“Una niña sin circuncidar no tendrá marido y sufrirá burlas”: las mujeres de Malí que tratan de acabar con la mutilación genital femenina

“Una niña sin circuncidar tendrá un deseo excesivo y corre el riesgo de perder su virginidad muy pronto. Las niñas que no están circuncidadas son consideradas ‘sucias’, no son limpias según la religión. No tendrán marido, sufrirán burlas, serán una deshonra para su familia”. Así relata Koura Diallo, agricultora de la comuna de Sansankidé (al oeste de Malí), la presión social que existe para someter a las niñas a la mutilación genital femenina (MGF).

Lo que se esconde tras esta práctica patriarcal son consecuencias nefastas para su salud: dolor, hemorragias, infecciones, fístulas, partos complicados y traumas psicológicos.

Actualmente no existe ninguna ley en Malí que criminalice específicamente la mutilación genital femenina. La falta de legislación y la presión social hacen que sea muy difícil terminar con esta práctica en este país de 22,5 millones de habitantes, donde casi ocho millones de niñas y mujeres han sido sometidas a este procedimiento. Pero, aun con el riesgo del estigma social, hay mujeres que desafían la tradición.

La MGF es solo una de las violencias machistas que sufren las mujeres en Malí, y que tienen graves consecuencias para sus vidas, su educación y su autonomía. Dolo Oum Jomele dirige Iamaneh Malí, una asociación que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y también la autonomía económica de las mujeres, desafiando las tradiciones y normas sociales. “Hacemos un trabajo de sensibilización a todos los niveles para acabar con las llamadas ‘prácticas tradicionales nefastas’, que son aquellas costumbres que violan los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas. Hablamos de la mutilación genital femenina, pero también del matrimonio infantil, el matrimonio forzado o la violencia doméstica”, cuenta la directora. Iamaneh, con el apoyo de Farmamundi, capacita al personal sanitario de la región de Kayes y mejora las instalaciones de los centros de salud para prevenir y atender las complicaciones de salud derivadas de la mutilación.

Hinda Keita es matrona del Centro de Salud Comunitario de Diema, donde ve cada día los riesgos de parir con MGF, tanto para la madre como para el bebé. Por eso, Keita está muy implicada con la sensibilización a la comunidad. “La gente cree que la mutilación es una obligación prescrita en el Corán, pero no existe ninguna mención. Tratamos de convencer a las mujeres y sus maridos para que no sometan a sus hijas a esta práctica, y evitar muchas muertes innecesarias”, cuenta la matrona.

El uso de métodos anticonceptivos es otro de los puntos clave de la sensibilización, ya que la falta de planificación familiar también afecta a los derechos de las mujeres: altas tasas de fecundidad, alto riesgo de mortalidad materna y una baja esperanza de vida. Mariame Soucko, del grupo de mujeres de Sansankidé, explica las dificultades que tienen para acceder a la planificación, y que tienen que ver —una vez más— con los roles de género y el machismo. “Muchas mujeres del pueblo tienen a sus maridos en el extranjero. Si su marido no está presente, a la mujer le dará vergüenza pedir información sobre planificación familiar. Y si intentan hablarlo con él, inmediatamente pensará que quieren engañarlo”, explica.

El resultado de estas acciones empiezan a reflejar un cambio en las mujeres, sobre todo en la libertad a la hora de denunciar las violaciones de derechos de las mujeres, algo que antes era tabú. Existen comités comunitarios contra las “prácticas tradicionales nefastas” y se realizan campañas y talleres en las que participan mujeres y hombres de todas las edades, incluyendo a los líderes locales.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Malí inciden en la necesidad de contar con una ley que prohíba la MGF, ya que el cambio legal ayudaría al cambio social. Malí ha ratificado varios pactos internacionales que le compromete a tomar medidas para erradicar la mutilación genital femenina, como el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Protocolo de Maputo. Sin embargo, todos los intentos de la sociedad civil por aprobar una ley no han prosperado.

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