El país donde las violaciones de niñas se convirtieron en algo natural

Asegura Emanuel (nombre ficticio) que es inocente. Que antiguos enemigos de su familia lo orquestaron todo para que él acabara en la cárcel. Que el cargo por el que fue declarado culpable, abuso sexual a una menor, le parece abominable. Y que le resulta una injusticia manifiesta su condena: 14 años encerrado en la prisión de Pademba, el correccional central de Freetown –y un infierno en la tierra– situado en la capital de Sierra Leona, país africano de apenas ocho millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo. “Mi casa estaba abierta para todo el mundo siempre. Por eso vieron a la chica varias veces entrar allí. Pero yo no hice nada malo. Fue una trampa, una venganza”, justifica.

Los casi 2.000 presos de Pademba repiten ese “soy inocente” hasta la saciedad. Pocos admiten haber cometido las fechorías por las que permanecen encerrados. Asesinatos, robos, tráfico y trata de personas, secuestros… Pero en la cárcel, como ocurre en el país, un delito destaca sobre todos los demás. El presidio está lleno de violadores y de agresores sexuales que encuentran en niñas a sus principales víctimas. Y Sierra Leona también. Según informes recientes de la policía local, en los cuatro primeros meses de 2021 se denunciaron 974 delitos de esta naturaleza. No es una media demasiado alta si se tiene en cuenta que, en 2018, las autoridades registraron unos 8.500 casos. En febrero de 2019, tras una brutal violación grupal a una pequeña de cinco años, el presidente Julius Maada Bio declaró emergencia nacional “por violación de niñas”.

Yusuf (nombre ficticio) tiene cicatrices en la cabeza, un cuerpo extremadamente delgado, marcas que parecen picaduras de insectos mal curadas en piernas y brazos, las cuencas de los ojos hundidas y unos pocos dientes amarillentos y ennegrecidos. Ronda la treintena, aunque aparenta bastantes más porque su salud es frágil y parece castigada. Dice que lleva en Pademba casi cinco años. Y que todavía le quedan otros cinco para cumplir la pena de diez que un juez le impuso por violar a una menor de edad en 2015. Él ha dejado de entonar la cantinela de que es inocente y admite que tuvo sexo con aquella niña. Pero opina, rotundo, que la justicia no ha sido proporcional y que el delito que cometió no merece tanto tiempo de privación de libertad.

―¿Por qué dices que el juez fue injusto contigo?

―Porque mi delito duró 30 minutos y mi condena, diez años.

―¿Y la muchacha? ¿Sabes qué ha sido de ella?

―No… No quiero saber nada. Esa niña me destrozó la vida.

La cultura de la violación

Amida Aminata Sandy tiene 14 años. Nació en Bo, la segunda ciudad en tamaño y población de Sierra Leona tras Freetown, pero pronto se trasladó a Lakka, un distrito de la capital, donde reside desde que tiene memoria. Su vida, en realidad, no distaba mucho de la de otras chicas y chicos de su país. Sus padres se separaron siendo ella una chiquilla y se quedó con su madre. Pero un día, la mujer, que padecía diabetes, se desmayó. Amida cuenta que estuvo tres meses en coma en el hospital y que ella se mudó a una vivienda familiar habitada por su tía. Las primeras semanas llevaba una rutina muy normal. “Mi padre me pagaba el colegio, así que iba, estudiaba y después regresaba a casa, donde ayudaba en lo que me pedían. La relación con mi tía no era buena, pero al principio todo fue bien”, dice.

Al poco de llegar, prosigue Amida, su tía trajo a dos amigos para que trabajaran en algunas labores, dos chavales que no tenían dónde pasar las noches, por lo que usaban la propia vivienda. Algo que no resulta raro en un país en el que ni siquiera trabajar te libra de la pobreza más absoluta; casi el 53% de la población sierraleonesa debe vivir con menos de un euro y medio al día. Aquí, la falta de recursos es algo natural y presente en cualquier hecho cotidiano. “Ellos solían dormir en el salón y nosotras en un dormitorio, así que no nos veíamos mucho”, explica la niña.

El 22% de las violaciones denunciadas llega a la Fiscalía General del Estado. Y solo el 1% acaba en una sentencia condenatoria para el acusado

Un día, cualquiera de los vacacionales de junio de 2020, uno en el que la tía de Amida había abandonado temprano la casa y la muchacha, ya con 13 años, descansaba tranquilamente en su cama, sola, todo cambió para siempre. Ella lo recuerda así: “Uno de aquellos hombres entró en la habitación. Yo le dije que se fuera, pero él solo contestó que si gritaba me iba a matar. Entonces me cogió de la mano y del brazo, tapó mi boca y abusó sexualmente de mí. Yo luché, luché y luché. Pero él me sujetaba y yo no era capaz de protegerme ni de hacer nada. Cuando acabó, vi mi propia sangre en las sábanas. Entonces me enseñó un cuchillo y me dijo que acabaría conmigo si contaba algo”.

Amida hizo caso a la amenaza y no habló de aquella violación con nadie. Ni siquiera con su tía. “Pensaba que, aunque le prometiera que era cierto, ella no me iba a creer. Incluso pensé que me echarían de aquella casa por mentirosa”, dice. No fue hasta que volvió a ver a su padre y a la mujer de éste cuando la niña se atrevió a hablar. Era septiembre del 2020. El siguiente paso fue ir a la policía y denunciar. Los agentes la derivaron a un refugio que la ONG Salesiana Don Bosco Fambul tiene en Freetown para chicas que han pasado por situaciones parecidas, donde se quedará al menos hasta que se esclarezca su caso. “Ahora estoy esperando el juicio, aunque nadie sabe dónde está el hombre. Ha huido. Yo me encuentro bien; solamente quiero que se haga justicia”, finaliza Amida.

Una rutinaria impunidad

Los casos de violadores o abusadores sexuales que huyen o que resultan imposibles de localizar tras cometer estos delitos no suponen una excepción en esta nación. Un estudio interno que Don Bosco Fambul realizó en 2019 tras visitar todas las Unidades de Apoyo Familiar del país –la unidad de la policía local encargada de las infracciones que tienen como víctima a los menores de edad– arrojó que únicamente el 22% de los casos denunciados llegaban a la Fiscalía General del Estado. Y, que de ese porcentaje, apenas el 1% acababa en una sentencia condenatoria para el acusado. “Sierra Leona debería haber reconocido ese estado de emergencia hace muchos años. A mi parecer, la declaración fue positiva porque llamó a la población a abrir los ojos y a decir: ‘Algo pasa”, expresa el misionero salesiano Jorge Crisafulli, director de la ONG.

Explica Crisafulli que niñas como Amida, menores de edad en general, son la parte más vulnerable de la sociedad sierraleonesa. Que los problemas suelen golpearlas a ellas con más virulencia. Eso explicaría, por ejemplo, las estadísticas que afirman que el 28% de las jóvenes de entre 15 y 19 años tiene algún hijo o está esperándolo o que el 39% de las niñas se casa antes de cumplir los 18 y un 13% lo hace antes de los 15. También habla el salesiano de las secuelas psicológicas, de esas heridas profundas pero invisibles a simple vista. “El trauma de la violación permanece para siempre. Cuando ocurre es importante crear un ambiente de resiliencia donde la niña vuelva a tener confianza en sí misma, en los demás, donde pueda tomar decisiones, hablar delante del grupo…”.

Los casos que han encarado Crisafulli y su equipo en los últimos años son múltiples, tanto como su naturaleza y procedencia. Él menciona alguno: “Hay una niña que vino con su bebé, de la que abusó su profesor. La reunificamos con su abuela, pero ha tenido que cambiar de colegio porque el maestro ha vuelto a dar clases en la escuela donde agredió sexualmente a la nena. El hombre ha reconocido que el chico es su hijo, pero ella me dice que tiene que ir por las mañanas al mercado, a vender, para darle de comer al niño”. Y está también el caso de una adolescente a la que agredió sexualmente un conocido político de su ciudad, por lo que la muchacha no podrá regresar nunca a su casa. Y el de otra a la que violaron entre tres jóvenes, aunque dos de ellos escaparon y nadie ha podido llevarlos a la corte. Así un largo y doloroso etcétera.

“La corrupción juega un papel muy negativo. Hay expedientes que, simplemente, desaparecen. Algunas víctimas denuncian casos de violaciones incluso dentro del ambiente de la policía, lo que pasa es que tratan de cubrirlo. Las niñas son capaces de señalar a los agentes en concreto, de ubicar los lugares, pero, claro; ¿cuál es la voz de un pobre aquí, en Sierra Leona? Ninguna”, finaliza el salesiano. Y esa desconfianza hacia las autoridades y políticos locales no resulta injustificada. De nuevo, las muestras vuelven a ser tan claras como numerosas. Quizás, la más sonada se diera en octubre de 2020, cuando el presidente del país suspendió a su ministro de Agricultura y al secretario de la Vicepresidencia por aparecer en unos informes internos sobre corrupción y exigió la devolución de miles de euros a otro centenar de personas, a los que acusaba de haber robado durante los últimos diez años.

Cambios en las leyes

“No es que Sierra Leona se produzcan más violaciones que en las naciones vecinas, sino que aquí la determinación de acabar con este problema es mucho mayor”, justifican fuentes de la Unidad de Apoyo Familiar de la comisaría de Ross Road, encargada de la mitad oeste de la capital. Y ponen como ejemplo todos los cambios que se han producido en las leyes locales desde la declaración de aquella emergencia nacional. Cambios como la aprobación de una nueva ley, la Sexual Offence Act 2019, que sustituye a la 2012 y establece penas mínimas (antes no las había y dependía de lo que decidiera el juez de turno), nuevas circunstancias agravantes para violadores y abusadores e incluso la cadena perpetua. O la creación de una unidad en la policía exclusiva para crímenes de naturaleza sexual. O la implantación de ocho nuevos magistrados que se encargan únicamente de juzgar estos delitos, lo que contribuirá a acelerar los procesos.

Pero los cambios sobre papel no siempre llegan a las niñas de a pie. Anna (nombre ficticio) llora desconsolada sentada en un banco de madera de la comisaría de Allen Town, otro de los distritos de Freetown, a una media hora en coche de la de Ross Road. Tiene 13 años y ha acudido sola hace unas horas a denunciar que un hombre la ha violado. Mientras cuenta su historia, un agente vestido de paisano le toma declaración a mano, para lo que usa un bolígrafo y un par de folios. Poco sabe Anna de leyes, de emergencias nacionales y de penas privativas de libertad. Ella está a punto de empezar su propia batalla: la de asimilar lo que le ha pasado, la de escuchar y empatizar con otras víctimas y la de comprender que, en su país, su historia no es algo aislado, que hay demasiadas Annas en las calles de Sierra Leona.

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