Amnistía Internacional asegura que la policía peruana utilizó armas letales para controlar las protestas en Perú

A un par de semanas de cumplir su primer semestre en Palacio, el Gobierno de Dina Boluarte continúa en jaque por un nuevo informe de una institución de derechos humanos que escarba en la manera como encararon las protestas en su contra desde que asumieron el mando. Amnistía Internacional ha presentado este jueves otro documento valioso que ayuda a esclarecer la muerte de 49 civiles. Lleva por nombre Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y documentan sucesos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Su trabajo de campo se enfocó en las ciudades con mayor número de heridos y fallecidos: Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y también Lima, la capital.

Después de analizar 92 piezas de información audiovisual, acceder a carpetas de la Fiscalía, escudriñar en certificados médicos, necropsias, pericias forenses, y entrevistarse con familiares de las víctimas, funcionarios públicos, entre ellos la presidenta Boluarte, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, Amnistía Internacional asegura haber encontrado cinco hallazgos principales: En primer lugar, “la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria”. En segundo lugar, “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada”..

El tercer hallazgo pone el foco en el racismo: “Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”. En cuarto lugar, “la presidenta de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército”. Y por último, “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.

Amnistía Internacional accedió a 23 necropsias, en 22 de ellas la causa de la muerte fue notificada como “proyectil de arma de fuego”. Sin embargo, en tres de ellos se debió a perdigones de plomo, proyectiles múltiples concebidos para fines de caza. Señalan que ello fue ocultado por la Policía. “Los perdigones conllevan un gran riesgo de imprecisión, logran fácilmente penetrar la piel y no están concebidos para este tipo de funciones por lo que su uso en estos escenarios de protestas o manifestaciones debe prohibirse”, remarcan. La víctima que ilustra este uso indebido es el juliaqueño Gabriel Omar López Amanqui, un chofer de carga de 35 años que murió en enero de 72 perdigones. Asimismo, se pone en negritas que las fuerzas armadas emplearon fusiles Galil (Ayacucho), FAL (Juliaca) y fusiles AKM (Juliaca y Ayacucho), todas ellas con munición letal.

Por lo expuesto, Amnistía Internacional tiene una petición para el Gobierno español: “Que mantenga la decisión del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocó la muerte a 49 personas y se ofrezca una rendición de cuentas sobre lo ocurrido”. La solicitud remarca que esa suspensión se haga extensiva a la venta de cualquier munición y armas ligeras “ya que existe un alto riesgo de que puedan servir para que las fuerzas armadas o la policía peruanas cometan vulneraciones de derechos humanos”.

El informe también denuncia que las armas utilizadas por la Policía y el Ejército no fueron incautadas y, por lo tanto, no fueron examinadas lo que hubiese servido para identificar a los autores de las muertes. También apuntan que el personal policial y militar no fue entrevistado y que varios deudos o heridos todavía no habían rendido su manifestación a tres meses de los acontecimientos. “Las fuerzas de seguridad peruanas podrían haber incurrido en actos de encubrimiento al no reportar el uso de municiones durante las protestas y poner obstáculos a la presentación de otras piezas clave de información”, concluyen.

Amnistía dice haber solicitado una reunión con altos cargos de la Policía, pero que la institución canceló la cita en dos oportunidades. Además, junto al Ministerio de Defensa, fueron las dos entidades del Estado que rechazaron solicitudes de acceso a la información pública para elaborar este documento, excusándose en que se trata de “información reservada” o “confidencial”.

La investigación también incluye un testimonio anónimo de un policía de la región de Apurímac que, seguramente, encenderá el debate sobre el accionar de las fuerzas del orden. “Una cosa que nadie te dice en el entrenamiento... pero que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan...”.

En cuanto a las investigaciones penales, se enfatiza que a fines de marzo todas las investigaciones penales se trasladaron a Lima. “Esto se produjo justo cuando los militares estaban a punto de ofrecer sus declaraciones a los fiscales locales de Ayacucho, según varios abogados y organizaciones de derechos humanos. Éste habría sido un hito importante en las investigaciones en Ayacucho, que ahora han sido bloqueadas por las decisiones de la Fiscalía de Lima”. Pero existe un hecho de mayor gravedad: cómo se habría roto la cadena de custodia de pruebas clave. “En Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca muchas balas se extrajeron de los cadáveres de los pacientes en los hospitales, pero se tiraron a la basura, se extraviaron o no se entregaron al personal de la Fiscalía”.

El informe fue presentado la mañana de este jueves por Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, otras autoridades de dicha institución y Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, Puno. Agnes Callamard concuye: “El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”.

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