La agonía de Rosalino, la última víctima de las protestas en Perú

Rosalino Florez Valverde recibió los 22 años como ningún cumpleañero se merece: inconsciente y entubado, lejos de su tierra y de los suyos, en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital limeño. Aquel 25 de enero solo lo acompañaba desde los pasillos su hermano mayor Juan José, el testigo del preciso instante en que su vida comenzó a desmoronarse. Dos semanas atrás, en el Cusco, un policía se había ensañado con Rosalino, disparándole una ráfaga de perdigones por la espalda a una distancia de no más de tres metros. Con esa escena —que ha quedado registrada en video— inició una agonía de 69 días que acabó el último martes, con Rosalino ocupando un ataúd.

“Quiero comer, hermano, y es lo que más me duele”, le dijo Rosalino a Juan José más de una vez en estos últimos meses. Cada queja en realidad era una súplica. Los 36 perdigones de metal, a la altura del abdomen, le destrozaron los intestinos y afectaron su hígado. Desde entonces, este estudiante de gastronomía a quien le faltaba una semana para concluir sus estudios, no volvió a ingerir ningún alimento por la boca.

Rosalino Florez Valverde es la víctima número 67 de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. El segundo cusqueño junto al dirigente Remo Candia Guevara. Creció cultivando papa y maíz en las comunidades campesinas de Conchacalla y Ccachupata, en el distrito de San Jerónimo, y más tarde encontraría oficio como obrero en la construcción civil para ayudar a sus padres y a sus cuatro hermanos. Escuchaba huaynos y cumbias, pero también a raperos que rimaban con conciencia social como el célebre Canserbero.

La fatídica tarde del 11 de enero, Rosalino y Juan José salieron a las calles a expresar su descontento hacia la clase política como varios miles de personas a nivel nacional. Eran los días más calientes de las movilizaciones. La avenida 28 de julio sería el escenario de la crueldad. En el video se ve cómo Rosalino se refugia detrás de un árbol mientras la multitud huye de las Fuerzas del orden hasta quedarse solo. Un agente se le acerca con su arma y lo persigue. El muchacho echa a correr y el policía le dispara por detrás una y otra vez hasta que se desploma y queda tendido sobre la pista. “Pensé que mi hermano también había corrido, pero se quedó atrás”, lamenta Juan José. La tomografía del ataque se asemeja a un tablero de tiro al blanco: un montón de puntitos desperdigados en la zona lumbar.

Once días permaneció Rosalino en el hospital Antonio Lorena del Cusco. Fue operado en tres ocasiones. Le redujeron los intestinos al mínimo, y lograron extirparle catorce de los 36 perdigones. Con la ayuda de la congresista Ruth Luque fue trasladado a Lima —la ciudad que nunca conoció— para ser internado en el hospital Arzobispo Loayza.

En todo ese tiempo estuvo a su lado Juan José, el muchacho de 24 años que en este miércoles por la noche está con un micro en la mano y los ojos cerrados, en una conferencia improvisada, en una iglesia luterana, en el distrito de Breña, en Lima. Está sentado junto a su madre Leonarda, descorazonada como él. A tan solo unos pasos están los restos de Rosalino, flanqueado por arreglos florales. Al pie de su féretro, debajo de unas rosas blancas, se distingue con claridad una interpelación en una hoja: Dina asesina, mira tu obra.

Juan José toma un sorbo de agua, tira su cuerpo hacia atrás y, en medio de su pesar, coge fuerza para narrar su desgracia familiar. Cuando las palabras se le queden atoradas, Leonarda, quien viste un mandil, lo abrazará por la espalda. “Nosotros los del campo no tenemos derechos. Me han perseguido para saber cómo estaba mi hermano. La Policía no sabe lo que son los valores”, denuncia. Después le toca el turno a Leonarda, quien habla quechua y requiere de una traductora. “No sé cómo hallar consuelo. ¡Quiero justicia! ¡Quiero que hallen a quien le disparó!”, implora.

El abogado que ha asumido la defensa de la familia de Rosalino, Juan José Quispe, enfatiza en la lentitud de las investigaciones y en la represión policial. “Basta de cuentos: los perdigones son letales cuando se usan a corta distancia. Increíblemente este caso estaba siendo investigado en el Cusco como lesiones leves. Ya van más de dos meses y la investigación es incipiente. Por eso hemos pedido que el caso lo vea la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Lima. Rosalino no tenía residuos de plomo, bario o antimonio en la mano. No tenía ningún arma de fuego, y aun así le dispararon de manera artera”, dice.

Hace unos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su reporte anual sobre derechos humanos, donde analizó las protestas que estallaron en el Perú desde diciembre pasado. “El Gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron (…) existe un importante problema de impunidad”, remarca el documento. En ese sentido, la congresista Ruth Luque, quien se hizo presente en el velorio, sostiene: “No soy de aquellos que creen que la responsabilidad corresponde únicamente a los altos mandos de la Policía, sino también a los responsables políticos que tenían la obligación de preservar la vida de las personas y no lo hicieron”.

“Cuando un guerrero muere, nunca muere”, resuena en el salón. Unas mujeres aymaras serán las primeras que le darán sus condolencias a Juan José y Leonarda. Al día siguiente, el jueves, el cuerpo de Rosalino será trasladado al Cusco, donde será paseado por varias calles, entre ellas la avenida 28 de julio donde fue acribillado. Emprenderá el camino a casa, las comunidades campesinas donde nacieron sus padres. Allí Rosalino regresará a la tierra. La justicia de los hombres seguirá su curso.

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