Cospedal envía a Salgado pruebas de un déficit que cuadruplica el permitido

La principal crítica que se le hizo a Dolores de Cospedal cuando aseguró que las cuentas que se había encontrado eran mucho peores que las anunciadas fue su frivolidad. Se le exigió que hablara con los datos encima de la mesa. Ella se mantuvo en la denuncia política, sin mostrar un informe oficial. Hasta ayer.

El Gobierno que preside Cospedal ha pasado ya la siguiente fase y ha enviado a la vicepresidenta Elena Salgado un informe oficial, elaborado por la Consejería de Hacienda con datos de la Intervención General y la Tesorería, en el que se pone negro sobre blanco la cantidad que, a 30 de junio, tiene la Administración regional en concepto de “Facturas y otras obligaciones totales”.

Son 2.606,7 millones de euros, casi 2.000 más de los 700 que había reconocido la anterior Administración, del socialista José María Barreda, y casi 900 más de los que la propia Cospedal había anunciado la semana pasada.

Las obligaciones pendientes de pago a 30 de junio son de 1.777,5 millones

El informe de tesorería, el más dramático de todos, señala que el dato contable de las “obligaciones contraídas pendientes de pago” a 30 de junio es ese de 1.777,5 millones de euros que se avanzó el jueves pasado. Pero además, el informe añade una nueva categoría, “facturas pendientes de contabilizar”, que detalla en una de las hojas, y que alcanzan los 829 millones de euros. Se trata de facturas sobre “materiales, suministros”, otras de “reparación y mantenimiento”, “atención sanitaria a ajenos”, o “transferencias corrientes a corporaciones locales, a empresas privadas, a familias e instituciones sin fines de lucro”. El dato aún más impactante llega cuando la tesorería señala cuánto dinero tiene la Junta en los bancos. A 30 de junio, siempre según este informe, el saldo es de 36,8 millones de euros.

También es especialmente complicada, según el informe, la situación del déficit, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos durante el año. El informe lo divide en dos categorías: en términos presupuestarios o de contabilidad nacional, dos maneras de analizar las cuentas de forma estandarizada. Con el criterio presupuestario, más negativo, las obligaciones reconocidas llevarían el déficit al 4,2% y el “gasto real” hasta el 6,4%. Con el criterio de la contabilidad nacional, las obligaciones reconocidas lo subirían hasta el 3,24% y el gasto real lo elevaría hasta el 4,9%.

El Gobierno central dice que la presidenta debe hacerse cargo de la herencia

Cualquiera de estas cifras se aleja muchísimo del 1,3%, déficit máximo permitido para todo el año por el Ministerio de Hacienda, que no permite endeudarse a quien lo supere.

Con la cifra más ajustada, la del 4,9%, Castilla-La Mancha prácticamente estaría multiplicando por cuatro lo que le permite Hacienda. Desde el PSOE regional se insiste en que la cifra del déficit es fluctuante y depende mucho de los ingresos que lleguen del Estado en ciertas épocas del año, con lo que no tiene sentido dramatizar en un momento concreto. Ayer, el PSOE contestó al informe señalando que “mezcla las cosas para tener una excusa” para los recortes.

En cualquier caso, y dada la gran diferencia entre el déficit reconocido y el autorizado, estas cifras auguran que Cospedal tiene dos opciones: o admite que no cumplirá el objetivo de déficit a final de año, algo contradictorio con el discurso oficial del PP, o plantea un recorte brutal para alcanzar ese objetivo, ya que la tercera opción, aumentar los ingresos subiendo los impuestos, ya ha sido descartada. Y la última, la de que el Estado resuelva el problema con un ingreso extraordinario, tampoco parece probable en un momento de recorte generalizado. Incluso en la deuda, en la que parecía no haber dudas, el informe añade a los 6.267 millones reconocidos por Barreda otros 988 como “endeudamiento no consolidado”.

Este informe debería servir para preparar la reunión entre Cospedal y Salgado que la primera ha pedido y que aún no tiene fecha, mientras se acerca el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio en el que asunto de cómo cumplir con el objetivo del déficit será la cuestión fundamental. Sin embargo, la tensión política hace poco probable esa reunión entre las dos implicadas. El Gobierno insiste en que Cospedal, que ganó las elecciones, debe asumir su responsabilidad, hacerse cargo de la herencia y reducir el déficit hasta el 1,3 permitido, lo que supondría un coste político similar al que ha sufrido CiU en Cataluña.