Perú ordena por primera vez encarcelar a un policía por matar a un manifestante en las protestas contra Dina Boluarte

El 11 de enero de 2023, hace un año, un joven de 22 años llamado Rosalino Florez Valverde fue acribillado por una ráfaga de perdigones, en el Cusco, mientras protestaba en contra del Gobierno de Dina Boluarte. La escena ha quedado registrada en video: se ve con nitidez cómo el muchacho, que no portaba ningún arma, se esconde detrás de un árbol hasta que un policía lo persigue y le dispara en reiteradas oportunidades por la espalda. La tomografía reveló el ensañamiento: 36 perdigones destrozaron su zona lumbar. Lo operaron en tres ocasiones, pero solo se le pudieron extirpar 14 proyectiles. Murió en Lima el 21 de marzo tras 69 días de agonía.

El Poder Judicial dictó el viernes 18 meses de prisión preventiva en contra de Joe Erik Torres Lovón, suboficial de la Policía, señalado como el autor del asesinato de Florez Valverde. En medio de un aparato de justicia ineficiente que solo ha identificado a los supuestos atacantes de seis casos, el fallo representa una luz para los deudos. Se trata de la primera orden de prisión preventiva que involucra a un efectivo de las fuerzas del orden en el marco de unas movilizaciones que dejaron 49 civiles fallecidos por proyectiles de fuego y bombas lacrimógenas.

El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, fue contundente en la sentencia. “El daño es inconmensurable, no solo para sus familiares. Su padre, madre, hermanos menores han sufrido de manera incalculable, indecible (...) No fue un crimen aislado, sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”, remarcó el magistrado. El agente es procesado por el delito de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

La defensa de la víctima, el abogado Juan José Quispe, valoró el dictamen del Poder Judicial más allá de la poca celeridad con la que se han desarrollado las investigaciones. “Es el primer caso en el que se emite una prisión preventiva contra un autor directo de la muerte de un manifestante de una protesta social. Además, el magistrado dejó claro en su resolución que el Estado, por intermedio de la Policía Nacional del Perú, hizo un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza para repeler a los manifestantes”, comentó al diario El Comercio.

El caso supone una doble mancha para la institución que debe velar por la seguridad. La Policía entorpeció las investigaciones al ocultar, modificar y omitir información, de acuerdo con las pesquisas de Mirela Coronel, del Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavit). El 11 de enero de 2023, el día del ataque hacia Rosalino Florez Valverde, no se elaboró el informe correspondiente acerca del incidente. En segundo lugar, a través de un reporte, la Séptima Macro Región Policial del Cusco sostuvo que la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), a la que pertenece Torres Lovón, no fue destacada a la zona donde Florez Valverde fue acribillado, sin embargo, existen videos que demuestran lo contrario.

Pero no es la única prueba del intento por fraguar los hechos: en el cuaderno de asignación de armamento de la SUAT figura que a Torres Lovón se le devolvió su escopeta el 10 de enero, un día antes del ataque, cuando inicialmente se consignó que había sido el 12 de enero. En el cuaderno quedó una enmendadura que es materia de investigación.

Las razones que determinaron la prisión preventiva de 18 meses contra el agente Torres Lovón consisten en que no pudo acreditar arraigo domiciliario. De ser hallado culpable, se enfrenta a una pena de 15 a 35 años de cárcel. El acusado se conectó a la audiencia de forma virtual, con un nombre que no es el suyo. “Estamos frente a una persona con alto riesgo de evasión o fuga”, indicó el juez Leodan Cristóbal Ayala. Se ha ordenado su ubicación y captura a nivel nacional.

Ha quedado pendiente la evaluación del pedido fiscal para que se le imponga mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país al coronel Edson Hernán Cerrón Lazo por el asesinato de Rosalino Florez Valverde. A él se le investiga como presunto autor, por acción u omisión, al tratarse del superior de Torres Lovón. La audiencia que decidirá su suerte se llevará a cabo el próximo 22 de enero.

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