¿Actuarán los gobiernos para abordar los abusos en la minería?

Cuando Norbert Amoya, de 29 años, fue a buscar agua a un río del norte de Zambia a principios de este año, encontró una gran cantidad de peces muertos y el agua tenía un olor extraño, según contó a un periodista. La causa fue un grave desastre minero.

El 18 de febrero, una presa de una mina de cobre china se rompió y vertió residuos tóxicos en un afluente del río más grande de Zambia, lo que amenazó el ecosistema, puso en peligro el sustento de millones de personas y expuso a las comunidades a un grave riesgo de cáncer y otras enfermedades. Aunque la empresa china ha indemnizado a varios residentes, el impacto a largo plazo sobre el ecosistema y los medios de vida de la población sigue siendo devastador. Este tipo de desastres se pueden prevenir.

Del 8 al 12 de diciembre, los Estados se reunieron en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de formulación de políticas ambientales, deliberaron sobre cómo hacerlo. El Gobierno colombiano tomó la iniciativa al proponer un nuevo tratado mundial para abordar los riesgos medioambientales de la minería, incluida la diligencia debida en materia de derechos humanos y la capacidad de rastreo en las cadenas de suministro de minerales. Muchos otros gobiernos, entre ellos los de Armenia, Ecuador, Omán y Zambia, país afectado por la contaminación, se sumaron a la iniciativa, que aboga por una “gestión ambientalmente racional de los minerales y metales”.

A medida que aumenta la demanda de minerales para la transición energética, la defensa y otras tecnologías, es fundamental que los gobiernos de todo el mundo protejan el medio ambiente y garanticen la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro de todos los metales y minerales, ya sean extraídos de forma legal o ilegal, en operaciones industriales o a pequeña escala, para la transición energética o para otros fines. Se necesitan urgentemente normas obligatorias.

Dado que las protecciones medioambientales de Estados Unidos y la ley de cadenas de suministro de la UE se están debilitando, esta iniciativa es una medida audaz. Los grupos de la sociedad civil de las zonas afectadas por la minería y las organizaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas Human Rights Watch, han apoyado la iniciativa de un tratado mundial.

Como primer paso, Colombia y sus aliados han propuesto un grupo de trabajo de la ONU para explorar opciones de medidas vinculantes y no vinculantes. Estos grupos de trabajo han tenido éxito anteriormente en la puesta en marcha de procesos de tratados, por ejemplo, un tratado de la ONU que obliga a los gobiernos a proteger a la población del mercurio tóxico.

Pero hubo resistencia y las negociaciones en la cumbre fueron difíciles. Algunos países, entre ellos Arabia Saudí, Irán y Rusia, se opusieron a cualquier medida vinculante, e incluso al nombramiento de un grupo de trabajo. Como compromiso, los Estados decidieron convocar “diálogos” entre los gobiernos y otras partes interesadas para debatir temas clave como la recuperación de recursos de residuos mineros y las mejores prácticas para la gestión ambientalmente racional de los minerales y metales.

Estos son pequeños pasos importantes y positivos, pero serán necesarias normas obligatorias para garantizar que todos los actores de las cadenas de suministro de mineras y minerales respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Las medidas voluntarias de las empresas no son suficientes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como han demostrado repetidamente las investigaciones de Human Rights Watch y otras organizaciones.

El vertido tóxico en el norte de Zambia es solo uno de los numerosos accidentes mineros graves. En 2019, el colapso de una presa en una mina de hierro en Brasil liberó varios millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y causó la muerte de al menos 270 personas. Solo cuatro meses antes del desastre, la filial brasileña de una empresa auditora alemana había declarado que la presa era estable. La empresa minera había presionado a los auditores para que certificaran la seguridad de la presa a pesar de los riesgos evidentes, según reveló una investigación del Congreso brasileño.

En otros casos, la contaminación tóxica y la destrucción del medio ambiente causan daños durante períodos más largos. La exposición al mercurio y otros metales tóxicos en el contexto de la minería ha causado graves riesgos para la salud de las comunidades locales en Perú, Etiopía y Ghana. La minería también ha causado una grave destrucción de la selva amazónica, que absorbe diariamente el dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo a enfriar el planeta, con consecuencias incalculables para la crisis climática. Un estudio reciente ha revelado un aumento de la deforestación en Perú. Los pueblos indígenas, como guardianes del medio ambiente, suelen verse especialmente afectados por la minería y sufren violaciones de sus derechos.

Además, la minería sigue contribuyendo a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos armados o los grupos delictivos. En el Estado venezolano de Bolívar, los residentes viven con el temor a la violencia de los grupos armados involucrados en el comercio ilícito de oro, incluidas las amputaciones. Las ejecuciones sumarias y el trabajo infantil forzoso por parte de los grupos armados siguen ocurriendo hoy en día. Human Rights Watch también ha documentado graves actos de violencia en zonas mineras de Perú, Zimbabue y la República Centroafricana.

En el futuro, los gobiernos deben asegurarse de que los diálogos sobre el impacto medioambiental de la minería sean sólidos, se centren en los derechos humanos y definan medidas para establecer normas vinculantes.

Nsama Chikwanka, activista de Zambia que participó en las negociaciones de la ONU, declaró a Human Rights Watch a raíz del reciente desastre minero: “Sin normas comunes y aplicables, se produce una carrera hacia el abismo que perjudica a las personas y a la naturaleza. Para las regiones mineras de Zambia, esto no es algo abstracto: se trata de agua limpia, residuos más seguros y acuerdos más justos”.