El objetivo del 0,7% del PIB en España de ayuda oficial al desarrollo para 2030 se tambalea

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, al que pertenece España como país donante, ha publicado en estos días el informe preliminar sobre la ayuda al desarrollo en el mundo en el año 2023 junto a las cifras provisionales de los 31 países que forman parte de este organismo. El informe recoge el descenso de las cifras globales de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España, que habrían pasado del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2022, al 0,24% en 2023, un retroceso que adquiere especial importancia al producirse en el año de aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Esta normativa pretende impulsar una profunda reforma en la política de cooperación al desarrollo de España y recoge en el punto 6 de su artículo 1 como compromiso explícito: “España destinará, al menos, el 0,7% del PIB a la AOD, conforme a los criterios acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030″, una petición que contó con un amplio respaldo social y político.

La importancia de incorporar el compromiso por ley

Dotar de rango legal el compromiso de alcanzar el 0,7% en el año 2030, que es una reivindicación histórica, es uno de los avances más relevantes de esta norma, han insistido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la mano de su titular, José Manuel Albares, y el sector de las ONG, desde su coordinadora estatal, Congde.

Sin embargo, el llamativo retroceso del año 2023, sumado al hecho de que al prorrogarse para este año los presupuestos generales del Estado sin posibilidad de aumentar la partida en la materia para 2024, genera serias dudas sobre la viabilidad de alcanzar el anhelado 0,7%.

Durante los años en que se tramitó la nueva Ley 1/2003 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, en diferentes documentos estratégicos, el Gobierno se comprometió a elevar significativamente la ayuda española. Así, en la “Comunicación Anual 2020 de la Cooperación Española” se recogía que “en 2023 se habría alcanzado el 0,5% de la RNB en los presupuestos”, pero el CAD certifica que no se ha llegado ni a la mitad de esta meta. Recientemente, el Director de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), Antón Leis, señalaba en una noticia publicada en este diario que “ese 0,7% es una cantidad baja”.

El peso de la guerra de Rusia contra Ucrania en la ayuda al desarrollo

La media de ayuda al desarrollo de los 31 países donantes del CAD en 2023 llegó un 0,37% de su PIB y se situó en la cifra histórica de 223.700 millones de dólares (207.000 millones de euros). Este aumento se debe, fundamentalmente, al importante volumen de ayuda dirigido a Ucrania, que se habría incrementado en un 9% respecto al año anterior hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares (18.600 millones de euros). Otras razones son el importante volumen de ayuda a refugiados dentro los propios países donantes, esencialmente ucranios salidos del país por la guerra con Rusia, que se redujo con respecto a 2022, pero representó aún un total de 31.000 millones de dólares (28.800 millones de euros) o el ascenso en un 4,8% de la ayuda puramente humanitaria que llegó a 25.900 millones de dólares (24.000 millones de euros). Paralelamente, la ayuda total canalizada a los territorios palestinos (Gaza y Cisjordania) aumentó un 12% y se situó en 1.400 millones de dólares (1.300 millones de euros).

En 2023, y según la OCDE, la ayuda aumentó en 14 de los 31 países del CAD y disminuyó en los otros 17, entre ellos España, donde sus gastos en ayuda al desarrollo se habrían reducido un 17,4% con respecto a 2022.

Interrogantes sobre el proceso de reforma en la cooperación española

En el caso de España, su ayuda a Ucrania en 2023 habría ascendido a 100 millones de euros, una cantidad similar a la del año anterior, pero la ayuda a refugiados dentro del territorio español, fundamentalmente ucranios, habría descendido a 291 millones de dólares (271 millones de euros), el 7,6% de la ayuda total, frente a los 906 millones de dólares (844 millones de euros) del año anterior, que representaron un 21,2% del total de la ayuda española. Esta es una de las razones fundamentales del descenso de las cifras de ayuda al desarrollo en nuestro país en 2023 lo que pone de manifiesto las frágiles bases del aumento de años anteriores, sustentado en el impresionante ascenso de una partida coyuntural vinculada a una situación excepcional: la atención a refugiados ucranios en suelo español debido a la guerra.

Cuando ya ha transcurrido más de un año de la aprobación de la nueva Ley de Cooperación al Desarrollo Sostenible, tampoco se ha avanzado en ninguno de los compromisos asumidos, como el incremento presupuestario, la reforma en profundidad de la AECID, la creación del nuevo Fondo de Desarrollo Sostenible (FEDES), la mejora de la normativa de subvenciones y el reconocimiento de los cooperantes y profesionales del sector.

Al explicar las líneas básicas de trabajo en esta legislatura, el ministro Albares declaró ante el Congreso que “la aprobación de la nueva Ley de Cooperación marcó un hecho histórico al elevar a rango legal la demanda de nuestra sociedad para que España alcance el 0,7% de la RNB en ayuda oficial al desarrollo”. Pero estamos retrocediendo en este capítulo tan emblemático y el trabajo para sacar de la marginalidad a la cooperación española y dar respuesta a los compromisos políticos adquiridos, están hoy rodeados de demasiada incertidumbre.

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