"El propósito de los trajes era ganarse, con el agasajo, el favor de los obsequiados"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJV) valenciano confirma en su auto de procesamiento contra la cúpula del PP valenciano, que el objetivo de los trajes, zapatos y otras prendas de vestir regalados a estos por las empresas de Francisco Correa era "el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". La decisión del juez José Flors, contra la que no cabe recurso alguno, ordena que comience la fase de juicio oral para los cuatro, que ya no son imputados sino acusados, y exige una fianza.

El auto recuerda los argumentos que esgrimió el fiscal para llevar al banquillo a los cuatro imputados por la causa de los trajes. El Ministerio Público pidió abrir un juicio contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, el ex número dos en el Gobierno valenciano, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. El fiscal les imputa cuatro delitos de cohecho continuado, basándose en las declaraciones de José Luis Peñas, exconcejal del PP que en 2007 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el caso Gürtel.

El juez Flors ordena que comience la fase de juicio oral para los cuatro dirigentes del PP, que ya no son imputados sino acusados

La resolución del Tribunal de Justicia valenciano, de 22 páginas, repasa asimismo los motivos expuestos por las defensas para pedir el archivo de las causas, y las desestima. El abogado de Camps aseguró que el presidente “nunca recibió regalos” de Orange Market, franquicia valenciana de la red de Francisco Correa. El letrado de Campos, por su parte, insistió en que su defendido pagó las prendas a Álvaro Pérez, El Bigotes, con quien –según reza el texto- le unía una amistad. El defensor de Ricardo Costa, recurrió a la “intrascendencia penal de los hechos”. El abogado de Betoret, en cambio, se limitó a decir que las acusaciones imputadas a su defendido “no fueron constitutivas de delito".

En el apartado de “hechos justiciables”, el tribunal destaca la estrecha relación entre Orange Market y el Gobierno de Francisco Camps. La firma de la trama se benefició de “numerosos contratos” del Ejecutivo valenciano, entre los que destacó la organización del stand de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo FITUR. Esta relación mercantil se tradujo en contratos de cerca de 8 millones de euros entre 2005 y mayo de 2009. El auto repasa también la relación de Orange Market con otras de las firmas de la trama, controladas por el ex secretario general del PP gallego, Pablo Crespo, y el cabecilla de la red, Francisco Correa. Entre estas firmas aparecen Easy Concept, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral.

El fiscal les imputa cuatro delitos de cohecho continuado

Las visitas de El Bigotes y Crespo a las tiendas de Milano en Madrid, así como las de otros integrantes de la red también merecen una mención en el auto, que sostiene que los miembros de la trama corrupta frecuentaron el establecimiento donde trabajaba el sastre José Tomás, en la calle Serrano de Madrid. Pérez y Crespo se mantuvieron fieles al sastre cuando este cambió de trabajo a la tienda Forever Young, donde Pérez mantenía una cuenta abierta en la que presuntamente se abonaron las prendas que recibieron los miembros de la trama.

Los trajes de la discordia

Los imputados acudieron entre 2005 y 2008 a los citados establecimientos a por trajes a medida, calzado y otras prendas (solos o acompañados por El Bigotes). El auto recuerda, incluso, que el sastre se desplazó a Valencia para enseñarle a Camps el muestrario de telas y tomarle medidas. El presidente de la Generalitat se quedó todos los trajes ofrecidos, menos cuatro que devolvió “porque no le venían bien”, según el auto.

El tribunal destaca la estrecha relación entre Orange Market y el Gobierno de Francisco Camps

La acusación recuerda el importe de los regalos de los que se beneficiaron los imputados: Camps (14.021 euros), Ricardo Costa (7.325), Rafael Betoret (13.499), y Víctor Campos (5.529). El precio fue abonado por Crespo con cargo a las sociedades de la trama. Las facturas las emitía Tomás. En los fundamentos jurídicos, el auto contempla como indicios la declaración de Tomás, que ha asegurado insistentemente que Campos no pagó los trajes, así como los tiques de caja.

Contabilidad irregular

El juez ha admitido como prueba los documentos contables de las empresas, a pesar de su "irregularidad", que queda especialmente destacada en el texto. El auto subraya que en este momento del proceso no cabe plantearse si existe o no "pruebas de cargo" que puedan ser "idóneas para una condena", como alegó la defensa, sino simplemente comprobar si existen o no datos indiciarios para mantener una acusación fundada. Y llega a la conclusión de que sí existen.

Señala, sobre los mismos, que los documentos intervenidos para la investigación "no responden al modelo de una contabilidad comercial llevada con el rigor y la seriedad" adecuados, sino que más bien tratan de no evidenciar "la irregularidad de su comportamiento" ni ante los propietarios de los establecimientos comerciales, ni ante los clientes, "ni tampoco, obviamente, ante terceros".

Dádivas a cambio de favores

La conducta de cada uno de los acusados podría ser constitutiva de "delito continuado de cohecho pasivo impropio", según el documento del TSJV, tipificado en el artículo 426 del Código Penal, que castiga "la conducta de la autoridad pública que admitiere dádiva o regalo" recibidos en por el cargo que poseen. El juez considera que todas las prendas de vestir que recibieron son "dádivas", de acuerdo a ese artículo, y que los regalos no se hicieron "por pura y exclusiva relación de amistad", sino que fueron realizados por empresas con "importantes intereses económicos".

Los agasajados aceptaron que "un tercero interesado en la adjudicación de contratos" pagase los trajes

Los agasajados eligieron y aceptaron que el pago de los trajes "fuera satisfecho por un tercero" interesado "en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat valenciana". "No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor de nada menos que del presidente y del vicepresidente de una Comunidad Autónoma", dice el auto, "puede ser de una influencia determinante".

Costas, de nuevo imputado

El juez Flors mantiene la imputación y ordena el procesamiento de Ricardo Costas y así lo hace señalar, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2010 que consideraba que la conducta de Costas podía atribuirse a su condición de alto cargo del PP y no como miembro del Gobierno de la Generalitat, como señala el auto. El tribunal rechaza también la petición de sobreseimiento con base a la prescripción de los hechos para José Víctor Campos, para quien, como en el caso de Costas, se ordena el procesamiento.