Salvemos la Agenda 2030

Después de seis años de la aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a nueve años, por lo tanto, de su fecha de expiración, los motivos para el optimismo parecen escasos. La pandemia ha sacudido con enorme virulencia un contexto global ya caracterizado por niveles de desigualdad, precariedad y vulnerabilidad extraordinarios. No hace falta abundar en datos para suponer que muchos de los ODS planteados en septiembre de 2015 enfrentan hoy una realidad mucho peor que antes de la pandemia.

Pero asumir este pesimismo trágico supone comulgar con una nueva versión del fin de la historia. Es necesario poner en valor lo que ha significado en este tiempo el despliegue de la Agenda 2030 en al menos dos aspectos principales. Primero, los ODS siguen siendo parte de una conversación global que reconoce una serie de problemas compartidos. Lejos de ser una agenda prescriptiva del Norte global hacia el Sur global, la esencia de la Agenda 2030 reconoce las contradicciones de un sistema económico y de una gobernanza global que ha beneficiado a los países occidentales y que ha generado efectos sociales y medioambientales inasumibles para el conjunto del planeta.

Segundo, en estos seis años, estos propósitos han demostrado tener una capacidad de capilaridad institucional como nunca antes otra agenda global había tenido. Universidades, ONG y empresas se han apropiado de ella, aterrizando a sus especificidades el espíritu y la letra. Este hecho supone un salto cualitativo hacia una gobernanza multinivel y multiactor que había sido teorizada y tímidamente ensayada.

Pero ni mucho menos es oro todo lo que reluce. Estos seis años ponen de relieve dos déficits preocupantes. El primero tiene que ver con su financiación y su dependencia de una estrategia basada en el crecimiento económico. Si en un contexto de cierta estabilidad económica la financiación estatal y privada ha sido uno de los principales obstáculos, en una coyuntura de crisis social y económica como la actual es de esperar que los recursos destinados para los objetivos queden relegados por otras prioridades.

En un artículo en la revista Nature, los científicos estadounidenses Robin Naidoo y Brendan Fisher apostaban por considerar el desarrollo social y medioambiental —y no el crecimiento económico— como el criterio principal que guíe la estrategia de los ODS. Así, en lugar de depender del crecimiento, apelaban a implementar determinadas medidas que contribuirían a su financiación, tales como: 1) Acabar con los subsidios a la industria de los combustibles fósiles —que solo en Estados Unidos suponen más del 6% de su PIB—. 2) Erradicar los beneficios de las grandes empresas, que en 2019 fueron de 1,1 billones de dólares (más de 942.000 millones de euros) para las 500 principales empresas (200 veces más que el presupuesto anual de la OMS). 3) Poner fin a la evasión de impuestos que lleva anualmente a que los países de renta baja pierdan un 1,3% de su PIB. 4) Reducir el gasto militar que, según el SIPRI, registró en 2020 el nivel más alto desde el final de la Guerra Fría.

La crisis de la covid-19 supone un retroceso en la situación de vulnerabilidad social y climática, pero abre la puerta a diferentes posibilidades.

Existe un segundo déficit, de igual calado que el primero, como es la falta de rendición de cuentas. Multitud de actores han hecho suyos los 17 ODS, hasta el punto que se ha convertido en parte de una retórica que barniza muchos de los discursos y acciones planteadas por estos. Este salto retórico, sin embargo, no está siendo acompañado de un ejercicio que mida de forma efectiva los avances con respecto a cada uno de los objetivos, poniendo en peligro la legitimidad de cualquier compromiso con la puesta en práctica de la Agenda.

Finalmente, cabe considerar el efecto de la coyuntura de pandemia. La crisis de la covid-19 supone un retroceso en la situación de vulnerabilidad social y climática a la que nos enfrentamos, pero abre la puerta a diferentes posibilidades. La pandemia ha intensificado la conversación global que ya estaba en marcha sobre la naturaleza de los problemas, sobre el orden de las prioridades y sobre la urgencia de algunas soluciones. Somos hoy más conscientes de la interdependencia de lo que nos afecta (“o nos salvamos todos o no se salvará nadie”) y del sentido de comunidad global que debe llevarnos a instrumentos políticos más ambiciosos y vinculantes.

Tenemos también más evidencias y menos excusas para situar la lucha contra la crisis climática y la inequidad en el centro de cualquier estrategia. Disponemos de una experiencia vital para constatar que no tenemos demasiado tiempo y que el horizonte 2030 no es para nada simbólico sino la frontera temporal que puede ser revulsiva para transformar los retos globales o bien para ahondar en la deriva actual a ninguna parte.

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