HRW responsabiliza a la Policía y Fuerzas Armadas de Perú de las muertes en las protestas

Después de realizar 140 entrevistas, analizar 37 horas de video y 663 fotografías y revisar autopsias, informes de balística, expedientes penales y más documentos, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha concluido que por lo menos 39 de las 49 muertes de manifestantes o transeúntes durante las movilizaciones sociales en Perú fueron a causa de heridas de bala. Un hecho que el Gobierno no ha reconocido hasta ahora, limitándose a decir que es materia de investigación o incluso deslizando la posibilidad de que algunos civiles se habrían disparado entre ellos. Las protestas, que produjeron en todo Perú, pero sobre todo en las regiones, comenzaron en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte reemplazó a Pedro Castillo en la presidencia tras el fracaso de su autogolpe de Estado.

En el informe que lleva por título Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, HRW subraya que en el cuantioso material revisado no identificaron a ningún manifestante portando armas y, además, que hasta febrero pasado, la Policía no le había confiscado armas de fuego a ningún manifestante en ningún rincón de Perú. Un acto que hubiese sido noticia. Lo cierto es que, según el reporte, 14 víctimas recibieron impactos de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda. “En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a más de 100 metros, lo que cuestiona la explicación de que dispararon en defensa propia”, señala el documento.

Si bien el Ministerio de Salud ha registrado 125 heridos de bala, aparte de los fallecidos, indican que es probable que la cifra real sea mayor. “Human Rights Watch revisó historiales médicos proporcionados por familiares de víctimas que hacían referencia a heridas de bala en varios casos que no estaban incluidos en la lista del Ministerio”. En otras palabras, un subregistro. Se ha contabilizado también que cinco personas murieron por heridas originadas por perdigones disparados con escopetas y que un civil murió producto del golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia. Se refieren a Víctor Santisteban Yacsavilca, el único manifestante muerto en Lima, la capital.

“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes (…) Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes implicados, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”, dice el informe.

De acuerdo al Ministerio de Salud, alrededor de 1.300 personas se atendieron en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las movilizaciones. 39 son niños, una población que quedó a merced de la fatalidad: ocho de los 49 civiles fallecidos eran menores. Por otro lado, la prensa padeció de agresiones. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó 155 casos de hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias solo entre diciembre y enero. La más emblemática: cuando la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvo a 192 personas por usurpación. No se les encontró ninguna arma blanca ni nada sospechoso, pero aun así fueron intimidados.

Human Rights Watch enfatiza no haber percibido que el Ejecutivo tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas y deja entrever una presunta complicidad en los hechos delictivos. “A menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran ‘terroristas’. La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tenían la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”, indican.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le informó a la ONG que hasta el 8 de febrero habían abierto 189 investigaciones sobre muertes y lesiones de manifestantes, y también sobre actos de violencia de parte de manifestantes. Sin embargo, HRW detectó una serie de deficiencias en las diligencias fiscales: no preservar el lugar de los hechos ni recoger los casquillos de bala, no ordenar pruebas de absorción atómica a los militares y policías que pudiesen haber estado involucrados, en algunos casos no dictaminar autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados, no decomisar ningún arma para realizar análisis balísticos, no solicitar grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares donde hubo muertos y heridos, entre otras irregularidades que les notificaron los abogados de las víctimas. Además, la Inspectoría General de la Policía afirmó que ningún agente de la Policía había sido sancionado ni apartado del servicio.

Por todo ello, Human Rights Watch concluye que el “Gobierno debe trabajar con el Congreso para garantizar una reforma de la Policía para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley” y a su vez “invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y concederle acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes”.

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