Las brigadas solidarias de la primera línea en Perú

Desde hace tres meses, lo único que Carlos Flores quiere escuchar al final del día cada vez que regresa a casa es una vocecilla que le pregunta a cuánta gente ayudó. Su hija de nueve años le da valor para continuar con una misión altruista: socorrer a los heridos de las marchas en contra del Gobierno, sean manifestantes, civiles o policías. “La vida no tiene distinciones”, dice este papá soltero, de apariencia ruda, al lado de su camioneta pick up, estacionada en una de las esquinas de la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima. Allí donde el aire tóxico pica y provoca lágrimas varias veces por semana.

Carlos Flores es el líder fundador de la brigada 141120. No es un experto en emergencias, sino más bien un rescatista. Un piloto de cross country que hizo cursos de paramédicos y aprendió de primeros auxilios. El nombre de esta brigada, que cuenta con 20 personas, se debe a una fecha tristemente célebre: la noche en la que fueron asesinados Inti Sotelo y Brian Pintado, dos veinteañeros que marcharon en contra del efímero Gobierno de Manuel Merino, en noviembre de 2020. Aquel fue un bautizo de sangre y fuego. Desde entonces han asistido a otras manifestaciones y han sumado esfuerzos durante la pandemia, trasladando a pacientes críticos hacia los hospitales. En diciembre, cuando la gente se lanzó a las calles para expresar su malestar ante la clase política, se reactivaron.

“Mientras estemos en grupo, pegados a la pared, somos una gran cadena, donde ningún eslabón debe salirse. Mantengamos la calma siempre”, le dice Flores a un nuevo voluntario. Son las cuatro de la tarde de un jueves de febrero y la brigada se ha reunido alrededor de la camioneta, que funge de centro de operaciones. Aquí recogen sus implementos -casco, chaleco, gafas protectoras y máscara antigás- y se cambian en plena avenida. Generalmente se dividen en grupos de cuatro personas: dos paramédicos, un enfermero y un rescatista. Cuentan con suero, agua oxigenada, gasas, anestésicos y tablas rígidas para trasladar a los heridos. Su labor consiste en estabilizar al paciente y conducirlo lo más pronto posible hacia el hospital más cercano. “Somos la única unidad móvil que se mete hasta adentro. Y es que ese minuto de sacar a una persona puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, asegura Flores.

El sábado 4 de febrero, una brigadista permaneció detenida durante 48 horas. Se viralizó un video donde un grupo de agentes la introduce a empellones a la comisaría de Cotabambas, en el centro de Lima. Se llama Rosamery Benítez Contreras, es una socióloga huancaína y ha sido acusada del presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio del Estado. Ella dice que su único pecado fue preocuparse por el estado de un manifestante detenido por la policía. Que a las afueras de la comisaría alguien le roció un spray a un efectivo y que la culparon a ella, que vestía con un mandil celeste y que en su mochila llevaba alcohol y vinagre.

“No es justo lo que me pasó. Nadie me va a devolver ese mal rato. Estoy en investigación por 30 días. Cuando estuve en el calabozo pensé en dejarlo todo allí y no salir más. Pero lo he pensado bien y no me voy a esconder como los pericotes. Voy a seguir ayudando”, dice resuelta Benítez.

El bachiller en Medicina, Rodrigo Rojas, también se queja de la hostilidad de las fuerzas del orden. “La Policía se ha comportado siempre de manera muy abusiva, tratándonos con insultos. A mí me han pateado por la espalda por retirar a una chica que convulsionaba. No ha habido apertura al diálogo. La represión existe. Y es una pena porque nuestra bandera es el prójimo. No pertenecemos a ningún partido político y nadie nos financia”, señala.

En esta coyuntura, donde faltan manos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud y la Cruz Roja Peruana se han mantenido al margen. El argumento que esgrimen es que la seguridad no está garantizada. La directora ejecutiva del SAMU, María Inés Quiroz, no quiso participar en este reportaje.

Luis Atilio Ruiz, presidente de la Cruz Roja Peruana -desafiliada desde agosto pasado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por abusos de poder-, se limitó a decir que “no hay las condiciones”. “Todo ha sido tan violento que ni siquiera se ha permitido crear un corredor humanitario. Además, algunos brigadistas han tomado partido en este conflicto, y eso no les permite tener una visión clara de su misión”, añadió.

Algunos grupos, además de en Lima, han capacitado a brigadistas de Juliaca, el pueblo en la sierra sur donde fueron abatidos una veintena de manifestantes. La tarea, aseguran, continuará luego de las movilizaciones.

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