Bhopal: turismo oscuro en el escenario de la peor catástrofe industrial de la historia
Organizaciones de defensa de las víctimas siguen reclamando indemnizaciones justas y critican el uso turístico de la fábrica 40 años después de la tragedia. Unas 22.000 personas han muerto desde 1984, medio millón sufren secuelas y esta zona de India sigue siendo un peligro para la salud de sus habitantes
El tour dura cuatro horas y cuesta unos 134 dólares (127 euros) por persona. “Visite la fábrica abandonada de Union Carbide y los barrios cercanos afectados para ser testigo del lado oscuro del progreso industrial”, explica el operador turístico Sita World Tours en un anuncio publicado en Tripadvisor y en otras páginas turísticas. El objetivo es recorrer el escenario de la mayor catástrofe industrial de la historia, ocurrida hace 40 años en la ciudad de Bhopal, donde un escape de gas tóxico mató a miles de personas y provocó secuelas y daños congénitos en más de medio millón.
Organizaciones de defensa de las víctimas, que siguen esperando explicaciones oficiales y una compensación digna, consideran que estas visitas son una falta de respeto y una manera de utilizar el sufrimiento de las víctimas.
La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, el isocianato de metilo (MIC), un compuesto químico muy tóxico que la fábrica usaba para producir pesticidas, comenzó a escaparse de los depósitos de la empresa Union Carbide India Limited (UCIL), filial india de la estadounidense Union Carbide Corporation (UCC), mientras la población local que residía en los barrios pobres dormía profundamente. La alarma, por negligencias que no se han aclarado del todo, no funcionó y la nube de gas ya había rodeado las casas y entrado en los pulmones de los habitantes.
Medio millón de personas se vieron expuestas al químico y varios miles murieron aquella noche, ahogadas o con hemorragias internas, y en los días y semanas venideros, ante médicos impotentes que no sabían cómo tratar a las víctimas. El Gobierno indio estimó que hubo 3.500 fallecidos en los primeros días y unos 15.000 en los años que siguieron. Al día de hoy, las cifras siguen siendo difíciles de calcular. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, los fallecidos por la tragedia llegan a 22.000, de las que 10.000 murieron la noche de la tragedia y las semanas venideras. Además, unas 500.000 personas sufren algún tipo de secuela, como cáncer, enfermedades respiratorias o digestivas, trastornos hormonales y mentales y discapacidades congénitas.
“Me sentí muy mal mientras visitaba la fábrica. Aunque ya no funciona, su legado sigue atormentando a la ciudad. La instalación abandonada es una manera de recordar la tragedia y una fuente constante de dolor e ira para los sobrevivientes y sus familias”, dijo a este periódico Sahitya Sharma, que tiene un blog de viajes y pudo recorrer la planta de Unión Carbide. “Es un símbolo potente e inquietante de la negligencia industrial, un lugar que merece ser recordado y estudiado para que se puedan prevenir tragedias futuras”, agregó.
El lugar donde está la fábrica sigue siendo propiedad del gobierno del Estado indio de Madhya Pradesh y teóricamente solo se permite la entrada por razones científicas, según explicó un representante de la oficina gubernamental que otorga las autorizaciones.
“La mayoría de nuestros clientes son británicos y estadounidenses”, dijo uno de los operadores turísticos a EL PAÍS pidiendo que su identidad no sea publicada. “Hemos estado haciendo estas visitas desde hace unos tres años y medio. Ganar dinero con este tipo de turismo de desastres no es algo que me guste hacer, pero no creo que la gente local esté descontenta. Pero, por supuesto, cuando los turistas llegan, surgen viejos recuerdos que pueden entristecer a los supervivientes”, dijo. ”Pero la triste realidad es que el Gobierno no está preocupado por ellos”, agregó. Sita World Tours no respondió a la solicitud de entrevista realizada por este periódico.
Usar a las víctimas
La noche del 2 de diciembre de 1984, Rashida Bee se despertó sintiendo que se ahogaba y oyendo toses a su alrededor. Su casa estaba muy cerca de la fábrica. Era tan solo una niña, pero corrió e intentó huir hasta que le faltó el aire y perdió el conocimiento. Se despertó rodeada de cuerpos y cuando llegó al hospital vio decenas de cadáveres apilados. Perdió muchos familiares y amigos aquella noche y en los meses venideros. Hoy, dirige el Centro de Rehabilitación Chingari, del que es cofundadora. En él se recibe a niños nacidos con discapacidades congénitas debido a la tragedia.
“¿Cómo pueden usar este lugar para ganar dinero? Están utilizando a las víctimas. No se puede permitir”, se indigna, refiriéndose a las visitas guiadas a la fábrica. “El Gobierno de Estados Unidos no ha tomado ninguna medida para dar justicia a las víctimas de Bhopal, y ahora sus empresas están montando este espectáculo”, agrega, amargamente.
A pocos metros está la oficina de la Campaña Internacional por la Justicia en Bhopal (ICJB). En las paredes hay imágenes de niños con discapacidad y una foto de Warren Anderson, director ejecutivo de Unión Carbide en el momento de la tragedia “Compensación justa, ¿cuándo?”, se lee en los pósteres. “¡Dios mío, tanto dinero!”, dice la activista Rachna Dhingra, al ver el precio de los tours. “Esto no es más que una forma de ganar dinero con la miseria de las víctimas”, agrega.
Amargamente, la mujer subraya que la prioridad de las autoridades ha sido conservar la inversión extranjera y por ello se han olvidado de conseguir justicia para las víctimas. Según ella, los dirigentes indios no han querido perseguir judicialmente a los responsables de Unión Carbide en Estados Unidos para no disuadir a otras empresas de invertir en India. “Las víctimas de la tragedia son mitad musulmanes y mitad hindúes de la casta más baja. Se consideran prescindibles”, dice.
“El racismo ambiental permitió esta catástrofe, y permitió también la respuesta despreciativa y cínica de quienes han tratado de retrasar la justicia a sus víctimas y, de forma vergonzosa, siguen eludiendo sus claras responsabilidades en materia de derechos humanos”, ha declarado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, en el informe de la organización publicado con motivo del 40º aniversario de la tragedia.
Impunidad
En 1989, hubo un acuerdo entre Unión Carbide y el Gobierno indio por el que la empresa pagó 470 millones de dólares por 102.000 heridos y 3.000 muertos. “Esta cantidad era menos del 15% de la cantidad inicial solicitada por el Gobierno y muy inferior a la mayoría de las estimaciones de los daños en aquel momento. Miles de reclamaciones no se registraron en absoluto, incluidas las de niños menores de 18 años expuestos al gas, y niños nacidos de padres afectados por el gas que, según demostró el tiempo más tarde, también estaban gravemente afectados”, critica Amnistía Internacional en su informe.
En el mejor de los casos, las víctimas o sus familias recibieron unos 500 dólares. En 2010, un tribunal de Bhopal condenó por negligencia a ocho de sus entonces empleados, todos indios, a dos años de prisión y a pagar 100.000 rupias (1.774 euros en la época). Sin embargo, inmediatamente se les concedió la libertad bajo fianza. También impuso a la empresa una multa de unos 8.870 euros.
Amnistía Internacional ha subrayado en sus informes que en 1994, UCC abandonó las instalaciones sin llevar a cabo una limpieza ni encargarse del gran número de sustancias químicas almacenadas, “lo que provocó una grave contaminación de las fuentes de agua locales y del suelo”. “Esto ha causado un daño devastador y duradero a la salud de la población local, y se ha vinculado a anormalidades cromosómicas similares a las diagnosticadas a las personas que estuvieron expuestas al escape inicial de gas”, afirma la organización.
En 2001, UCC fue absorbida por Dow Chemical Company, también domiciliada en Estados Unidos, que no asume ninguna responsabilidad por lo ocurrido ni por la contaminación que sigue presente en el lugar de la tragedia. El director ejecutivo de Unión Carbide en el momento del desastre, Warren Anderson, murió en 2014 sin haber rendido ninguna cuenta ante la justicia, pese a que sobre él pesaba una acusación y una demanda de extradición de las autoridades indias. Ni Dow Chemical Company ni Union Carbide respondieron a una solicitud de comentarios.
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