Las comunidades del PP cuestionan que la Justicia sea competencia autonómica

La crisis económica y el cambio de color político en la mayoría de las comunidades tras el 22-M —el PP ya gobierna en 12 de las 17 autonomías—, ha reabierto el debate sobre el Estado de las autonomías. Tres comunidades del PP plantean que la Justicia, una competencia que absorbe muchos recursos y da escaso rédito electoral, no debe ser autonómica: Murcia y Castilla-La Mancha rechazan asumir su gestión y Madrid se plantea devolverla.

Los populares dieron un primer paso en este sentido al señalar la grave situación de las cuentas autonómicas, de la que responsabilizan al PSOE, para justificar futuros recortes de servicios regionales. Ahora varias comunidades gobernadas por el PP piden rebajar las competencias autonómicas que más merman sus arcas en plena crisis.

Murcia y Castilla-La Mancha —dos comunidades señaladas por el Gobierno central porque ya en marzo habían utilizado el grueso del margen de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda para todo 2011— se han escudado en la crisis para no tener que asumir ahora las competencias en materia de Justicia, pese a que éstas van acompañadas de más dinero para las arcas regionales. E incluso la Comunidad de Madrid, una de las que mejor han cumplido los objetivos de déficit en 2011, se plantea renunciar a esas competencias, que tiene desde hace ocho años.

Murcia y Castilla La Mancha se han escudado en la crisis para nos asumir la competencia

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ya lo sugirió el 8 de julio, cuando en una conferencia en FAES pidió un pacto de estado entre PP y PSOE para recortar competencias autonómicas. Allí se le unió la nueva presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

“Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos años, sin que eso haya supuesto más eficacia en la gestión”, justificó Aguirre. Desde entonces, su Gobierno ha dado otros pasos en esa dirección. La nueva consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha creado una comisión mixta con el Tribunal Superior de Justicia, que debe elaborar una radiografía de la situación antes de octubre. El objetivo es “hacer una reflexión sobre porqué la importante aportación en recursos materiales, tecnológicos, humanos y presupuestarios realizados por el Gobierno autonómico no han visto un reflejo en las expectativas de los ciudadanos respecto a la Justicia”, explica la consejera. Esto permitirá al Gobierno madrileño decidir este otoño si puede solucionar la situación o si debe plantear al Ejecutivo de Zapatero la devolución de la gestión. En ese caso, deberá, además de lograr un acuerdo con él, reformar el Estatuto de Autonomía, donde están establecidas las competencias y necesitará de la oposición (ahora el PSOE) para alcanzar la mayoría necesaria.

Esta comunidad ya tuvo que paralizar el año pasado la Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 15 majestuosos edificios, que tenía previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragar las obras.

Esperanza Aguirre ya había sugerido un pacto entre PP y PSOE para recortar competencias autonómicas

Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), ha decidido aparcar el traspaso de Justicia, que debía sellarse el 31 de julio, hasta que amaine la crisis, según reveló ayer el diario La Verdad. La situación financiera autonómica, con una deuda de 2.106 millones de euros (7,4% del PIB regional), explican el frenazo, según el Gobierno murciano, pese a que estaba previsto el trasvase de 70 millones. Valcárcel no puede culpar al Gobierno anterior de la situación económica, como han hecho este último mes algunas de las nuevas comunidades gobernadas por el PP, porque lleva 16 años al frente de la región. Pero Murcia no está nada boyante, aunque solo admite pagos pendientes a proveedores por valor de 1.000 millones, la mitad de lo que denuncia el PSOE, allí en la oposición.

También la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que además es la secretaria general del PP, anunció ayer que no es el momento “más apropiado” para consumar el traspaso de las competencias a su comunidad. “Teniendo en cuenta la situación económica del país y de Castilla-La Mancha, este proceso va a tener que ir en sus tiempos”, afirmó. “No lo descartamos, pero no son tiempos de mudanza”.

Castilla-La Mancha no gestiona aún esta materia porque el expresidente socialista José María Barreda no logró cerrar un acuerdo económico con el Gobierno central para asumirla. En el contexto de precariedad económica que ha denunciado la nueva presidenta manchega tras el 22-M —más de 7.455,7 millones de euros de deuda y 2.606,7 millones de euros en facturas y obligaciones pendientes—, aumentar las competencias, que van unidas al mantenimiento de sedes judiciales, funcionarios y otros capítulos de gasto, supone reducir aún más el presupuesto regional. Además, cuando apenas quedan ocho meses para las elecciones generales, si es que no hay adelanto, Murcia y Castilla-La Mancha prefieren esperar para mejorar las condiciones del traspaso, ya que previsiblemente tendrían que negociar con un Gobierno de su propio partido.