En el centro ruandés que alojará a los deportados por el Reino Unido: “Entendemos lo que es tener que huir”

En el albergue Hope, las 50 habitaciones dobles se limpian a diario. Un par de zapatillas, artículos de aseo y el Corán en la mesilla de noche: todo está listo. Pero en sus dos años de existencia, este hotel, construido en un barrio acomodado de la capital ruandesa, Kigali, con vistas a la ciudad, jamás ha tenido un cliente. “Estamos operativos al cien por cien”, afirma satisfecho el hotelero Ismaël Bakina durante una visita. “Tenemos mesas de billar, un centro deportivo y salas de ordenadores. Y hay wifi en todas partes”.

Al entrar, en la pared, detrás de un recepcionista aburrido, un reloj mundial muestra la hora de Londres. Justamente allí, el Parlamento aprobó en la madrugada del martes una polémica ley que permitirá enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hayan llegado ilegalmente al Reino Unido.

Con este pacto, renegociado por última vez en diciembre pasado después de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalidad de esta política de deportaciones, los británicos quieren disuadir a los inmigrantes de tratar de alcanzar sus costas. El Gobierno conservador, dirigido por el primer ministro Rishi Sunak, se ha comprometido a acabar con los barcos cargados de migrantes que cruzan ilegalmente el canal de la Mancha desde Francia. Desde 2018, casi 120.000 personas han llegado al archipiélago por esa vía.

El albergue Hope es el primer “centro de tránsito” de Ruanda, con capacidad para 100 personas. Si hay más deportaciones, el Gobierno ruandés construirá otros centros similares. El mantenimiento del lugar se ha pagado con dinero británico durante años, gracias a los 433 millones de euros previstos en un acuerdo firmado por los dos países en 2022, parte de los cuales ya han sido transferidos por el Reino Unido. Tras ser deportados, los migrantes y refugiados acabarían en el sistema de asilo ruandés, lo que les da derecho a vivir y trabajar en Ruanda. Si prefieren abandonar el país africano, también estaría permitido.

Activistas de derechos humanos y miembros de la oposición británica acusan al régimen represivo del presidente africano, Paul Kagame, de violaciones de los derechos humanos y consideran que el acuerdo migratorio con el Reino Unido es simplemente una forma de blanquear la reputación del jefe de Estado y su Gobierno. Kagame está en el poder desde 2000, tras el genocidio de la población tutsi hace 30 años y en este país africano cualquiera que critique abiertamente al régimen corre el riesgo de ser procesado.

“Ven como huésped, vete como amigo”, se lee a la entrada del albergue Hope. El hecho de que aún no haya llegado nadie a sus habitaciones parece no preocupar al gerente del hotel. “Soy un hombre de negocios”, dice con una sonrisa mientras alisa una arruga de su chaqueta roja y gris. “Hacemos lo que se nos pide. Si los británicos deciden subir hoy a nuestros huéspedes a un avión, estaremos listos para su llegada”, afirmaba Bakina a mediados de marzo, mientras mostraba el establecimiento al periodista.

Antes de que el albergue Hope abriera sus puertas, el edificio era conocido como el albergue de la Asociación de Estudiantes Supervivientes del Genocidio (AERG). Fue construido para proporcionar alojamiento seguro a entre 150 y 190 jóvenes que quedaron huérfanos en el genocidio de 1994, cuando fueron asesinados hasta 800.000 tutsis y hutus moderados. A los residentes que aún vivían en el edificio se les dijo que serían realojados para hacer sitio a los solicitantes de asilo del Reino Unido. .

Ruanda, ¿país seguro?

A la empobrecida Ruanda le viene bien la inyección de fondos extranjeros incluida en este acuerdo con el Reino Unido. “Nuestras ambiciones de desarrollar el país son grandes, pero nuestros recursos son limitados”, razona Yolande Makolo, portavoz del Gobierno ruandés, en su despacho lleno de arte y muebles de madera oscura. Parte del dinero se destina al desarrollo de Ruanda, por ejemplo, a la mejora de la educación. “Daremos una inyección de capital a las escuelas donde van los niños refugiados”, asegura Makolo, “para que tanto ellos como los ruandeses estén mejor”.

En diciembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que Ruanda no puede considerarse un país seguro. La sentencia se basó en información recopilada por organizaciones como Human Rights Watch, que afirma que, a día de hoy, “siguen produciéndose graves abusos contra los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura por parte de las autoridades ruandesas”. Amnistía Internacional critica el “vergonzoso plan”. Sacha Deshmukh, responsable de la ONG en el Reino Unido, ha declarado que “el acuerdo con Ruanda —un país con un historial de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y represión de la libertad de expresión— ha sido terriblemente mal concebido y cruel”.

Siguen produciéndose graves abusos contra los derechos humanos en Ruanda, como la represión de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura

Human Rights Watch

En las últimas semanas,la Cámara de los Lores británica también se ha ocupado de estudiar la situación de seguridad en Ruanda. Los Lores enviaban sus enmiendas de la ley a la Cámara de las Comunes, que procedía a devolvérselas sin tomarlas en consideración, en lo que se conoce como “ping-pong parlamentario”. Horas antes de que el Parlamento diera finalmente luz verde a la ley, Sunak anunciaba: “El primer vuelo despegará dentro de 10 o 12 semanas. Algo más tarde de lo que queríamos, pero siempre dejamos claro que este procedimiento llevaría su tiempo”.

El 15 de abril, unos documentos del Gobierno británico filtrados revelaron que está previsto deportar a Ruanda a “más de 30.000″ solicitantes de asilo en los próximos cinco años. Sin embargo, en el primer año se producirán entre varias docenas y centenares de deportaciones. En marzo, a petición del Parlamento, la oficina de auditoría británica calculaba que Londres —además de los 433 millones— pagará más de 175.000 euros por “persona reubicada”. Una cantidad que debería cubrir gastos como vivienda, alimentación y educación. La indemnización se pagará por fases a través del Gobierno ruandés durante un periodo de cinco años, siempre que el deportado permanezca en el país africano. Si este decide marcharse, por ejemplo, para regresar a su lugar de origen, se interrumpirá el pago. En ese caso, se pagarán unos 11.000 euros “para facilitar la salida voluntaria”.

En los últimos años, los británicos han enviado a Ruanda a varios expertos jurídicos y empleados del Servicio Británico de Inmigración para ayudar al Gobierno ruandés a establecer los trámites de asilo e inmigración. Los refugiados pueden solicitar asilo en Ruanda en centros de tránsito como el albergue Hope. Si no lo hacen, pueden someterse a un procedimiento alternativo tras el cual pueden convertirse en residentes o ciudadanos ruandeses.

Makolo espera que el procedimiento de asilo o inmigración en el albergue Hope dure “de dos a tres meses”. A continuación, a los deportados se les asignará una casa. Según la portavoz gubernamental, serán recibidos con los brazos abiertos por “ruandeses hospitalarios”. “Entendemos lo que es tener que huir”, señala, en referencia al genocidio que tuvo lugar hace exactamente 30 años, en el que al menos 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas. Al menos dos millones de ruandeses huyeron del país.

Ruanda “no es un castigo”

Los británicos se animaron a hacer negocios con Ruanda en 2021, porque el país centroafricano había mostrado anteriormente su disposición a acoger a refugiados y migrantes de la guerra civil libia. Después de que se difundieran por todo el mundo imágenes de migrantes en este país maltratados, torturados y vendidos como esclavos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió a los países en 2018 que ayudaran a evacuar a los migrantes varados. Los primeros vuelos llegaron a Ruanda en 2019.

Desde entonces, más de 2.000 refugiados han llegado al país africano, desde donde serán reubicados en un país seguro a través de ACNUR. Permanecen alojados a las afueras del pueblo de Gashora, a 65 kilómetros al sur de Kigali. En un gran recinto vallado, encajonado entre dos lagos, hasta 700 personas esperan sus solicitudes de asilo para Europa, Canadá o Estados Unidos. El “centro de tránsito de emergencia” está financiado por la Unión Europea, que hasta ahora ha puesto a su disposición 34,5 millones de euros.

Los refugiados con familia se alojan en pequeños bungalós entre un grupo de pinos. En una de las casas está Abdulfattah Ahmed, de Somalilandia. Su hija mayor, vestida con una camiseta rosa de Barbie, está sentada en la mesita junto al sofá mientras ve vídeos de TikTok en su teléfono. Ahmed y su esposa, Jamah, abandonaron Somalilandia en 2019 después de que sus familias los rechazaran y atacaran; ambos pertenecen a grupos étnicos diferentes, lo que llevó a sus parientes a decidir que su relación debía terminar.

Tras un extenuante viaje, los dos fueron torturados y violados en un centro de detención a su llegada a Libia. Lograron fugarse y llegaron hasta la capital, Trípoli. Europa estaba al alcance de la mano, pero Jamah se quedó embarazada. Surgieron las dudas. “Pensamos, ¿de verdad nos vamos a subir a un barco destartalado rumbo a Europa con un bebé?”, relata Ahmed. Poco después tuvieron otras dos hijas, gemelas. Un amigo los instó a considerar una alternativa: quienes reúnen los requisitos para obtener el estatuto de refugiado en Europa pueden esperar su solicitud de asilo en Ruanda. Ahmed y su mujer no tardaron en enterarse de que tenían muchas posibilidades de conseguirlo. Se inscribieron en ACNUR, que trasladó a la familia a Gashora en noviembre. Como a los demás refugiados, a Ahmed le ofrecieron permanecer en Ruanda. “Mis hijas están a salvo aquí”, dice agradecido, mientras pasa suavemente la mano por el pelo de su hija. Sin embargo, quedarse no es una opción para Ahmed. “Quiero ir a Europa”.

En Gashora, muchos comparten ese sentimiento. “Ningún refugiado ha elegido la vida en Ruanda hasta ahora”, señala Dhananjaya Bhattarai, de ACNUR. Explica que solo se trae aquí a los refugiados que tienen posibilidades de obtener el estatuto de refugiado en un país occidental. De los 2.095 refugiados que llegaron de Libia, 1.569 fueron reasentados. El resto permanece en el centro de Gashora a la espera de que se les conceda el asilo.

Los compañeros de alto rango de Bhattarai ubicados en Ginebra se muestran críticos con el “acuerdo de Ruanda”, que es diferente del acuerdo de migración que ACNUR concluyó con el Gobierno ruandés. Según el organismo de la ONU, el plan incumple la obligación del Reino Unido con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece la protección internacional. Exige que los solicitantes de asilo sean protegidos en el país al que llegan, y no enviados por la fuerza a “zonas inseguras” como Ruanda.

Las críticas no han sentado nada bien a la portavoz Makolo. “La respuesta de ACNUR es hipócrita”, afirma. “Nos demonizan, pero llevamos años trabajando bien juntos en Gashora”. Según Makolo, ACNUR nunca ha expresado a los ruandeses su preocupación por los derechos humanos. “Sabemos que el acuerdo migratorio está siendo utilizado como elemento disuasorio por los británicos”, afirma. “Pero hacemos lo que podemos para recibir a la gente con dignidad y darles una oportunidad. Los solicitantes de asilo buscan seguridad, aquí la tenemos”. Makolo califica de racistas las palabras de ACNUR. “No consideramos que vivir en Ruanda sea un castigo”.

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