El ácido del diablo, otra forma de violencia machista que se ceba con las dominicanas

“¡No me dejen morir!”, gritaba Yanelis Arias (42 años) según los vecinos, tras ser rociada con ácido del diablo. El pasado 20 de abril un hombre tocó la puerta de su casa identificándose como mensajero de una floristería. La entrega real fue rociarle un líquido letal en la cara y el cuerpo. Arias es una de las 14 mujeres víctimas de agresiones por este corrosivo y que se suma a las estadísticas de poco más de 81 feminicidios durante el año 2021, de acuerdo a los datos ofrecidos para este artículo por la Fundación Vida Sin Violencia. En lo que va de enero se han registrado cuatro más.

Yanelis Arias deja tres hijos en la orfandad. La dominicana era residente en Estados Unidos, pero se encontraba de vacaciones en la casa familiar en Tenares, en el municipio de la provincia Hermanas Mirabal, al noreste de la República Dominicana. Esta provincia lleva el nombre de las heroínas dominicanas (Patria, Minerva y María Teresa Mirabal), en cuyo honor se celebra cada 25 de noviembre el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El ácido del diablo ha destrozado la vida de 15 personas hasta el pasado 31 de diciembre, y 14 de ellas son mujeres, según los registros de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, del hospital Luis Eduardo Aybar de Santo Domingo. Los motivos registrados: “Violencia machista, celos, robo y envidia”.

La sustancia es una mezcla de distintos agentes que se convierte en un arma de alto poder corrosivo. “Puede afectar los huesos y órganos vitales como el hígado y los riñones, así como causar ceguera y deformación permanente del rostro y otras partes del cuerpo”, explica el cirujano Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort. Según el médico dominicano, llegan a urgencias de este centro entre 1.600 a 1.700 casos de quemaduras al año, de las que el 5% se debe a sustancias químicas. De ellas, un 4% son mujeres. “Casi todas llegan por una agresión por violencia de género”.

La tasa de mortalidad es baja, de acuerdo al galeno, quien afirma que en las supervivientes “quedan secuelas físicas y psicológicas para toda la vida”. El de Yanelis Arias está entre las estadísticas de esos “bajos índices de mortalidad”. Falleció a causa de un choque séptico provocado por las heridas. Hasta el momento, al cierre de este reportaje el 20 de enero de 2022, no se ha registrado ninguna nueva víctima por esta causa.

Violencia machista

La República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Honduras (4,7), con mayor incidencia de feminicidios en el 2020, de acuerdo a datos ofrecidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el país caribeño, de cada 100 mujeres, 2,4 son asesinadas a causa de la violencia machista.

Según los datos de la Fundación Vida sin Violencia y a las estadísticas suministradas por la Procuraduría General de la República (PGR), de las 81 muertas durante el 2021, “62 fueron feminicidios íntimos”, es decir, cuando las víctimas han mantenido una relación de pareja con su verdugo.

“Uno de los problemas que tenemos es que las agredidas no habían denunciado en el 89% de los episodios de este año, ”, asevera la Procuradora Fiscal, Ana Andrea Villa Camacho, que también preside la Dirección de Violencia de Género del Ministerio Público.

Por su parte, la jueza Nancy Salcedo, que dirige la Comisión de Violencia de Género del Poder Judicial, justifica que ese 89% no denuncia “porque está pensando con el estómago”. “Se trata de un problema cultural, de una sociedad patriarcal y hasta un tema económico. En los juzgados nos encontramos con que las mujeres atacadas nos piden que liberemos al perpetrador porque ese hombre es quien mantiene a sus hijos. Dependen de ellos económicamente”, explica Salcedo, también asesora del Poder Judicial y jueza de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Impunidad

Muchos de los casos quedan impunes debido a la debilidad del sistema judicial, así como del Ministerio de Interior y la propia policía; también se debe a la falta de información y de registro oficial de los ataques machistas y, sobre todo, a la falta de coordinación entre las instituciones públicas competentes en el área. No existe, por ejemplo, un protocolo de actuación de notificación del Sistema de Salud Pública cuando una mujer ingresa en un hospital con evidencias de violencia de género, con las demás autoridades, como son: Ministerio de Interior y Ppolicía, Ministerio de la Mujer y del Poder Judicial. Se suman la incompetencia de los letrados de oficio, sobrecargados y sin preparación en materia de género, y el elevado precio de los abogados privados, entre otros escollos.

Es el ejemplo de Yomaira Aquino (26 años), quien fue atacada con ácido mientras dormía en su casa junto a sus dos hijos, durante la madrugada. No pudo ver a su victimario o victimaria, que entró por la puerta trasera de la vivienda de madera. Nunca recibió asesoría ni su situación se notificó a las autoridades cuando ingresó al hospital.

“Yo me enteré de lo que me había pasado cuando me dieron de alta, dos meses después. Estuve casi todo el tiempo inconsciente. Sospecho quiénes pudieron ser… Pero la policía nunca presionó para que confesaran y a él [su marido] lo dejaron libre a los tres días. A ella [la amante del esposo], nunca la detuvieron. Los inspectores del cuerpo policial tampoco vinieron a mi casa, ni hubo investigaciones. Cuando me dieron el alta de la unidad de quemados, regresé a mi ciudad natal, a cuatro horas de la capital, y los viajes son muy costosos para seguir con el pleito. Tengo que centrarme ahora en recuperar lo que se pueda de mi rostro y mi salud”, explica la joven, madre de dos niños.

La misma queja elevó la familia de la fallecida Yanelis Arias a través de la Directora Ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la Provincia Hermanas Mirabal, Linabel González, a los medios locales. “El Ministerio Público nunca se acercó al centro de salud” para entrevistar a la víctima durante los 14 días que estuvo ingresada y “consciente”, afirman.

El caso de Mirian Santana llegó ante los tribunales porque ella misma investigó y siguió el rastro de su atacante en las redes sociales. Su victimaria huyó hacia Chile tras cometer el delito. Años después, regresó al país de vacaciones y no existía ninguna alarma de búsqueda y captura. Santana se enteró de su vuelta al país en Facebook, y movió “cielo y tierra” para sentarla en el banquillo de acusados ante el poder judicial. Fue condenada a 15 años de prisión.

A pesar de que el mayor porcentaje de delitos con ácido del diablo son contra mujeres y, pese a la gravedad de las lesiones, son pocas las condenas penales ejemplarizantes que se habían ejecutado hasta 2020. Ese año, el ataque de Yocairi Amarante, que tenía 19 años, marcó un antes y un después ante la indiferencia de las autoridades gracias a que ella misma hizo viral su historia en las redes sociales. La joven fue rociada por su expareja con el líquido corrosivo, desfigurándole el rostro y provocando la pérdida de su ojo derecho, así como la privación del 50% de la visión del izquierdo y otros daños graves e irreversibles. La presión de la sociedad, consternada por los hechos, exigió una sentencia contundente.

En víspera del juicio contra sus tres agresores, el pasado 30 de septiembre, la procuradora general de la República, Míriam Germán Brito, instruyó a todos los fiscales del país para que los ataques con ácido del diablo, “otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura y/o barbarie” y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley, tipificada en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano. Son 30 años de cárcel.

Dos días después de las declaraciones públicas de la procuradora general, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a los dos autores materiales y al autor intelectual –la expareja– a 30 años de prisión, “por la causa de Yocairy Amarante”.

“El ácido del diablo es una forma de violencia extrema, feminicida, perversa, que no está tipificada de manera literal en el Código Penal actual como delito. Lo que el Ministerio Público hace es acogerse al artículo 303 de la Ley 24-97 (que rige los delitos de violencia contra la mujer e intrafamiliar)”, explica por su parte la procuradora fiscal del Distrito, Ana Andrea Villa Camacho.

Debido a la alta incidencia del uso de esta sustancia para dañar a personas, unos 3.500 casos registrados antes del 2010, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) emitió una resolución que prohíbe de manera definitiva la venta de los químicos con los que se elabora esta mezcla corrosiva.

Pero en realidad, 12 años después, el producto letal es de fácil acceso en el país. De manera anónima, un distribuidor confesó a un medio local, que la botella del líquido corrosivo puede adquirirse por unos 400 pesos dominicanos (siete euros). Ante las cámaras, el comerciante reconoció que puede llegar a vender hasta 20 frascos en un día. Los costes de fabricación ascienden a unos 250 pesos (cuatro euros) por envase. Pero, en la actualidad, el país no cuenta con cifras exactas del total de personas quemadas por ácido del diablo.

“Hoy tenemos menos pacientes que hace una década, pero vienen mucho más graves. Se suma que las agresiones ahora tienen un componente de sicariato”, señala el director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, Eddy Bruno.

Las víctimas consultadas para este reportaje coinciden en que el coste económico para asistir a una persona agredida por esta sustancia tiene un precio muy alto, ya que se requieren múltiples cirugías, no solo de reconstrucción estética. A estos gastos sanitarios se suma la dificultad de que pierden poder adquisitivo debido a su aspecto físico, que no facilita la reintegración al mercado laboral de las supervivientes.

En el país no existe hasta la fecha ninguna institución o fundación específica para atender a los perjudicados por ácido del diablo. Las ayudas que reciben algunas son a través de personas independientes, autoridades públicas, ONG y fundaciones sociales muy orientadas a cirugías de reconstrucción, y muchas veces no se percatan de la necesidad también de apoyo psicológico especializado y protocolos de reintegración en el mercado laboral.

“Yo quiero reintegrarme a la vida laboral. Y te aseguro que es también el deseo de mis compañeras y compañeros, tener un trabajo estable. No se trata de vivir toda la vida de la caridad, se trata de derechos”, reclama Santana que, junto a un grupo de unas 10 damnificadas, donde también hay dos hombres atacados por sus parejas o exparejas, intentan aunar esfuerzos para crear una organización de víctimas de ácido del diablo, pero carecen de recursos y orientación.

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