La educación en emergencias, la gran olvidada (y por qué Ucrania es una excepción)

Cuando uno piensa en las necesidades a las que hay responder cuando surge una emergencia humanitaria, como un terremoto o una guerra, lo primero que le viene a la cabeza es que la población necesitará alimentos, cobijo, agua o equipos de saneamiento. Son prioridades lógicas y urgentes, pero no las únicas.

La educación, un derecho que ya se da por garantizado en la mayor parte del mundo, se convierte en un deseo inalcanzable para los niños y niñas cuando entra en competencia con otras necesidades en un contexto de crisis. Y, sin embargo, para ellos y ellas ir a la escuela y seguir aprendiendo es un respiro y un chaleco salvavidas. “Entre las bombas, los ataques, el miedo y la incertidumbre seguir yendo al colegio ha sido mi única tabla de salvación”, dice Aleks, un niño de 14 años de la ciudad de Jerson.

Allí, no solo se forman, sino que se relacionan con sus compañeros y compañeras, están en un espacio en el que se les cuida y se les protege de más violencia, como la trata o los secuestros, y pueden compartir sus vivencias libremente. Es algo de normalidad dentro del caos cotidiano. Por eso, el derecho a la educación tendría que ser de las primeras cosas que debería recuperar la infancia en estas situaciones.

Ucrania lleva ya dos años en guerra. Durante este tiempo, 3.798 escuelas han sido dañadas por los ataques y 365 totalmente destruidas, lo que constituye el 13% de la infraestructura educativa. Además, las necesidades en este ámbito han aumentado en un 30% entre 2022 y 2023.

Al mismo tiempo, el gasto en educación en 2023 ha alcanzado el 5% del PIB del país, con un incremento de un 14.3% con respecto al año previo. Es decir, a pesar del conflicto, el Estado ha seguido apostando por este sector. A la inversión pública se añaden los fondos aportados por la comunidad internacional, que han alcanzado los 100 millones de euros, monto que ha logrado cubrir el 71% de las necesidades identificadas. Esta inversión internacional ha hecho que Ucrania se convierta en el país en crisis con mayor dotación económica del extranjero en el sector educativo.

Gracias a todas estas inversiones y a la prioridad que se le ha dado a la educación, tanto a nivel nacional como internacional, se han logrado mejoras con impacto real. Por ejemplo, desde enero de 2023, la proporción de centros educativos con refugios ha aumentado del 68% al 80%, mientras que la proporción de centros que ofrecen enseñanza totalmente presencial ha aumentado del 25% al 57%. Estos dos avances tienen efectos positivos sobre la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya que les permitirá tener unos centros seguros y protectores que les retorne a la rutina que conocían y que tanto ansían.

La educación solo ha recibido el 4% del total de los llamamientos humanitarios, mientras que desde la Campaña Mundial por la Educación se reclama que este porcentaje sea del 10% para responder adecuadamente

Además, Ucrania es el país en crisis que mejor situado está para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), que aspira a garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad―. Concretamente, ha alcanzado el indicador de alfabetización y el de finalización de secundaria, aunque aún hay algunos retos pendientes como la tasa de matriculación en primaria.

Teniendo presente el caso de Ucrania, ¿la apuesta internacional por el derecho a la educación es igual en todos los países que viven contextos de emergencia? La respuesta es que no. Muy al contrario, de los 35 países y territorios con llamamientos humanitarios en 2023, el 88% (30 de ellos) están bastante o muy lejos de alcanzar el ODS4 y de cuatro no hay ni siquiera información (Líbano, Haití, Somalia y Libia).

La brecha de financiación de la educación en emergencias no ha dejado de aumentar. Si en la última década, las demandas para el sector educativo se han multiplicado por siete, los desembolsos solo lo han hecho por cuatro. A día de hoy, la educación solo ha recibido el 4% del total de los llamamientos humanitarios, mientras que desde la Campaña Mundial por la Educación se reclama que este porcentaje sea del 10% para responder adecuadamente. Con una apuesta económica tan baja por parte de las organizaciones internacionales y los países donantes, las carencias educativas se van lastrando y la situación empeora año tras año. En 2023, el 80% de las crisis han recibido menos de la mitad de los recursos que requerían para darles respuesta. La educación no se ve como algo urgente, cuando sí lo es. Pasa desapercibida entre los donantes. Si se compara a todos los sectores según el volumen de financiación, ocupa el décimo lugar. Solo la suma de cinco ámbitos ―la seguridad alimentaria, la salud, el agua, saneamiento e higiene, el cobijo y el multisectorial― recibieron más de 65% de todos los fondos en 2023. En definitiva, la educación es el primer derecho que se pierde y el último que se recupera.

Claramente, no estamos dando una respuesta efectiva y esto tendrá consecuencias en el corto, medio y largo plazo. Lo saben bien los más de 78 millones de niñas, niñas y adolescentes afectados por una crisis que a día de hoy no asisten a la escuela. Teniendo en cuenta que estas emergencias duran ya un promedio de nueve años, y que la escolarización obligatoria es de una media de seis, esta cifra seguirá aumentando y dejará a generaciones enteras sin adquirir conocimientos básicos.

No recibir una educación y que esta sea de calidad es la vulneración de un derecho fundamental y de un derecho habilitante de otros. Su ausencia expone a toda la infancia a una serie de riesgos como el trabajo o el matrimonio infantil o la migración. Es una prioridad para la infancia. Y no lo decimos nosotros y nosotras. La evidencia demuestra que las comunidades, y especialmente niños, niñas y adolescentes, le dan prioridad por encima de otras cuestiones en contextos de emergencia.

Aunque los datos muestran que cuando hay una crisis, la educación es la gran olvidada, también dejan claro que la situación se puede revertir. Ucrania es el ejemplo, el caso singular que nos enseña que, con la voluntad y el compromiso del Gobierno, aunado con la apuesta de la comunidad internacional, se pueden lograr importantes avances en un ámbito que tradicionalmente ha sido marginado. Convirtamos la excepción en regla y apostemos por el presente y el futuro de la infancia, poniendo en el centro el derecho a la educación.

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