Perú necesita una garantía clara de que no se repetirán las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes

Recién regresé de un viaje a Juliaca, una ciudad en los altos de la cordillera de los Andes al sur de Perú. “Ese día, el año pasado, aquí en Juliaca, todos lloramos,” comentó un taxista a nuestro equipo mientras viajábamos por las calles de la ciudad.

El 9 de enero de 2023, fuerzas del orden causaron la muerte de 18 personas en Juliaca en un solo día. Decenas más —muy probablemente cientos— quedaron gravemente heridas. Hablamos con padres, madres, hermanos y hermanas de víctimas fatales, algunas menores de edad. Además, con personas sobrevivientes que todavía viven con perdigones alojados en su cuerpo. Otras que viven con balas en sus órganos, sin que hayan recibido atención médica adecuada hasta el día de hoy. Lo peor es que estas muertes y lesiones se pudieron haber evitado.

Las muertes por uso excesivo de la fuerza no fueron hechos aislados a manos de unos cuantos policías o militares desordenados

Cuando se iniciaron una serie de protestas en diferentes regiones del país en diciembre de 2022, en el marco de una crisis política, nunca pensamos que 50 personas morirían por el uso excesivo de la fuerza por policías y militares. No obstante, a semanas, e incluso meses de haberse registrado las primeras muertes, la cifra de fallecidos siguió en aumento. Estos no fueron hechos aislados a manos de unos cuantos policías o militares desordenados. La naturaleza generalizada de estos ataques nos hizo preguntarnos: ¿quién, o quiénes, estuvieron detrás?

Hoy, 28 de julio, Perú celebra el día de su independencia, y como es costumbre, la presidenta dará un mensaje a la nación. Frente a un país que vive un profundo dolor producto de uno de los episodios más graves de masivas violaciones de derechos humanos desde el conflicto armado interno (1980-2000), la presidenta tiene la oportunidad de hacer un cambio.

La semana pasada, desde Amnistía Internacional lanzamos el informe ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando para muertes y lesiones en protestas en Perú, que justamente plantea las preguntas mencionadas líneas arriba. ¿Quién es responsable de estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Quién tiene que asegurar garantías para que estos crímenes no vuelvan a cometerse? La respuesta recae en las y los funcionarios públicos que ocupan los puestos más altos en la cadena de mando.

Los hallazgos de esta investigación sugieren que hay evidencia suficiente para investigar a la presidenta Dina Boluarte por posible responsabilidad penal individual, como autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Desde el primer día de las protestas, la presidenta y sus ministros tomaron decisiones conscientes que tuvieron consecuencias letales.

Frente a un país que vive un profundo dolor, la presidenta tiene la oportunidad de hacer un cambio en su mensaje a la nación por el Día de la Independencia

A pesar de que, desde el día que asumió la presidencia, el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte fue informada por el jefe de inteligencia a nivel nacional de que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas y criminales, y que el número de personas en las calles no ameritaba un despliegue de las fuerzas armadas, la presidenta optó por ignorar esta información. Lo que siguió fue una declaración de estado de emergencia a nivel nacional, el despliegue de las fuerzas armadas, y una respuesta combativa por una fuerza de élite de la policía enviada a las protestas.

Durante 18 meses nuestras investigadoras entrevistaron a más de 110 personas, hicieron 56 solicitudes de información pública, además de llevar a cabo un análisis pormenorizado de documentos, videos, fotos, evidencia penal, y revisar las actas de las sesiones del Consejo de Ministros que presidió la presidenta entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La evidencia es rotunda. Se cometieron crímenes, y los altos mandos de la policía, las fuerzas armadas, y los altos funcionarios civiles, aunque lo sabían o deberían haberlo sabido, no hicieron lo suficiente para detenerlos.

En días recientes hablamos con fiscales que están investigando a la policía y el ejército en relación con los hechos en las protestas. En semanas y meses recientes se han registrado varios avances importantes, identificándose a numerosos mandos medios de la policía y las fuerzas armadas como personas sospechosas, con formalizaciones en sus investigaciones penales. No obstante, falta hacer mucho más.

A la fecha, las investigaciones penales respecto al rol de la presidenta y sus ministros por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas parecen estar estancadas. Las pocas audiencias llevadas a cabo por los fiscales a cargo de esta investigación generan ciertas dudas sobre las diligencias que se han realizado hasta el momento y el sentido de urgencia del caso. Pero aún hay tiempo. Y es posible responder a las preguntas que formulamos desde el inicio. ¿Quién disparó la orden?

Para que Perú empiece a sanar sus profundas heridas, el primer paso queda en manos del fiscal de la Nación, para que avance con las investigaciones en contra de la presidenta y sus ministros

El 28 de julio del año pasado, familiares de personas fallecidas durante las protestas en Juliaca viajaron a Lima. Portando fotos de sus seres queridos, se movilizaron pacíficamente en una plaza pública de la capital peruana. La policía respondió a sus dignas exigencias de verdad, justicia, y reparación, con un despliegue excesivo y totalmente innecesario de la fuerza, lanzándoles gas lacrimógeno, a pesar de que apenas llegaban a dos decenas de personas agrupadas en una plaza. Días antes, la presidenta había dado un discurso público que etiquetaba a las personas del sur del país como “terroristas”, tal como lo había hecho meses antes durante las protestas, a pesar de que hasta el día de hoy la evidencia muestra que no tenía ninguna prueba fehaciente para esa afirmación.

Para que Perú empiece a sanar sus profundas heridas de injusticia y dolor, el primer paso queda en manos del fiscal de la Nación, para que avance con las investigaciones en contra de la presidenta y sus ministros. El hecho de que, hace unos días, el Congreso de Perú haya archivado una denuncia constitucional interpuesta por la anterior fiscal de la Nación en contra de la presidenta por las muertes en protestas no significa que el actual fiscal no pueda robustecer la investigación y presentar nuevas denuncias constitucionales. Por su parte, la presidenta, como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía, tiene que tomar todas las medidas a su alcance para que las graves violaciones de derechos humanos cometidas en protestas no vuelvan a ocurrir. El mundo está mirando.

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