrada de mucho más dinero en sus arcas, que podrían así bajar el déficit sin asumir el coste político de recortes muy duros, similares a los de Cataluña.

En cualquier caso, el planteamiento del PP de una mayor moratoria, ya descartado por el Gobierno tanto el año pasado como este, anuncia para hoy un Consejo de Política Fiscal y Financiera a cara de perro. Los populares insisten en el documento hecho público ayer en que están dispuestos a hacer un esfuerzo para reducir el déficit y cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero antes quieren que el Gobierno se comprometa.

No solo a la moratoria, también a “establecer un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica”. Esto es, en contra del discurso de Rajoy contra el aumento de la deuda, las autonomías del PP piden poder endeudarse más pero avaladas por el Estado.

Hay otra contradicción evidente con el discurso oficial de Rajoy en lo que se dedujo de la reunión de ayer. Varias comunidades del PP, en especial Castilla-La Mancha —pero hay otras— están dando por hecho que no cumplirán ni de lejos el objetivo de déficit del 1,3%. La autonomía de Dolores de Cospedal roza ya el 5% ahora. Rajoy ya ha asumido esta realidad, aunque no públicamente. Mientras el líder escapaba de nuevo de los medios por una salida lateral de la sede al final de la reunión, Esperanza Aguirre lo admitía abiertamente: “Algunas no podrán cumplir el objetivo del déficit, pero menos aún si el Gobierno no cumple sus obligaciones”, sentenció. Madrid sí cumplirá, pero Aguirre planteaba esa realidad contradictoria con el discurso oficial que Rajoy ya ha asumido a pesar de que afecte nada menos que a su secretaria general.

El documento del PP insiste en trasladar prácticamente toda la responsabilidad al Gobierno: “La gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros. Por tanto, los niveles de deuda son responsabilidad del Gobierno”, se insiste.