Temor a la nueva ola de recortes en Murcia

“Hicimos los recortes para que se nos autorizara más endeudamiento, se nos autorizó y no nos planteamos más”. Estas fueron las palabras del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), cinco días después de ganar por amplia mayoría absoluta las elecciones del 22-M y al ser preguntado por los efectos que tendrá en Murcia el Plan de Reequilibrio Financiero. Lo tuvo que presentar ante el Ministerio de Hacienda días antes de los comicios para incrementar la deuda pública murciana en 700 millones. Mientras, la agencia de calificación Moody’s insiste en que Murcia se ha desviado de los objetivos de déficit para 2010 y le augura “dificultades para cumplirlos en 2011 y 2012”. La comunidad acumula una deuda pública de 1.441 euros por persona en una región con el 25% de paro.

El nuevo endeudamiento lo necesitaba el Gobierno murciano para pagar a los proveedores y subcontratas, a los que debe más de 2.000 millones que no se pueden abonar a tiempo por la fortísima caída de ingresos que han provocado la crisis y el parón en el sector de la construcción, boyante en Murcia hace solo cuatro años. Aunque la región ha reducido un 16% su gasto en los últimos tres meses, según el Banco de España, los contratistas de obra pública, los proveedores y colectivos empresariales insisten en la queja: la deuda de la Administración regional les asfixia.

Pocos empresarios aceptan exponer sus críticas identificándose públicamente. Paco, uno de ellos, está a la espera de cobrar tres millones desde hace un año y medio. Ha tenido que vender algunas de sus propiedades. “Quiero cobrar pero no puedo darle más publicidad a este asunto si quiero seguir trabajando en la región”, asegura.

El ahorro en gasto de personal puede suprimir 3.500 empleos públicos

Los farmacéuticos sí dieron un paso adelante, por ejemplo, y amenazaron a Sanidad con un cierre total si no pagaba los 30 millones que se les debía desde marzo. La consejería pagó días después de que se consiguiera el nuevo endeudamiento.

“Los murcianos han vuelto a confiar en nosotros para salir de la crisis”, señaló Valcárcel la noche electoral, “porque llevamos tiempo trabajando para conseguirlo y lo estamos haciendo”. Sin embargo, los próximos meses son una incógnita. Su nuevo Gabinete y los alcaldes populares, que gobiernan en casi todos los Consistorios, tendrán que lidiar con un déficit regional de 1.300 millones de euros y una deuda pública cercana a los 4.000 millones que adeudan a bancos y proveedores.

A pesar del anuncio de Valcárcel de que no habrá más recortes, algunos sindicatos y la oposición insisten en que “quedan por concretarse los efectos de los recortes anunciados”. La clave está en saber cómo se desarrollarán en los próximos meses las medidas que contienen la ley de recortes y el Plan de Reequilibrio Financiero. Este último plan habla de la “aparición de nuevos impuestos ligados con la energía eléctrica, telefonía e Internet”, nuevas tasas para la Ley de Dependencia, las autovías regionales como aval para nuevos préstamos, privatización de los puertos deportivos y la desaparición de un cuarto de punto de reducción del IRPF en el tramo autonómico de este impuesto.

Además, el plan incluye un capítulo de ahorro en gasto de personal por valor de 144 millones, que, según los cálculos de los sindicatos, puede suponer la eliminación de 3.500 puestos de trabajo públicos, extremo que el Gobierno autónomo ha negado. Desde CC OO de Murcia, Pedro Manuel Vicente afirma que “para ahorrar todo este dinero se aumentarán las horas lectivas de los profesores titulares, se eliminarán las sustituciones para profesores de baja y, por tanto, se contratarán menos interinos, en contradicción con las afirmaciones de que no se despediría a nadie”.

El plan prevé la imposición de nuevas tasas en los servicios educativos para recaudar hasta 15 millones. Los sindicatos dicen que “introduce parcialmente el copago en la educación a través de cinco nuevas tasas, cuya cuantía no se especifica, por actuaciones que hasta ahora eran gratuitas”.

Y mientras tanto, los trabajadores públicos murcianos ya han notado numerosos efectos de los recortes de la primera ola. Tras la decisión del Gobierno central que rebajó su sueldo una media de 3.000 euros al año, la ley Valcárcel les añadió recortes salariales de 37,5 euros mensuales, aumentó a 37 horas la jornada semanal, eliminó casi por completo el Plan de Acción Social de ayudas económicas para profesores y disminuyó un 25% el pago de las bajas para todos los funcionarios. CC OO, UGT y STERM, que han creado un “comité de resistencia contra los recortes”, creen que los efectos del Plan de Reequilibrio Financiero se notarán tras el verano.

El diputado del PSOE Javier Mármol ha invitado al líder del PP, Mariano Rajoy, a que “haga la primera auditoría en Murcia para comprobar que los entes públicos de la comunidad han pasado de 89 en 2007 a 106 en 2011”.